17 de septiembre 2004 - 00:00

Avanza juicio político a otro juez de la Corte

Quedó ayer más en evidencia el afán del gobierno de conformar una Corte Suprema totalmente afín a sus intereses. Este diario había adelantado que era intención de los diputados producir una nueva vacante en el alto tribunal de Justicia. Ayer concretó esa aspiración: la Comisión de Juicio Político controlada por el peronismo aprobó por unanimidad la apertura de un sumario contra el juez Antonio Boggiano. Se abre así un proceso que podría culminar en la remoción del magistrado. Se lo acusa de «mal desempeño en sus funciones» por tres casos que ya determinaron la renuncia de tres jueces supremos y la destitución de Eduardo Moliné O'Connor. Muy previsible.

Antonio Boggiano
Antonio Boggiano
El juez de la Corte Suprema de Justicia Antonio Boggiano también cayó en desgracia. El cortesano que había adoptado el bajo perfil para desprenderse de la apodada «mayoría automática» menemista corre ahora el riesgo de perder su silla en la Corte Suprema de Justicia.

Por unanimidad, la Comisión de Juicio Político de Diputados aprobó ayer -tal como lo adelantó este diarioabrir un sumario contra el juez que podría derivar en su eventual remoción del cargo, pese a la orden presidencial de frenar el avance contra los magistrados.

Los diputados iniciaron así el proceso en el que deberán reunir pruebas para analizar, en una etapa posterior, si formula cargos contra Boggiano.

• Causa reiterada

El cuerpo, encabezado por el diputado justicialista Ricardo Falú, apuntó contra el juez por un presunto «mal desempeño» en sus funciones en las mismas causas (Meller, Macri, Dragonetti de Román) por las que aprobó el juicio político contra el ex presidente de la Corte Julio Nazareno, el destituido Eduardo Moliné O'Connor y los renunciantes Guillermo López y Adolfo Vázquez.

La Comisión decidió abrir el sumario por tres denuncias: una formulada por los diputados radicales Juan Mínguez y Hernán Damiani por la conducta del juez Boggiano en los casos Meller y Macri, y otra presentada por la ex diputada del ARI Elisa Carrió, que pide el juicio político contra el magistrado por su actuación en la causa Dragonetti de Román.

«Si hace un año la Comisión imputó por mal desempeño en la causa Meller a Nazareno, no debe esperarse de nosotros una conducta desigual. No se puede utilizar una vara para medir a Nazareno y otra para Boggiano»,
afirmó Falú.

Y agregó: «La República necesita de conductas igualitarias, que no se utilicen dos varas distintas para medir la misma conducta».

Amén del discurso republicano del tucumano, la Comisión estaba obligada a iniciar el sumario contra Boggiano para no correr el riesgo de que todo su accionar «anti-Corte» quedara cuestionado legalmente por los jueces que perdieron sus lugares en el alto tribunal de Justicia y denunciaron que hubo persecución personal e ideológica. No olvidar que Moliné O'Connor llevó su reclamo ante una Corte internacional y que ésta aún no se expidió.

De todos modos, habrá que esperar para saber si se trata de una maniobra de distracción o, efectivamente, los diputados están de acuerdo en sostener un juicio contra
Boggiano, contrariando la orden de Néstor Kirchner de «parar con los despidos».

Desoyendo la directiva, algunos legisladores estimaron ayer que «en dos semanas» estarán en condiciones de definir si formulan el pedido para que el juez supremo realice su defensa ante la Comisión de Juicio Político.

De prosperar el dictamen acusatorio -que debe ser tratado luego en el recinto de Diputados, se cerraría la primera etapa del juicio político, consistente en la acusación, mientras que la segunda (enjuiciamiento público)
depende del Senado, que es el que determina si el magistrado incurrió en mal desempeñode sus funciones.

También ayer, la Comisión de Juicio Político inició el procedimiento de acumulación de pruebas contra el defensor general de la Nación,
Miguel Angel Romero, a partir de cuatro denuncias que existen en el cuerpo, por supuesto «mal desempeño» del funcionario.

• Plazos

Falú confirmó que «en una o dos semanas» la Comisión se expedirá sobre la situación de Romero, quien fue nombrado en 1998 por Carlos Menem.

Según se estima, en 15 días podría delinearse un dictamen acusatorio contra
Romero y en un mes llevarlo al recinto de la Cámara baja para su debate.

La Comisión resolvió, además, archivar por
« improcedente» el pedido de juicio político solicitado por el abogado Cosme Béccar Varela y otros, contra Kirchner y el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, por mal desempeño de sus funciones, aunque el radicalismo se pronunció en contra de esa decisión.

Sin embargo, los diputados de la Comisión aprobaron la composición de una subcomisión para redactar los fundamentos del archivo del pedido.

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