Caso Nicosia, símbolo de la "patria pleitera"

Cuando expiraba la década de los '80, causó conmoción en la Argentina el caso de Alberto Nicosia a cargo de un Juzgado Nacional en lo Civil. Un hecho que no tuvo antecedentes en la historia judicial y que fue considerado el símbolo de la «patria pleitera».

Nicosia volvió a instalarse en estos días en la memoria de los argentinos, a través de un fallo de la Corte Suprema que declaró inconstitucional un artículo de la Ley de Riesgos del Trabajo y habilitó a los empleados a demandar en el fuero civil a las empresas más allá de la cobertura dada por las ART.

El ex juez civil fue destituido por el Congreso en 1992, por «mal desempeño» y haber fraguado juicios que le costaron al Estado unos u$s 70 millones que -según las acusaciones- fueron repartidos entre el magistrado y peritos, directamente nombrados por él sin practicar los sorteos correspondientes.

En la denominada «cadena de la felicidad», participaban médicos legistas, traumatólogos, psiquiatras, contadores e ingenieros, a quienes el ex juez les regulaba sumas increíbles en concepto de honorarios.

En 1990 se descubrió que el juzgado de Nicosia, el número 35 del fuero civil de la Capital Federal, acumulaba una desproporcionada cantidad de procesos por daños y perjuicios contra Ferrocarriles, todavía empresa nacional. Y que, en todos ellos, Nicosia fallaba invariablemente a favor de los demandantes, concediéndoles indemnizaciones altísimas.

El ex juez había inventado -según la acusación- una conexidad de juicios dispares entre sí contra Ferrocarriles y designaba directamente a los peritos cuando éstos debían integrarse a los juicios por sorteo.

• Identificación

Por caso, en el juicio político que le realizó el Congreso, se denunció que en el juzgado de Nicosia se identificaban los expedientes con una letra «T» cuando se trataba de expedientes «truchos» (aquellos contra Ferrocarriles y empresas del Estado de significativo monto) y la letra «L» a las que se trataban por vía «legal».

También se comprobó que las indemnizaciones que reclamaban los abogados y concedía el juez sumaban varios millones de pesos y algunas treparon a los u$s 11 millones y u$s 23 millones, que llegaron a totalizar unos u$s 70 millones. Esa cifra se habría repartido entre los integrantes de esa «cadena de la felicidad» en la que el particular damnificado, generalmente una persona común, cuanto menos instruida mejor, cobraba apenas unas monedas por haber sufrido lesiones o amputaciones.

• Un caso típico fue el de un cartonero, que en 1993 con un Fiat 125 en estado precario, sin luces y con patente vencida chocó con un tren al intentar pasar las barreras bajas. El cartonero presentó la demanda contra la empresa estatal por u$s 3 millones. Nicosia se la concedió. Las pericias las hicieron expertos aparentemente arreglados con el juez; los abogados de Ferrocarriles, increíblemente, no apelaron. El cartonero se enteró por los diarios de la fortuna que supuestamente le habían otorgado; alguien había cobrado mucho más que él.

• En otros casos, cuando ocurría un accidente de trenes, un abogado hacía una raid por las ventanillas de distintas estaciones comprando centenares de boletos de tren de ese día. Luego recorría villas de emergencia o armaba un «casting» con personas de escasos recursos económicos, con secuelas de accidentes (que le faltaran una mano, un brazo) para luego demandar a Ferrocarriles asegurando que el discapacitado se había accidentado en un descarrilamiento. Para dar mayor credibilidad a la demanda, presentaba una historia clínica, obviamente, «trucha».

Esos juicios se tramitaban en juzgados «amigos» como los de Nicosia o de otra jueza ahora fallecida, que disponían millonarios embargos en la tesorería ferroviaria que obligaban a llegar a un acuerdo rápido en los juicios. Caso contrario, el juez fallaba condenando a la empresa estatal al pago de millonarias sumas que se cobraban sin problemas al estar el dinero embargado.