Casos de justicia en serio. Otros no

Miembros del tribunal oral y Juan Carlos Blumberg, ayer, en la zona del asesinato del joven Axel. Aquí, todos los pasos judiciales se cumplen estrictamente (arriba). El caso Julio Grassi en Morón está plagado de irregularidades jurídicas, testigos que se desdicen, presión de "Clarín" y "Página/12" para condenarlo. Es una reedición del famoso caso Dreyfus hace 100 años (abajo).

Desde el periodismo y a veces desde lo personal se pueden observar casos judicialmente tratados en forma de estricta equidad, impecables diríamos, y otros no. Deliberadamente no, que es distinto al error humano posible en cualquier juez, en nuestro país u otros.

CASO UNO. Es, por ejemplo, destacable con la forma de respeto estricto al debido proceso, que preserva la Constitución Nacional, como se está llevando el juicio a los acusados de asesinar al joven Axel Blumberg. Hay un juicio oral en San Isidro que, posiblemente, lleve meses pero a los tres jueces actuantes -Dres. Daniel Cisneros, Víctor Blanco y Luis Nieves- se les adicionó un cuarto, la jueza Claudia Mancini, que no actúa ni pregunta -aunque tiene derecho a hacerlo- y asiste en silencio a todas las audiencias. ¿Por qué un cuarto juez silencioso? Porque si uno se enfermara o renunciara no habrá que reiniciar de cero el juicio -ocurrió en el caso María Soledad, en Catamarca- dado que actuaría en dictar sentencia esta suplente y se daría cumplimiento a que ningún juez de un tribunal oral pueda dictar fallo si no asistió a todas las audiencias y oyó a todos los testigos.

Destacable. Pero se trata de Juan Carlos Blumberg, un conocido con poder de convocatoria, y aquí surge una vieja discusión que tuve hace años -no personal sino de escritos periodísticos- con el hoy miembro de la Corte Suprema Dr. Eugenio Zaffaroni, donde sostenía el magistrado que lamentablemente el derecho en la práctica a veces avanza y se perfecciona cuando se tratan casos de personas de notoriedad. Probablemente tenga razón, pero no deja de ser penoso para la gente común que no es notoria sino, simplemente, un ciudadano más. Corresponde que se cumpla el principio constitucional de igualdad ante la ley pero un solo caso en que lo especial de los protagonistas motiva distinciones en los estrados -aunque sean «avances»- ya afecta a la equidad de la Justicia hoy muy influida por cuestiones políticas en la Argentina, por las «tendencias del momento» que presionan a los magistrados en sus fallos.

CASO DOS. El del sacerdote Julio Grassi -hay muchos más sobre todo en el Gran Buenos Aires con baja judicialidad- es donde se da lo inverso de lo destacable como respeto al debido proceso con los acusados del crimen de Axel Blumberg. En éste no hay «condena previa por la prensa», realización en plazo normal, nadie acosa a los defensores, el progresismo no se pronunció en nada e imponen la eventual suplencia de jueces -algo correcto- porque políticamente la «tendencia imperante» es que de ninguna manera la Justicia se trabe por cualquier motivo que demandara repetir el juicio, algo temible hoy (en política) frente a la peligrosa voz del ingeniero Blumberg y su alto poder de convocatoria de gente.

El caso Grassi es totalmente lo opuesto. Allí la prensa oficialista, sobre todo la de izquierda, lo prejuzga. Le alargan el juicio oral para desgastarlo, le acosan a sus abogados hasta que cesan; le cambiaron los primeros jueces de sorteo por otros; le van presionando uno a uno a sus testigos porque se les cayeron los iniciales fraguados y no tienen pruebas cuando necesitan condenarlo sí o sí. Influyen al gobierno nacional para que no le pague el subsidio habitual -lleva 8 meses de retraso- sin meditar que por fin político se está afectando a 6.400 chicos de la calle. Como no puede, en estas condiciones, tener el sacerdote en su Fundación los sueldos al día de profesores, preceptores, guardias y administrativos le fuerzan huelgas y le mandan los canales de TV, proclives al gobierno,para filmarle los inevitablestumultos de calle.

Dos diarios («Clarín» y « Página/12» y los medios audiovisuales que domina el monopolio, todo del mismo dueño, Héctor Magnetto) le aplican al religioso la «condena previa por la prensa» y se preservan así contra decenas de juicios civiles -desde ya todos demorados- presentados por familiares de chicos involucrados con engaños en la acusación a Grassi por presuntos «abusos deshonestos», contra menores.

Otro socio de la tríada complotada es un grupo cerrado de magistrados de Morón, fuero penal en primera instancia, que «crearon» el caso por el enojo de una secretaria de juzgado que no ganó un concurso legítimo para jueza donde se impuso otra letrada especialista en menores. Esta había investigado y desechado anónimos contra la Fundación Felices Los Niños y la supusieron conocida de Grassi, iniciando la campaña contra el sacerdote en venganza. Y el tercero que se sumó es un sector de la izquierda progresista que no quiere que el principal instituto privado del país para recuperación de «chicos de la calle» sea católico. No es que este grupo no pueda crear otra fundación para hacer lo mismo cuandosu progresismo dispone, en esta época, de amplio acceso al dinero del Estado. Quiere poseer precisamente esa «Fundación Felices Los Niños», mantenida por donaciones de privados, porque Grassi es un escalón en una lucha más alta: la Iglesia Católica. Esa izquierda alocada no quiere aceptar que esos chicos pobres sean sacados de las calles, alojados y educados -hasta nivel terciario inclusive- por una religión que Carlos Marx escribió que «es el opio de los pueblos».

Las últimas variantes del complot son acusarlo a Grassi de pagar sus abogados defensores con dinero público -un insulto para centenares de personas y empresarios privados que aportan donaciones-. Enviarle periodistas de «Clarín» al presidente del tribunal inicial, que consideraban no corporativo con sus colegas judiciales de Morón, para que le hagan una pregunta sola (fue ¿por qué no entraba en el expediente contra Grassi una pericia de otra jurisdicción?), y al caer en la trampa y contestarla lo removieron por «prejuzgar». Pero por uno, aun si hubiera estado mal, sacaron a todo el tribunal para sortearle otro nuevo. Se aprovechan del prestigio de la Sra. Estela de Carlotto para hacerle lanzar acusaciones contra el religioso prejuzgando. Lo mismo iniciarles juicio para intimidar a los pocos periodistas que aún se atreven a escribir otra versión sobre el caso Grassi, sin prestarse a la maniobra. Por ejemplo a los periodistas de Ambito Financiero vía el director responsable, como es mi caso. Curiosamente, el juzgamiento por «injurias» se me hace con el juez Luis Schegel, que confiesa que personalmente es «cliente» en sus casos particulares del abogado representante de los que me querellan, el Dr. Pablo Jacobi, del diario oficialista «Página/12», del mismo dueño de «Clarín». ¿Falta algo más para ver qué tipo de complot y adulteración del debido proceso se da en el caso de Julio Grassi? Sí, podemos agregar que el citado juez convocó a una audiencia «de partes» estando yo en Alemania, rechazó la postergación de audiencia pero sólo dejó constancia a los letrados de Ambito «en secretaría» y nunca se enteraron. La «audiencia» se hizo a solas entre el abogado Jacobi y su «cliente» el juez Schegel con absoluta ausencia de la parte juzgada.

Hay más, se lanzaron versiones sobre la vida privada de los abogados defensores del religioso y renunciaron tres. Al hoy mayor de edad que había denunciado en una comisaría cómo lo presionaban para que testificara contra el sacerdote y que hasta escribiera un libro en favor de Grassi -mandó los originales a los medios de difusión- después de 3 años se da vuelta y lo acusa. Siempre con la misma estrategia inculcada de declarar «manoseos» porque si alguien denuncia «violación» la ciencia médica probaría fácilmente la falsedad.

Claro, los que armaron todo esto son hombres de la Justicia primaria de Morón, que saben -y no se les iba a pasar ese detalleque hubiera desbaratado la acusación. Lo último: tras sucesivos reclamos, «Canal 13», de «Clarín», no pudo negarse y le respondió al Tribunal de Juzgamiento: «Se nos borró» todo el material de horas y horas de filmación que usaron para ir intercambiando partes -inclusive filmadas algunas con «cámaras ocultas» prohibidas en menores- y otras distrayendo por días en la costa atlántica a los chicos, con todo pago, para montar luego partes aisladas. En un caso de tan importante acusación el monopolio «Clarín» dice que el material base del programa emitido se le «borró» o que «refilmaron encima».

Modernos Franz Kafka para «El proceso» o Emile Zola para su histórico «Yo acuso» en defensa del militar francés judío Alfred Dreyfus, condenado pese a su inocencia, tendrían excepcional fuente de inspiración hoy en la Argentina con esta vergüenza jurídica que es el caso Grassi. En aquella Francia de hace más de 100 años influyó en la condena de Dreyfus la presión sobre la Justicia de un antisemitismo latente que impregnaba también a los jueces. Ahora en la Argentina el progresismo de izquierda quiere minimizar el catolicismo en el país con libros, amedrentando jueces y diabolizando sacerdotes. El escritor Zola, por su «Yo acuso» en primera página de un diario, sin tener ninguna relación con Dreyfus para jugarse por él, fue condenado a un año de cárcel y al exilio. Dreyfus fue reivindicado años después con pruebas terminantes, restituido al ejército y ascendido.