Complica el país a Tabaré al pedir juez extradición

La Justicia argentina reclamó la identificación de nueve militares uruguayos acusados del crimen de la nuera del escritor Juan Gelman. Es un primer paso para luego reclamar la detención y extradición de los miembros de la fuerzas armadas uruguaya.

La pretensión judicial puede acarrearle problemas al presidente Tabaré Vázquez, ya que en ese país existe y se aplica la denominada Ley de Caducidad 15.848, por la que se clausuró el juzgamiento de militares y policías por crímenes cometidos durante la dictadura. Precisamente, esa norma sirvió para rechazar en dos ocasiones un exhorto argentino sobre el caso.

La petición fue lanzada por el juez federal Norberto Oyarbide, pero el interés directo proviene del secretario de Derechos Humanos, Luis Duhalde, quien el viernes pasado se encargó de remarcar que el gobierno argentino va a agotar todas las instancias para esclarecer el crimen de María Claudia García Irureta Goyena de Gelman.

La intervención del gobierno de Kirchner se produjo tras conocer que Uruguay había decidido archivar la causa por la desaparición de la joven, al entender que el caso está comprendido en la Ley de Caducidad.

• Respuesta política

La premura demostrada por la administración Kirchner obligó a que Tabaré Vázquez produjera una respuesta política que se imaginaba manejar con mayor prudencia. Tanta devoción argentina puesta en este caso determinó que dirigentes del Partido Nacional calificaran la medida como una nueva intromisión diplomática en asuntos uruguayos (se debe consignar que el Partido Nacional no es justamente el partido del gobierno).

Ayer, luego de una reunión con su colega francés Jacques Chirac, Vázquez manifestó que, si laArgentina concreta el pedido de extradición, éste será remitido a la Justicia uruguaya y «se hará lo que ella dictamine».

De todos modos, Tabaré Vázquez explicó que su gobierno trabaja en una ley para declarar desaparecidos en situación forzosa a los ciudadanos que fueron detenidos y que, hasta el momento, no han aparecido en el Uruguay. Precisamente, la norma que está en poder de los senadores oficialistas tipifica el crimen de desaparición forzada de personas como un «delito de lesa humanidad de carácter imprescriptible».

En el exhorto que Oyarbide volvió a enviar a Uruguay se reclama conocer, en primer término, si los militares acusados aún están con vida y si los nombres que figuran en la causa judicial que se tramita en su juzgado son verdaderos. En caso de que se responda afirmativamente a ese pedido, el magistrado quedará en condiciones de pedir la detención y extradición de los acusados. Una réplica de lo que el magistrado Baltasar Garzón quiso hacer, desde España, con militares argentinos y no tuvo éxito por impedimentos de las autoridades locales.

Los militares sospechados son el mayor José Nino Gavazzo, el teniente coronel JuanAntonio Rodríguez Buratti, el capitán José Arab, el coronel Jorge Silveira, el capitán de la policía Ricardo José Medina Blanco, Gilberto Vázquez, Ernesto Rama Pereyra, Manuel Cordero y León Tabaré Pérez.

La nuera de Gelman fue secuestrada en agosto de 1976, por militares argentinos junto con su esposo, Marcelo Gelman, cuando tenía 19 años y estaba embarazada. Luego de permanecer detenida en el centro clandestino Automotores Orletti, fue trasladada por militares uruguayos a Montevideo y en octubre de ese año dio a luz a una niña, que fue entregada a la familia del fallecido jefe de Policía uruguayo Angel Tauriño. Mientras el cadáver de Marcelo fue hallado, el de María Claudia nunca apareció; se sospecha que está enterrado en un cuartel del ejército, aunque no prosperaron varias excavaciones ordenadas por el propio Vázquez.