Consejo ya no pone ni saca a los jueces

De los 860 jueces nacionales y federales que están en funciones, 120 tienen pedido de juicio político. Pese a la gravedad del caso, el Consejo de la Magistratura demora una definición sobre cada uno de ellos. En algunos existe un fuerte interés político para cerrar los expedientes y en otros desinterés total. Integrado por abogados, académicos, diputados y senadores, el Consejo de la Magistratura corre el riesgo de repetir los mismos errores que cometió la Cámara de Diputados cuando actuaba en la remoción y designación de jueces. Otro mal: todavía no definió los nombres para designar 112 cargos de jueces que se encuentran vacantes.

Una inquietante lentitud parece haberse impuesto sobre el ímpetu reformista con el que hace dos años comenzó a trabajar el Consejo de la Magistratura: hoy están sin resolver más de 120 pedidos de juicio político contra jueces nacionales y federales. Está demorada la selección de magistrados para cubrir 112 vacantes y por si fuera poco es cada vez más notoria la influencia que ejerce el sector político sobre algunos letrados o académicos en la selección de los futuros magistrados.

En los dos últimos años la comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura recibió alrededor de 300 pedidos de juicio político contra magistrados cuya conducta y desempeño de sus funciones fueron cuestionadas. Un alto porcentaje de esos expedientes fue heredado del anterior sistema, es decir, cuando funcionaba la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados. Medio centenar de ellos fueron resueltos en abril del '99 y otros tantos desestimados el año pasado. Lo concreto es que hasta el momento sólo seis magistrados fueron llevados a juicio político.

La diputada María Lelia Chaya, presidenta de la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura, no tiene problemas en admitir la lentitud en el proceso de acusación de los jueces y la necesidad de agilizar los dictámenes de esos pedidos de juicio político que «crean una gran incertidumbre sobre quien está acusado de haberse desempeñado mal en sus funciones». Pero el tema es mucho más grave que la sensación de incertidumbre ya que algunos de estos jueces muchas veces están sujetos al tironeo de un momento político determinado. Es en ese contexto es cuando se acrecienta el interés por poner fin a la causa abierta sobre algún magistrado en especial.

En listado de la Comisión de Acusación figuran casos resonantes y polémicos como el del juez federal de San Isidro Roberto Marquevich, la jueza de la Cámara Penal Luisa Riva Aramayo, el del juez federal de Mendoza Luis Leiva o el del juez Julio Speroni. Algunos datan del año '98 y forman parte de denominada herencia recibida del Congreso.

Denuncias

El caso del juez Marquevich es bastante controvertido. Sobre Marquevich pesan varias denuncias, una de ellas relacionada con la investigación que éste realizó sobre la extraña muerte del ex director de Aduana, brigadier Rodolfo Echegoyen, y otra por su desempeño en la investigación de la causa Strawberry, donde se secuestraron 1.200 kilos de cocaína. El Consejo estuvo (varias veces) a punto de dejar sin efecto las imputaciones que pesan sobre el magistrado. Sin embargo, no ha definido la situación de este juez y prosigue con la investigación que ahora tiene por finalidad saber si hablaba con Alfredo Yabrán por teléfono o lo recibía porque el empresario tenía una causa en ese juzgado

También está el caso del juez federal de Zapala Rubén Caro (el magistrado del caso Carrasco), que tiene un pedido de juicio político desde el año '98 por su desempeño en la investigación sobre la muerte del soldado, hecho que puso fin al servicio militar obligatorio. Hasta ahora su situación no ha sido resuelta y prácticamente su futuro está atado a la sentencia que pueda salir del juicio por el denominado caso Carrasco II.

Durante dos años el Consejo mantuvo una causa abierta contra la Sala I de la Cámara de Casación Penal compuesta por Liliana Catu0cci, Alfredo Bisordi y Rodríguez Basavilbaso. Esta sala es considerada una de las más probas del país, y resolvió puntillosamente una causa relacionada con «skinheads», al parecer con un problema de discriminación, anulando una condena que resultaba arbitraria. Sin embargo, se persistió con medidas hasta que finalmente se resolvió a favor de los jueces de esa sala.

El juez federal de Jujuy, Mariano Cardozo, tiene una causa donde procesa a varios policías porque éstos interceptan una camioneta de un comerciante creyendo que eran traficantes de droga y lo balean. Cuando el juez procesó a los policías, los abogados solicitaron el juicio político del magistrado. Hace nueve meses que el caso está para resolver.

También están en los cajones de algunos de los consejeros los expedientes abiertos contra los jueces Carlos Villafuerte Ruzo (denuncia presentada por Zulema Fátima Yoma sobre la muerte de su hijo); otra contra el titular del Juzgado Criminal y Correccional N° 8, Jorge Urso; Claudio Bonadío (cosecha en su haber cuatro denuncias), y Mariano Bergés.

Para la riojana Chaya, una forma de superar la situación de atraso en la resolución de los 120 juicios políticos está en fijar un plazo de 90 días para que la comisión se expida. La propuesta ya ha generado diferencias entre los mismos integrantes de la comisión compuesta por cuatro diputados ( Chaya, Miguel Pichetto, Carlos Maestro, Damián Fernández); dos abogados ( Angel Garrote y Juan Gersenobitz) y un senador ( Agusto Alasino). Algunos sostienen que no se deben condicionar los tiempos y que se debe actuar en función de cada caso particular. Otros opinan lo contrario.

El agujero negro que se crea a partir de una denuncia hasta el momento en que ocurre el dictamen genera una situación propicia en donde gravita con mayor fuerza la influencia política.

En 1994 la reforma constitucional introdujo el Consejo y el Jurado en juicios. Así se cambió un sistema que durante un siglo y medio permitió que los jueces fueran juzgados por el Congreso mediante el juicio político. Sin embargo, es poco el avance que se ha logrado.

El consejero Humberto Quiroga Lavié opina que entre sus pares existe una tradición de inercia para tratar los juicios políticos que deviene del Congreso. Y apunta que «los legisladores siguen con las mismas costumbres» y que «se buscan pruebas tan consistentes para juzgar a un juez como lo hace un juez de instrucción para probar un delito penal».

Riesgo

El Consejo, también, corre el riesgo de repetir los mismos errores del Senado cuando avaló la designación de algunos jueces a los que después se les cuestionó su idoneidad profesional y moral.

El caso de la designación del juez Sergio Torres como aspirante a ocupar la vacante del Juzgado Federal N° 12 de Carlos Branca es toda una epopeya.

Y es en este punto donde con mayor claridad se observa un sistema enredado. Bastaría con un jurado que haga un ranking de oposición y antecedente y luego un plenario para hacer alguna observación en caso de una manifiesta arbitrariedad, pero nada de eso ocurre. El concurso para jueces en primer lugar lo define un jurado, luego pasa a una comisión de selección y finalmente lo decide un plenario. Así puede suceder que lo que decidió el jurado al evaluar los méritos de los aspirantes termine siendo ignorado por el plenario. Hay un sector proclive a cambiar las calificaciones que impone el jurado, mientras que otros consideran que no es adecuado, pese a que la ley lo permite.

Disidencias

La diputada Chaya reconoce que existen disidencias entre los consejeros en cuanto a producir modificaciones en las decisiones de los jurados, y que por esta situación muchos dictámenes llegan divididos al plenario.

Su colega Quiroga Lavié sostiene que si no fuera tan reglamentarista la selección de los jueces podría hacerse más rápida y no como hasta ahora, que lleva más de un año hacer un concurso para cubrir la vacante de un juzgado.

Para Gersenobitz, sin embargo, existe una falta de uniformidad de los jurados a la hora de fijar los criterios para la selección de una terna.

Distinta es la postura del diputado Pichetto, para la designación de los jueces: « Se realiza con mucha seriedad» y objetividad y donde lo prioritario es cubrir las vacantes.

Lo cierto es que desde que comenzó a funcionar, el Consejo de la Magistratura remitió al Poder Ejecutivo 27 ternas de postulantes a jueces. De ese número el Senado prestó sólo un acuerdo, después de 10 meses de haberlo recibido. Se trata de Santiago Corcuera, designado para la Cámara Electoral.

Ante este panorama resulta por lo menos un despropósito pretender que este Consejo pueda controlar a todos los jueces cuando dicte cada una de las prisiones preventivas. Quizá, como muchos opinan, el Consejo de la Magistratura se convertirá en el «consejo del canje».