Contrasta colapso de fuero comercial con juzgados laborales sin actividad

La Ley de Quiebras sancionada en mayo pasado, que derogó la cuestionada norma que había impulsado Eduardo Duhalde apenas asumió, significó un sustancial incremento de la actividad de los juzgados comerciales que ya se encontraban al borde de su capacidad, por lo que, según dijeron jueces consultados, se vuelve a poner en duda la prestación del servicio de justicia en el fuero más sensible para la actividad económica del país.

El artículo 17 de la nueva norma otorga al juez la facultad de aprobar acuerdos con los acreedores, aun no contando con la anuencia de la mayoría prevista por la ley, por lo que ello demandará mayor detenimiento y análisis por parte de los jueces. Ello se suma a que también quedó sin efecto la suspensión de los pedidos de quiebra que había dispuesto la ley de emergencia económica y a que, a pesar de que el Congreso prorrogó hasta el 15 de noviembre la ley que suspende las ejecuciones de bienes dedicados a la producción o a la vivienda del deudor, los trámites realcionados con la verificación de deuda se siguen produciendo.

•Burocracia

Por esas cuestiones burocráticas e inexplicables de la administración pública, la situación de los pasillos del fuero comercial abarrotados de abogados y litigantes, un síntoma aún más agudo en el caso de los juzgados contencioso administrativos a causa de los amparo por el «corralito», contrasta con los mostradores casi vacíos de los tribunales laborales, que vieron disminuir su actividad al mínimo en los últimos años.

La tendencia es contundente. En los tribunales comerciales de Capital Federal, en donde tramitan gran parte de los concursos y quiebras del país, durante el año 2001 se recibieron 133.701 nuevos expedientes en sus 26 juzgados, casi 300% más que en 1993. En tanto, los nuevos juicios laborales bajaron a 20.569 en 2000 en sus 80 juzgados, 50% de los que ingresaban ocho años antes.

Para alivianar la situación de colapso del fuero comercial, el Ministerio de Justicia giró en el verano un proyecto a Diputados para traspasar a la órbita de Comercio 14 juzgados que actualmente atienden causas laborales.

El proyecto prevé que los tribunales que cambien de fuero lo hagan con su actual estructura de empleados, jueces y secretarios, por lo que no habría costo para el Estado.

El presidente de la Cámara de Comercio de Capital, Carlos María Rotman, en diálogo con Ambito Financiero, graficó la actual situación bajo su órbita: «La composición de empleados y juzgados del fuero no cambió en treinta años, mientras hubo un crecimiento exponencial de la cantidad de causas y de la complejidad de los concursos y quiebras que se atienden». El juez sostiene que «si bien la ley de concursos (quiebras) constituye un tema de gran trascendencia, como se estuvo debatiendo, no debemos olvidarnos de que son los tribunales comerciales de Capital los encargados de la aplicación. Si el fuero está colapsado, resulta difícil la concreción de los fines que procure la ley».

La norma enviada por el Ejecutivo cuando Jorge Vanossi estaba a cargo de Justicia, estipula que los jueces laborales que se trasladen de fuero atiendan los juicios ejecutivos que representan 75% del volumen de expedientes comerciales. Estos son los trámites promovidos para el reclamo de pagarés, cheques y letras de cambio, deudas en cuentas corrientes bancarias, saldos de tarjeta de crédito, que en general presentan menor complejidad y sentencias «de fórmula» en comparación con causas como la quiebra del Banco Mayo o los megaconcursos de acreedores de ATC, Aerolíneas Argentinas, Supercanal, Correo Argentino o el Grupo Soldati.

•Demora

La situación actual de la Justicia comercial genera inquietud en cuanto a la seguridad jurídica para inversores. El proyecto elaborado por Vanossi apela a la consabida «duración razonable del proceso» que la Justicia nunca cumple, pero menos lo hace en las causas de comercio. Esperar años para obtener una sentencia justa espanta a cualquier inversor que planee introducirse en la de por sí complicada actividad económica argentina.

En Diputados, la iniciativa fue aprobada con modificaciones por la Comisión de Justicia, pero no todavía en la de Trabajo. Allí aparecieron trabas de parte de legisladores de extracción gremial (entre ellos, el cervecero Saúl Ubaldini), que sostienen que la medida desmembraría el fuero laboral.

María del Carmen Falbo (PJ-Buenos Aires), presidenta de la Comisión de Justicia, adelantó a este diario que «probablemente sean algunos menos los juzgados laborales que se traspasen, pero también tratamos de acordar que se le devuelva al fuero de trabajo algunas de las competencias que se le fueron quitando, en particular en favor de los jueces comerciales». Falbo considera «evidente que hay una mayoría de juzgados desproporcionada en el fuero laboral. Son 80 juzgados que fueron creados en otro momento, y que son excesivos para las causas que hay hoy en día, frente a los 26 tribunales comerciales».

El crecimiento de causas por concursos y quiebras acompañó la crisis económica, mientras que la menor cantidad de conflictos de trabajo está relacionada con la ley de accidentes laborales y la alta tasa de desocupación.

En el año 2000, la carga en la Justicia laboral fue de 257 nuevas causas por juez por año, menos de una causa por día para cada uno de los 80 juzgados. En la Cámara Comercial, en cambio, el mismo año se abrieron 160.229 expedientes, 6.162 por cada uno de los 26 juzgados.

•Antecedentes

El abogado Julio Rivera, quien dirige un estudio que tramita causas de comercio, sostiene que «no se advierte que el proyecto perjudique al fuero laboral, porque el número de causas que se inicia diariamente puede ser atendido por los restantes juzgados». Rivera cita casos piloto exitosos de juzgados que se dedicaron sólo a atender concursos y quiebras en Mendoza, Córdoba y San Juan, «por la especialización adquirida por funcionarios y empleados», agrega el letrado.

En voz baja, jueces y abogados admiten que hay resistencias entre los magistrados laborales que podrían pasar a atender causas de menor complejidad. «Es como volver a empezar», le dijo a este diario uno de los magistrados. «Son jueces de la Nación que prestarán un servicio importante a la comunidad y ampliarán su visión del derecho», aduce Rivera.