"Corralito": Corte estudia plan para devolver fondos

Los abogados de la provincia de San Luis intentarán hoy una nueva fórmula para recuperar u$s 247 millones atrapados en el «corralito», y que están actualmente en litigio ante la Corte Suprema.

Los sanluiseños estarían dispuestos a aceptar algo más de la mitad de lo depositado en el Banco Nación, salvado con fondos ya pesificados a 1,4 y que serían utilizados para volver a comprar dólares (alcanzaría para adquirir alrededor de u$s 126 millones a la cotización de la semana pasada).

El resto, poco menos de 50% del total -o sea u$s 121 millones-, terminaría de recuperarlo recién en setiembre de 2004, mediante un título en dólares del Estado nacional, a pagar en 12 meses.

El gobierno de Eduardo Duhalde, la otra parte en pugna, sigue insistiendo en devolver el dinero provincial cautivo con un bono dolarizado, aunque a 10 años de plazo y con una tasa de interés que oscilaría entre 2 y 3%, según el planteo del Ministerio de Economía que todavía no conoce la variante que auspicia San Luis.

La alternativa gubernamental, inspirada en la compensación que recibieron los bancos por el costo de pesificar, podría extenderse a particulares afectados por las restricciones bancarias y, de esta manera, frenar las demandas en Tribunales y, al mismo tiempo, el goteo del «corralito» que debilita el sistema financiero, de acuerdo con lo que se baraja en el Ejecutivo casi con desesperación. Se trata de uno de los agujeros que debe tapar con urgencia el oficialismo.

La ampliación del bono dolarizado a los demás ahorristas despierta algunos reparos, ya que este proyecto fue pensado concretamente como una salida política al conflicto judicial iniciado por la gobernadora Alicia Lemme.

Ahora, con una contrapropuesta en marcha, los representantes de la provincia promoverán la solución propia como modelo para destrabar las demandas de particulares por el «corralito» y contener la fuga de depósitos, en lugar de la que se analiza en el entorno de Jorge Remes Lenicov con un bono a cobrar en la próxima década.

En el marco de la acción de amparo y de las negociaciones con el ala económica del gobierno de Duhalde, los patrocinantes de la provincia ofertarán que se recompren dólares en el mercado libre con los $ 345,8 millones que resultaron de la pesificación a 1,4 de la cuenta provincial en el Banco Nación, y que están a la vista, en cumplimiento con una resolución del Central.

•Bono

Así llegarían a adquirir u$s 126 millones a la cotización de $ 2,75, si éste fuere el cambio al día de la conciliación entre San Luis y el Palacio de Hacienda. Y lo que falte para recuperar los u$s 247 millones cautivos en el Nación -alrededor u$s 121 millones más-, se podría cobrar con un bono desde setiembre de 2003, en 12 cuotas mensuales. La eventual tasa de interés sería materia de la discusión fina con Remes y compañía, en el supuesto de que prospere la moción del interior.

En primera instancia, la propuesta llegará esta tarde a oídos del juez Adolfo Vázquez, comisionado por el máximo tribunal para mediar entre San Luis y Economía, luego del rotundo fracaso inicial en las tratativas bilaterales. El ministro de la Corte es uno de los más alejados del Ejecutivo, sobre todo por la ahora reprimida amenaza duhaldista de decapitar la cúpula del Poder Judicial en la Comisión de Juicio Político de Diputados. Simultáneamente, Remes (por la declaración de inconstitucionalidad del «corralito» del 1 de febrero, la presión del Fondo Monetario y otro poco por sensatez) es uno de los funcionarios más proclives a conciliar con el tribunal supremo y está dispuesto a escuchar lo que le dicen sus animadores.

Vázquez recibirá a los representantes legales de la provincia, los abogados Alberto Rodríguez Saá -senador nacional mandato cumplido y hermano del ex gobernador Adolfo Rodríguez Saá- y Eduardo Allende, más el fiscal José Samper, quienes por la mañana deliberarán con la gobernadora Lemme y el ministro de Economía, Claudio Poggi, sobre los detalles finales del plan a presentar.

El magistrado de la Corte será el encargado de trasladar la inquietud al Palacio de Hacienda, donde ayer -sin conocer la contraoferta de la administración Lemme-insistían con la única iniciativa oficial destinada a destrabar el conflicto, conocida hasta ahora: devolver los fondos del Nación con un bono dolarizado a 10 años de plazo, tal cual adelantó este diario hace más de dos semanas.

Los juristas que defienden los intereses sanluiseños se niegan a considerar el criterio que viene sosteniendo Remes. Palabras más, palabras menos, aseguran que la provincia tiene obligaciones financieras que cumplir y, por lo tanto, resulta inaceptable hablar de un título a tan largo plazo, a pesar de que sea dolarizado y cumpla con la promesa duhaldista de que los ahorristas recuperarán los depósitos en la moneda de origen.

De hecho, advierten que -gracias a la oferta que le harán al ministro de Duhalde-le darán un lapso bastante importante al banco para hacerse de los u$s 247 millones, casi 2 años y medio. Hasta setiembre de 2003 -calculan los abogados-, faltan 17 meses, a los que hay que agregar 12 más para cobrar u$s 121 millones del bono. Suman 29 meses, es decir 2 años y 5 meses.

En esta pelea Nación-San Luis, no resulta ajena la especulación política puntana de que Duhalde contribuyó, en cierta medida, a provocar la caída anticipada de Adolfo Rodríguez Saá del provisariato presidencial que sucedió al radical Fernando de la Rúa y derivó, finalmente, en la designación del caudillo de Lomas de Zamora, en la segunda Asamblea Legislativa en menos de 15 días. Esta presunción, casi con seguridad, blindó a la parte querellante.