La Justicia de la Capital Federal pidió ayer los números de teléfono de todos los animadores de la Comisión de Juicio Político de Diputados, a raíz de una denuncia anónima por una supuesta extorsión de origen parlamentario a la Corte Suprema de la Nación.
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Se trata de un sintomático trámite judicial que podría derivar en escándalo, ya que afecta a los encargados de preparar la acusación en marcha contra los 9 ministros por presunto mal desempeño en las causas Embajada de Israel, Smith (declaración de inconstitucionalidad del «corralito»), armas y rebalanceo telefónico. Y máxime porque los detractores de la Corte en el Congreso prometieron que los fundamentos de la decapitación masiva estarán listos la semana que viene.
• Excalibur
Si prospera la demanda, que debería ser considerada mañana por el plenario de la Cámara baja (si hay sesión), quedarán expuestos al Excalibur y a las escuchas telefónicas desde la arista Elisa Carrió hasta la menemista Alejandra Oviedo, pasando por el duhaldista ortodoxo José María Díaz Bancalari, fiscal del máximo tribunal a instancias del gobierno el Poder Legislativo. El pedido involucra tanto los teléfonos laborales, como los particulares y, obviamente, los celulares.
• Anticipo
En la víspera, Sergio Acevedo (PJ-Santa Cruz), titular de Juicio Político, adelantó a sus colegas el contenido del oficio que le remitió el juez federal Norberto Oyarbide, responsable de la causa que se sustancia en Tribunales.
No llegaron a discutir sobre la actitud que adoptarán, ya que corresponde al cuerpo en pleno tomar una resolución, con participación de la Comisión de Asuntos Constitucionales. Ayer, estuvieron entretenidos en una querella sobre la conveniencia de levantar el secreto de las deliberaciones, a sugerencia de la menemista Alejandra Oviedo. (Ver nota aparte.)
Curiosamente, Oyarbide, quien sufrió en carne propia un proceso de juicio político en el Congreso -antes de que se hiciera cargo de tramitar esta clase de diligencias el Consejo de la Magistratura-, asume ahora el papel de investigar a los miembros de esa comisión que tantos dolores de cabeza le provocara en el último tramo de la gestión menemista y durante casi todo el gobierno de Fernando de la Rúa.
El juicio político contra el magistrado prosperó en Diputados, aunque fue rechazado finalmente en noviembre del año pasado en el Senado.
Si bien la Cámara baja se renovó tras el intento de defenestración de Oyarbide, el juez que ahora pesquisa una eventual extorsión legislativa contra el máximo tribunal se encontrará con viejos conocidos, entre ellos, Carrió, una de sus detractoras y, en consecuencia, auspiciantes de su frustrada destitución.
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