10 de diciembre 2000 - 00:00

Enriquecimiento: Liporaci responde por acusaciones

El juez federal Carlos Liporaci presentará mañana por escrito su descargo ante el Consejo de la Magistratura para responder a las acusaciones sobre presuntas y graves irregularidades en el ejercicio de la magistratura. En la Comisión de Acusación se encuentran acumuladas denuncias en contra del juez por supuesto enriquecimiento ilícito, por el archivo de la investigación en una caso de presunta corrupción en la construcción de la hidroeléctrica Yacyretá y por el levantamiento de la captura y sobreseimiento del ex banquero Raúl Moneta, entre otras imputaciones.

La situación de Liporaci en esa comisión comenzó a deteriorarse la última semana -como anticipó este diario-cuando los diputados peronistas
Miguel Pichetto y María Lelia Chaya dejaron que avanzara la instrucción que comanda el diputado frepasista, Pablo Fernández que preside ese cuerpo. Tampoco el radical Carlos Maestro -reemplazó al actual secretario de Justicia, Melchor Cruchaga envió señales de respaldar al juez cuestionado pese a las señales que se sostiene en los juzgados de Comodoro Py se les habría enviado desde el gobierno.

En ese reducto federal aún resuenan las palabras de
Alicia Castro sobre el apoyo de Carlos Chacho Alvarez al inicio de la investigación del escándalo de las supuestas coimas en el Senado y las tranquilidades que le habría llevado un autoinfluyente abogado radical quien suele jactarse que traduce en esos estrados el indescifrable pensamiento del Presidente. Lo cierto es que Fernández -un acólito de Alvarez en la Justicia-y las dos espadas de la UCR en ese ámbito -el alfonsinista Alfredo Vítolo y el ex gobernador Maestro-no han dado muestras de consternarse por la difícil situación de Liporaci: Vítolo lo criticó por los diarios y el chubutense Maestro ni siquiera guardó las formas de quedarse con el expediente los 15 días como hacen todos los iniciados en el Consejo.

Sin salvavidas

Pese a que varios consejeros en privado sostienen que el dictamen acusatorio de
Fernández y el presidente de la FACA (Federación Argentina de Cole-gios de Abogados), Angel Fermín Garrote-, carece de contundencia jurídica, no habrá salvavidas para el juez y todo indica que el caso pasará al plenario del Consejo de la Magistratura que habrá de tratarlo después de la feria judicial. Es el mismo plazo que parece haber autoimpuesto Liporaci para decidir sobre la suerte de los 11 senadores que tiene imputados: en ese marco de toma y daca no resulta extraño que dos o tres legisladores fueran procesados por presunto cohecho y el resto pase a la órbita de su colega Adolfo Bagnasco, quien lleva adelante otra investigación por presunto enriquecimiento ilícito de varios senadores.

También la causa judicial puede estirarse más de lo imaginado. El fiscal federal
Pablo Recchini, quien realmente lleva adelante la instrucción, pidió la semana pasada que se haga una pericia contable sobre los ingresos y egresos dinerarios de Liporaci y su familia ya que el juez justificó cerca de $ 11.000 como ingresos globales mensuales para hacer frente a la compra de su casa que declaró en $ 610.000. Recchini cree que este peritaje podría abrirle el camino para impulsar un pedido de procesamiento ya que las valuaciones del perito de la Corte y de los técnicos privados, duplicaron el valor de la propiedad de Gaspar Campos 471 de Vicente López y por lo tanto no habría manera de justificar la compra con los ingresos declarados por Liporaci.

En tanto el juez cree ser víctima de una presunta
«conspiración político-judicial» por investigar a los senadores y recusó a tres de los consejeros que lo acusan: Fernández, Garrote y Mario Gersenobitz, el primero en denunciarlo junto al abogado Eduardo Orio. Tampoco ahorra críticas para el juez Gabriel Cavallo, quien tutela la investigación judicial pese a que la delegó en el fiscal para poder postularse a camarista federal. No hace mucho ambos jueces protagonizaron una situación tensa cuando Cavallo también abrió una causa contra Liporaci. Pero no es el único que critica a Cavallo: los peronistas Pichetto y Chaya le reprochan haberle abierto el expediente entre gallos y medianoche a Fernández y a Garrote para que hagan el dictamen a espaldas del resto de la comisión.

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