Envían a Madrid pruebas contra las extradiciones

El abogado Florencio Varela, defensor de ex militares acusados de crímenes en la represión clandestina de las guerrillas en los años '70, reveló que envió antecedentes a España para apoyar la negativa del fiscal general a extraditarlos.

El abogado de uno de los militares detenidos a pedido del juez español Baltasar Garzón le envió ayer al fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fuingariños, una serie de documentos para bloquear el intento de extraditar a los integrantes de la Fuerzas Armadas. Ese documento también fue presentado al embajador de España en la Argentina, Manuel Alabart.

El contenido del escrito apunta a señalar la presunta irregularidad en la que habría incurrido el juez Garzón al requerir vía Interpol y no por la cancillería española la detención de los 45 militares y un civil acusados de viola-ción a los derechos humanos.

Según la presentación del abogado Florencio Varela -defensor del general Ramón Díaz Bessone, el vicealmirante Luis Mendía y el capitán de navío Jorge Perrén-, la intención del juez español fue sortear este trámite «porque el pedido sería declarado inviable».

• Territorialidad

Al respecto, Varela rememoró que una solicitud de extradición cursada por Garzón en la misma causa, por los mismos hechos y en idéntica situación procesal con relación a 18 implicados, fue rechazada mediante la Resolución 3.462 del 16 de noviembre de 2001 por el Ministerio de Relaciones Exteriores. El motivo que se esgrimió en esa oportunidad estuvo basado en el «principio de territorialidad». La decisión fue informada al Reino de España «por la vía diplomática».

En la documentación aportada por el abogado de Díaz Bessone, se puntualiza que el 2 de noviembre de 1999 Garzón dictó un extenso auto integrado por 221 fojas que en su parte dispositiva ordenó el procesamiento de 98 militares argentinos, ratificó la prisión provisional incondicional de 10 de ellos, encabezados por el ex presidente Jorge Videla y los integrantes de la junta militar.

Los hechos que le fueron imputados en el sumario consisten en «muertes, detenciones ilegales, sustracción de menores, torturas producidas en la Argentina en el período del 24 de marzo de 1976 a 1983».

En la foja 23, el juez español meritó las leyes 23.492 y 23.521 de Punto Final y Obediencia Debida, mientras que ocupó 44 fojas para describir lo ocurrido en la Argentina a partir de 1975 desde los decretos dictados por el gobierno constitucional para combatir el terrorismo, la forma en que se organizaron las Fuerzas Armadas y el sistema operativo.

El abogado contó a este diario que 18 de los militares requeridos ahora en las 46 solicitudes de arresto preventivo son los mismos que integraron el listado original de 98 a quienes el juez español les atribuyó los mismos delitos de lesa humanidad «sin distinción alguna» y cuyo pedido de extradición ya fue rechazado por el Estado argentino. «Estamos ante un escándalo jurídico de una magnitud inusual, que compromete al Estado español en sus relaciones con la República Argentina, toda vez que ha sido escamoteada mediante artilugios legales la competencia en el asunto del juez natural.»

• Buena fe

Según el abogado, por esta cuestión son competentes los tribunales locales y aseguró que el juez Rodolfo Canicoba Corral recibió de buena fe el requerimiento y le dio curso ordenando las 46 detenciones solicitadas sin saber -por habérselo ocultado Garzón-que él mismo había pedido antes la extradición, con resultado adverso.

En ese sentido, consideró que la extradición que debe darle sustento a dicha medida cautelar es de imposible cumplimiento, porque no se puede repetir el requerimiento «por el mismo hecho».

En tanto, en los Tribunales de Comodoro Py, Canicoba Corral recibió el pedido de defensores de otros militares que pidieron la «inmediata» libertad de sus asistidos.

La solicitud fue presentada por los letrados Alfredo Bataglia, Luis Velazco y Gerardo Ibañez, y se basó en un artículo del convenio que la Argentina suscribió con España, aprobado por Ley 23.708 de diciembre de 1989, que establece que el juez requerido «podrá» conceder ese beneficio a los imputados.

«Se trata de una libertad especial, prevista en el convenio, distinta del instituto de exención de prisión o excarcelación», aclararon los abogados de los ex generales Luciano Benjamín Menéndez, Antonio Domingo Bussi, Luis Martella y Alberto Cattáneo, los coroneles Albino Mario Zimmerman y Augusto Neme, y el teniente coronel Héctor Schwab.

A diferencia de los casos donde se pide la excarcelación, Canicoba Corral no está acotado por el plazo de 24 horas para tomar una resolución, pero los letrados que hicieron el planteo estiman que podrían tener respuesta antes del fin de semana.