Espionaje: vuelven a allanar la cárcel de Ezeiza y otras dependencias del SPF

Judiciales

La orden es para determinar si existió durante el macrismo espionaje ilegal contra exfuncionarios kirchneristas detenidos durante el gobierno de Cambiemos.

El juez federal de Lomas de Zamora, Juan Pablo Augé, ordenó volver a allanar la cárcel de Ezeiza y otras dependencias del Servicio Penitenciario Federal (SPF), para determinar si existió durante el macrismo espionaje ilegal contra exfuncionarios kirchneristas detenidos durante el gobierno de Cambiemos.

El objetivo de la resolución es indagar sobre la sospecha de que se habría implementado en el SPF un mecanismo para controlar los movimientos de empresarios, sindicalistas y exfuncionarios detenidos y luego poner esa información a disposición de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el gobierno de Mauricio Macri

En el marco de la causa por supuesto espionaje ilegal, el juez delegó el operativo a la Policía de Seguridad Aeroportuaria para comprobar si existió espionaje sobre Lázaro Baez, Cristóbal López, Julio De Vido, Roberto Baratta, Jorge Oscar Chueco, Víctor Alejandro Manzanares, Oscar Thomas, Fernando Esteche, Juan José María Olazagasti, Fabián De Sousa, Rafael Enrique Llorens, Daniel Pérez Gadín, Carlos Kischner, Gerardo Luis Ferreyra, Claudio Minichelli, Atanasio José Pérez Osuna, Juan Pablo Medina, Cesar Milani, Nelson Javier Lazarte, Enrique Omar Suarez, y Rafael Resnik Brenner.

Se trata de un nuevo allanamiento en la cárcel de Ezeiza, luego de que se encontraran cámaras, micrófonos, cables y actas que ya están en poder del juez .

Los fiscales que tienen delegada la investigación, Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide, señalaron que en el expediente existe evidencia "para sostener la sospecha cierta de que funcionarios de las máximas jerarquías del Servicio Penitenciario Federal habrían llevado a cabo un plan para controlar y vigilar todos los movimientos, conexiones y actividades que desarrollaron las personas privadas de la libertad incorporadas por ellos al Programa IRIC, que principalmente incluyó a exfuncionarios públicos imputados de haber cometido actos de corrupción".

"Tal mecanismo habría desviado su finalidad legal y se habría convertido en una fuente de información que luego era utilizada para distintos fines, y compartida presumiblemente a la Agencia Federal de Inteligencia", indicó el juez Auge en la orden en la que dispuso los allanamientos.

En ese sentido, los fiscales habían asegurado en su intervención que, posiblemente, funcionarios públicos que ocuparon las máximas jerarquías dentro del SPF y que ya fueron desplazados, habrían desplegado las acciones ilícitas, valiéndose del aparato estatal que les tocaba dirigir, constituyéndose así como una de las ramas de la organización criminal investigada en estas actuaciones.

Por esos motivos se investiga "una organización con inserción en el Estado Nacional, Provincial y Local, integrada por una cantidad indeterminada de personas, entre quienes se encontraban funcionarios públicos y agentes de distintas Fuerzas de Seguridad y de Inteligencia" que "se habría dedicado, mediante el uso abusivo y sistematizado de medios investigativos ilegales o bajo un aparente manto de legalidad, a la realización de seguimientos, toma de vistas fotográficas, obtención de video filmaciones, recopilación de datos y confección de informes personales".

El juez ordenó que se secuestre "toda documentación" y "cualquier tipo de anotación", en el formato que fuere.

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