Filtración de prensa llevó más nerviosismo a la Corte

Una fuerte discusión quebró ayer el habitual tono taciturno de las sesiones de la Corte Suprema de Justicia. Fue cuando el enjuiciado Adolfo Vázquez sometió a sus pares del tribunal a una larga explicación sobre las responsabilidades en la filtración a la prensa de una nota firmada por él sobre «distribución» de los pagos por desarraigo para los funcionarios del tribunal.

Según la revista «Veintitrés», un memorándum interno autorizó, con la firma de todos los jueces, al administrador de la Corte, el cordobés Nicolás Reyes, a cobrar un plus por desarraigo. Vázquez agregó junto a su rúbrica una leyenda que decía que lo autorizaba «si distribuía».

Este desliz semántico sirve para el reproche. Vázquez explicó otra vez que quiso decir que Reyes debía distribuir ese subsidio según los domicilios que tenía, hasta sugiriendo -afirmó ayer-que ese extra podía recortarse según la cantidad de días que Reyes pasaba en Córdoba y/o en Buenos Aires.

Para escuchar la larga explicación a los demás jueces, Vázquez pidió la comparecencia en la sala del propio Reyes, quien escuchó pacientemente el relato exculpatorio, que nadie objetó.

La pelea verbal estalló cuando Vázquez dio a entender que la filtración a la prensa se había producido desde la oficina de Reyes y que esa circunstancia le había complicado la situación en el juicio político que le ha iniciado el peronismo en el Congreso. Eso ocurrió cuando el denunciante Ricardo Monner Sans presentó un nuevo pedido de enjuiciamiento, ahora por este entuerto del memorándum Reyes.

Este funcionario reaccionó con dureza ante esa presunción. «¿Qué beneficio tendría yo con la difusión de esa documentación a la prensa? ¿O acaso eso no me toca más a mí que a vos?»

Vázquez intentó aplacarlo al decir que no lo acusaba de dar deliberadamente esa información a la revista, sino de que el origen estaba en su oficina.

Reyes -a quien algunos por el poder que le da su rol de administrador de la Corte lo consideran «el décimo juez»- cerró la discusión con esta respuesta: «Además, el juicio político que te han iniciado no es por esto, es por otras causas».

•Pedido

Cuando Vázquez amagaba con el qué me querés decir, Carlos Fayt dio por cerrada la discusión que por el tono de los vozarrones podría llegar a mayores.

Las relaciones en esta Corte móvil dan para este tipo de anécdotas. Ayer el cuerpo, por ejemplo, apenas se dio por notificado del dictamen del procurador general de la Nación -jefe de los fiscales-, Nicolás Becerra, que respondió a la apelación de Eduardo Moliné O'Connor sobre qué conjueces deben tratar su caso, si la integrada por los abogados que designó el año pasado Eduardo Duhalde o la que se ha sorteado y forman los presidentes de las cámaras federales.

Moliné había pedido la nulidad de ese traslado a Becerra que dice ahora que deben considerar el caso los camaristas. Pero los miembros de la Corte eludieron el debate y lo dieron por abstracto el reclamo de Moliné.

Más aún, nadie comentó el párrafo del dictamen de Becerra que dice que no hubo negación de la defensa para Moliné en el juicio político del Congreso, algo por lo menos controvertido como afirmación.

Este hecho demuestra que esa caricatura de una Corte corporativa en defensa de sus miembros es una ficción que nunca se produjo.

Desde la asunción de Eugenio Raúl Zaffaroni, además, la existencia de bloques ha terminado. No se han dado vuelta las mayorías preexistentes, por lo menos, en las cuestiones «calientes» o de gran resonancia. Tanto que en un caso como la pesificación de los depósitos sigue sin formarse un criterio mayoritario en cuanto a admitir o rechazar la queja de los ahorristas que esperan la devolución en dólares.

Lo mismo ocurre con la constitucionalidad de las leyes de punto final. Hoy ese caso ha pasado a consideración de la Cámara de Casación Penal, pero ni con Zaffaroni debutante, Julio Nazareno y Guillermo López renunciados, Moliné suspendido y Vázquez procesado se ha modificado el criterio vigente en favor de la constitucionalidad de esas normas.

•Criterio

En lo que sí puede verse ya un esbozo de cambio es en el criterio de los jueces sobre cuál es el rol de la Corte. Con el ingreso de Zaffaroni, aumenta el bloque de quienes sostienen que el alto tribunal debe quedar reservado al tratamiento de muy pocas cuestiones y exclusivamente de carácter constitucional.

Según ese criterio, que defienden también Enrique Petracchi, Fayt y Juan Carlos Maqueda, los casos concretos que llegan a la Corte por apelación contra sentencias consideradas arbitrarias deben quedar a cargo de tribunales de Casación que deben crearse para el fuero civil y el procesal (ya existe la Casación penal).

Reservarse para muy pocos casos le daría a la Corte argentina el mismo carácter de las cortes constitucionales europeas, que han inspirado proyectos de creación de un Tribunal Constitucional, diferenciado de la Corte Suprema. Cuando se discutió la reforma constitucional de 1994, el constitucionalista Héctor Masnatta preparó un proyecto que fue finalmente descartado por la oposición de la Corte de entonces que creía perder ya mucho poder en manos del Consejo de la Magistratura para sufrir otro recorte de causas.

La línea Nazareno siempre consideró que la Corte debía ampliar ese espectro en la presunción de que ganaría un poder institucional beneficioso para la salud republicana.

Cuando el gobierno Menem logró la ampliación de la Corte de 5 a 9 miembros, el Tribunal trataba 4 mil causas por año. Hoy recibe 14 mil por imperio del criterio Nazareno de ser generoso en la admisión de los recursos por arbitrariedad.

Hoy es impensable una reforma constitucional para crear una Corte Constitucional, pero la novedad de esta nueva mayoría de reducir la admisión de expedientes a los de estricto debate de la violación de garantías pone en el horizonte un cambio institucional que puede modificar a la Justicia criolla.