Fueron liberados los 40 militares

Los 39 ex militares y un civil que estaban detenidos a pedido del juez español Baltasar Garzón fueron liberados ayer tras comunicar España oficialmente que desistía del pedido de extradición para juzgarlos en su territorio por crímenes de lesa humanidad. La medida fue puesta en práctica de forma inmediata por el juez federal Rodolfo Canicoba Corral. Se hacen efectivas en el caso del intendente electo de San Miguel de Tucumán, Antonio Bussi, y del ex capitán de fragata Alfredo Astiz, porque el resto -Jorge Rafael Videla, el ex jefe de la Armada Emilio Massera y el ex jefe del Primer Cuerpo del Ejército Guillermo Suárez Mason-cumple arresto domiciliario por estar imputado por presunto robo de bebés. Casi al mismo tiempo, la Cámara Federal porteña resolvió reabrir -en otro gesto retrospectivo-las causas conocidas como «ESMA» y «Primer Cuerpo de Ejército». Ambas habían quedado paralizadas luego de la sanción de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final durante el gobierno de Raúl Alfonsín. La Cámara adoptó esta postura basándose en la anulación de las leyes del perdón que hace dos semanas sancionó el Congreso. Pero hay una gran confusión sobre la validez de esta medida y todo indica que la Corte Suprema deberá definir si es legal o no lo que hizo el Congreso.

Sólo los dos ex jefes montoneros Roberto Cirilo Perdía y Fernando Vaca Narvaja quedaron detenidos en esta retrospección impulsada desde el gobierno de Néstor Kirchner, a instancia de su asesor Miguel Bonasso.

Ayer, el juez federal Rodolfo Canicoba Corral debió disponer la libertad de los 39 ex jefes militares y un civil que habían sido detenidos por un pedido expreso del juez andaluz Baltasar Garzón.

El pedido del magistrado español quedó sin efecto por una resolución del Consejo de Ministros de España que no convalidó el trámite de extradición de los ex militares argentinos.

• Comunicación

A las 12.30 de ayer, el Ministerio de Relaciones Exteriores de España le comunicó oficialmente a la administración Kirchner a través de Cancillería que el gobierno español desistía del juicio de extradición. A las 13.20 la comunicación fue girada al despacho de Canicoba Corral.

De esta forma los militares acusados por Garzón quedaron en libertad sin restricción legal y el expediente de extradición archivado. Quedaron sin efecto también los pedidos de captura de los tres militares que se encontraban prófugos (en esa situación estaban Arturo González Naya, Antonio Arrechea Andrade y Jorge Vildoza).

En los considerandos de su resolución, Canicoba Corral evaluó que «si bien no se ha agotado el plazo de 40 días previsto en e tratado (de extradición) para recibir los recaudos» la resolución « adoptada por el consejo de ministros de España que este tribunal ha conocido formalmente en la fecha pone fin de hecho a este proceso de arresto preventivo».

También confirmó que recibió vía Interpol un oficio del juez Garzón el que se denuncia una serie de «eventos presuntamente delictivos», que fueron remitidos a la Cámara Federal para que sortee el juzgado que habrá de investigarla.

• Fiscal

Idéntica actitud adoptó con una denuncia que realizó el fiscal Guillermo Marijuán, quien hizo suya las acusaciones de Garzón para que se investigue en la Justicia los hechos por los que fueron imputados los militares en España.

Casi al mismo tiempo que Canicoba Corral informó de las liberaciones, se conoció un pedido del fiscal Miguel Angel Osorio para que se detenga a unos diez militares (entre ellos Astiz y Bussi) en la causa en la que se investiga la existencia del llamado Plan Cóndor para perseguir a opositores a las dictaduras de varios países del Cono Sur. En esta investigación también podrían encontrarse comprendido los ex jefes montoneros, ya que existen fuertes indicios de que muchos de los militantes de esa organización que participaban de la Operación Contraofensiva cayeron en manos de los militares por un intercambio de información entre las distintas fuerzas de seguridad de los países limítrofes.

En una resolución de media docena de carillas, Canicoba dispuso la «inmediata libertad» de los militares, algunas de las cuales se harán efectivas como es el caso del intendente electo de San Miguel de Tucumán, Antonio Bussi, y del ex capitán de fragata Alfredo Astiz; los ex integrantes de las juntas militares Omar Graffigna, Armando Lambruschini y Basilio Lami Dozo, y los ex represores Ramón Díaz Bessone, Luciano Benjamín Menéndez y Juan Antonio Azic (internado tras un intento de suicidio).

Para efectivizar las medidas, el juez libró «oficios de libertad» al ministro de Defensa José Pampuro, a la Policía Federal, a Gendarmería Nacional y a Prefectura Naval Argentina.

En cambio, continuarán detenidos por otras causas pendientes Jorge Videla, el ex jefe de la Armada Emilio Massera, el ex jefe del Primer Cuerpo de Ejército Guillermo Suárez Mason, el ex capitán Jorge «Tigre» Acosta, el ex presidente Reynaldo Bignone y el ex comandante de Institutos Militares Santiago Omar Riveros. Estos ex jefes se encuentran procesados con prisión preventiva y cumplen arresto domiciliario por sus edades (son mayores de 70 años) en otras causas, como la que investiga la existencia de un plan de robo de bebés durante el proceso.

• Otros procesos

Otros ex jefes militares fueron procesados en su oportunidad por el juez Claudio Bonadío (en una causa que ahora tramita su colega Sergio Torres) por la sustracción y apoderamiento de bienes de personas que se encontraban detenidas-desaparecidas.

Al retirarse de los Tribunales de Comodoro Py, Canicoba Corral dejó abierta la posibilidad de que algunos de los militares vuelvan a ser detenidos a partir de que la Cámara Federal porteña dispuso la reapertura de dos megacausas por violaciones a los derechos humanos.

Esas causas se corresponden con hecho ocurridos en la Escuela de Mecánica de la Armada y en el Primer Cuerpo de Ejército (ver aparte).

« No fue una pérdida de tiempo», dijo Canicoba mientras apagaba la luz de su despacho. Y agregó que debió «cumplir con el mandato legal que también implica disponer la libertad y el archivo del juicio de extradición».