Juez Liporaci estará hoy al borde de la suspensión

Sólo una operación política de alto riesgo que no se vislumbra u otro imponderable podría salvar hoy al juez federal Carlos Liporaci de no ser suspendido en el cargo y afrontar un juicio político ante el Jury de Enjuiciamiento del Poder Judicial. Ayer la Comisión de Acusación por unanimidad lo encontró responsable de presunto mal desempe-ño y pidió que hoy se trate sobre tablas en la sesión ordinaria del Plenario del Consejo de la Magistratura, donde ya se encuentran los votos necesarios para suspenderlo inmediatamente y apartarlo de la causa que investiga el escándalo en el Senado a raíz del cobro de presuntas coimas para sancionar la cuestionada ley de Reforma Laboral.
El complicado mecanismo que tiene el Consejo para tratar un asunto de urgencia fuera del temario ordinario y la particularidad de que este caso -los cuatro senadores que lo integran no asistirán por ser la Cámara alta el centro de la investigación judicial y la causa del enjuiciamiento a Liporaci-tornan dificultosa aprobar su tratamiento, pero si ello ocurre, no pasa lo mismo en la votación por las siguientes explicaciones:

El Consejo está conformado por 20 miembros y para tratar sobre tablas se necesita la aprobación de sus 3/4 o sea 15 miembros. Si se concreta que Julio Nazareno -por ser presidente de la Corte y por lo tanto instancia final revisora de los fallos del Jury de Enjuiciamiento en cuanto al debido proceso-no asista a las sesiones donde se debate la suspensión de un juez y los senadores Ricardo Branda y Au-gusto Alasino del PJ y Horacio Uzandizaga (UCR) y José Antonio Romero Feris (Pacto Autonomista Liberal de Corrientes) no pueden ser reemplazados porque no se tienen suplentes, se llega ajustadamente a la presencia indicada, siempre que no deserte ningún otro o que no se produzca algún voto en contra de la moción. En ese caso pasaría para el próximo plenario, el miércoles 28 de febrero.

Pero una vez logrado el número necesario para introducir el tratamiento del dictamen acusatorio, la situación se torna más complicada para Liporaci porque para suspenderlo y remitir su caso al Jury se necesitan los dos tercios de los presentes, o sea 10 votos. Un conteo proviso-rio indicaría que esos pronunciamientos negativos a Liporaci ya estarían, en base a declaraciones o comentarios en privado.

Por la acusación votarán los diputados Pablo Fernández, del Frepaso; Carlos Maestro, de la UCR; Miguel Picheto y Lelia Chaya del PJ -la diputada salte-ña que se reporta al gobernador Juan Carlos Romero y se identifica con el menemismo, sorprendió ayer al cambiar su voto favorable hasta ese momento al juez-y los abogados Angel Garrote y Mario Gersenobitz que integran la Comisión de Acusación, y Eduardo Orio que fue el denunciante. O sea, 7 votos.

Los otros tres que faltan para llegar al mínimo surgirían de los jueces Claudio Kiper, Bindo Caviglione Fraga y Javier Fernández Moore; el abogado Diego May Zubiría y los representantes de las universidades nacionales, Humberto Quiroga Lavié y Juan Gemiani, quienes se han mostrado sumamente críticos del juez acusado. En tanto el delegado del Poder Ejecutivo, Alfredo Vítolo, y la jueza federal de Neuquén que integra el Consejo, Margarita Gudiño de Argüelles, hasta anoche mantenían su pronunciamiento bajo siete llaves.

La suspensión de Liporaci obligará a la Cámara Federal Penal porteña a designar un juez subrogante hasta tanto se complete el juicio político -su trámite puede demorar varios mesesy se destituya o sobresea al juez que ya anticipó -por lo menos hasta ayer-que no renunciará y peleará en el Jury de Enjuiciamiento. Pero a diferencia de lo habitual, donde se designa a un integrante del mismo fuero federal de la Capital Federal para reemplazar a un ausente -casos Branca por renuncia, Oyarbide por suspensión por el Senado, o Cavallo por licencia-, en la instancia superior habría criterio formado de designar a un conjuez extraído de una jurisdicción diferente a la del juez cuestionado. Esto coincide con el criterio del gobierno de que la causa de los senadores sea llevado por un juez menos cuestionado.

La Comisión de Acusación encontró responsable a Liporaci de haber falseado sus declaraciones juradas; de tener un crecimiento patrimonial injustificado; de haber tenido gastos desproporcionados y calificó de «inmoral» la obtención de una pensión graciable para su hija de $ 500. En este punto se opuso la diputada Chaya, y el defensor del juez, Héctor Rodríguez, calificó al dictamen de nulo.