Juez ordenó allanamiento en SIDE

El juez federal Jorge Urso allanó ayer la casa central de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) y a la Secretaría General de la Presidencia de la Nación para buscar los contratos que el gobierno habría firmado con el asesor norteamericano Dick Morris por una cifra millonaria y cuya denuncia fue formulada por el abogado radical Juan Carlos Iglesias, quien también, con sus imputaciones, abrió la causa de los sobornos en el Senado. Urso ya tiene decidido interrogar testimonialmente al jefe de la SIDE, Carlos Becerra -la operación se habría realizado durante la gestión de Fernando de Santibañes-, al secretario general Horacio Jauna-rena e incluso podría tomarle una testimonial al propio Fernando de la Rúa, quien -de acuerdo a su prerrogativa presidencial-puede responder por escrito.

Una brigada de la División Delitos Federales de la Policía Federal partió rauda de los tribunales de Comodoro Py alrededor de las 11 al mando del fiscal federal, Ricardo Amirante, quien junto a su par Guillermo Mari-juan habían solicitado el procedimiento. Está de moda en los tribunales federales de Comodoro Py de acceder a todos los requerimientos fiscales en causas que comprometan al poder político -Ejecutivo y Legislativo-por el (presunto) hostigamiento que consideran vienen siendo víctima desde esas áreas.

Inconvenientes

En ese razonamiento incluyen el último pe-dido de Carlos Chacho Alvarez de pretender el traslado -en la práctica es una verdadera remoción desde el punto de vista del ejercicio del poder- de los jueces federales de la Capital Federal

Por su parte, los fiscales se encuentran menos desgastados que los jueces en la consideración política y comunitaria. Los federales, cuya interna con la SIDE es visible, tuvieron algunos inconvenientes para sacar la documentación de ese organismo de Inteligencia -demasiado vapuleado por escándalos en este último año-pero luego se llevaron varias carpetas que finalmente la gente de Becerra accedió a entregar aunque no se sabe si en esos «papers» se encuentran los contratos que se habrían firmado con las consultoras estadounidenses Ikon y Triunph que presiden Morris -también fue asesor del presidente norteamericano Bill Clinton y su mujer Hillary y del mexicano Vicente Fox-, y Mattie Lolavar. Esta ex socia de Morris denunció en un reportaje periodístico que la SIDE les había pagado (supuestamente) $ 1,6 millón con fondos reservados e involucró al propio De la Rúa. En base a esa nota, Iglesias hizo la denuncia.

Iglesias acusó a De Santibañes -antecesor de Becerra-de haberle pagado (presuntamente) a Lolavar unos $ 25.000 por mes y otros $ 200.000 mensuales a Morris para realizar tareas de «marketing político».
Esas técnicas globalizadas introducidas en el oscuro y alambicado ámbito del espionaje criollo acostumbrado a otro tipo de operaciones fueron denunciadas por Carlos Menem. El ex presidente acusó al norteamericano y a otros funcionarios -entre ellos al propio hijo presidencial Antonio de la Rúa, el publicista Ramiro Agulla o el número 2 de la SIDE, Darío Richart e-de ser parte de una presunta operación tendiente a desacreditarlo y a ventilar conversaciones telefónicas -obviamente grabadas aparentemente por la SIDE- con su hija Zulemita.
Obviamente, Morris negó tales acusaciones y de haber cobrado de la SIDE o de algún otro organismo gubernamental.

Consejero de campaña

En cambio, reconoció que cumplió funciones de consejero durante la campaña presidencial y que cobró del comando electoral. En su desmentida, Morris no habla de Lola-var, quien sostiene que renunció a Ikon porque se negó a cobrar de la SIDE, sino de Roger Stone, otro consultor de imagen que habría tratado de mejorar la óptica que tienen sobre la Argentina, muchos influyentes congresistas y funcionarios del gobierno de Estados Unidos.
De todos modos, Urso quiere saber si real-mente ese contrato existió y ayer allanó la central de la SIDE por primera vez, una audacia que en su momento resistió con éxito Hugo Anzorreguy.

Claro que el ex «señor 5» contó con la ayuda de un juez federal, un fuero que, ahora, le es esquivo al gobierno, fundamental-mente por los dobles mensajes que parten del Ministerio de Justicia a cargo del hermano presidencial, Jorge de la Rúa.

Entre hoy y el lunes podrá saberse si Urso pudo encontrar esos presuntos contratos y si la causa tendrá otras repercusiones políticas y judiciales.