Kirchner ahora quiere moderado en la Corte

Judiciales

La Corte Suprema de Justicia se ha convertido en uno de los problemas más mortificantes para el gobierno, sobre todo a partir de los dos fallos de repercusión política emitidos la semana pasada. Es decir, el que habilita la vía civil para los reclamos por accidentes de trabajo y el que anuló la convocatoria a una Asamblea Constituyente en Santiago del Estero. De repente, Néstor Kirchner despertó a la necesidad de contar con alguna interlocución con el tribunal. Y esto descubrió una nueva perspectiva para la designación del juez que debe reemplazar al renunciante Adolfo Vázquez, trámite que está previsto a más tardar para el 15 de octubre próximo. Emergen por eso nuevas candidaturas para esa vacante. La más potente era ayer la del procurador general de la Nación, Esteban Righi, quien tiene prácticamente asegurada la aprobación de su pliego en el Senado (cuestión que interesa especialmente al oficialismo, escrupuloso con que no se le enrostre esa pulsión cesarista que sirvió para estigmatizar a Carlos Menem). Otra, la del ministro de Justicia, Horacio Rosatti (quien ayer visitó al presidente de la Corte, Enrique Petracchi, para luego entrevistarse con Kirchner). Rosatti cuenta con antecedentes impecables para ejercer el cargo, salvo que se considere un demérito su relativa juventud (tiene 48 años). En el gobierno descartan -al menos por ahora-la postulación de Carlos Zannini, el fidelísimo secretario de Legal y Técnica, que ya en Santa Cruz pasó del Ejecutivo provincial a presidir el tribunal superior. El nombre de Ricardo Lorenzatti, un abogado y profesor santafesino, pierde potencia en este contexto, por más que cuente, supuestamente, con el aprecio de la senadora Cristina Fernández de Kirchner, a quien este civilista conoció este año en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado.

• Laboralista

A pesar de ser experto en derecho civil, Lorenzatti cuenta a su favor con sus antecedentes de abogado laboralista, condición desde la que abogó en favor de la UOM y del Sindicato de la Carne. También tiene 48 años.

Mientras se examina esta lista de candidatos a reemplazar a Vázquez, el gobierno aparece desafiado por amigos y adversarios en relación con la Corte. Un grupo de organizaciones no gubernamentales, entre las que se encuentran Poder Ciudadano (encabezado por Carlos March), el Centro de Estudios Legales y Sociales (que lidera Horacio Verbitsky) y también el constitucionalista Daniel Sabsay, aconsejaron al Ejecutivo reducir el número de jueces de la Corte de 9 a 7 miembros. La iniciativa fue recibida por Rosatti, quien aclaró que el gobierno analiza esa idea desde que se comenzó a vislumbrar la salida de Vázquez.

El achicamiento de la Corte es una bandera ligada a los valores defendidos por el gobierno en su inauguración: Kirchner apeló a la opinión pública por primera vez, pidiendo las cámaras de TV, para promover la salida de Julio Nazareno del tribunal, en aras de la independencia de poderes. Abreviar el cuerpo en dos miembros supone abstenerse de postular candidatos propios. O, en otras palabras, dejar al tribunal casi en su actual contextura, que se supone independiente.

Es una paradoja propia de la política pero este discurso resultaba interesante para la Casa Rosada cuando se suponía que los jueces, sobre todo los designados recientemente por el PJ -Juan Carlos Maqueda, Eugenio Zaffaroni, Carmen Argibay y Helena Highton de Nolasco-, no se mostrarían insensibles a algunas urgencias del poder político. Pero ahora la Corte hizo una exhibición olímpica de autonomía, tanto que cuando un ministro ensayó alguna forma de aproximación su diálogo apareció publicado en los diarios, como le sucedió al candoroso Alberto Fernández (ahora en el gabinete deben ponderar el precio de hostigar a Boggiano, el más discreto contacto con que contó el Ejecutivo desde que llegó a la Rosada). Con estos datos a la vista, la perspectiva de cristalizar el tribunal en su actual composición comienza a resultar poco aconsejable para Kirchner.

Sobre todo porque en sus inmediaciones comienza a sospecharse que, en el caso de Santiago del Estero, lo que hubo no fue independencia de criterio sino sensibilidad ante los intereses políticos de otro actor: Eduardo Duhalde. ¿Es verdad que el ex presidente indujo ese fallo que anuló la constituyente en la provincia de sus amigos los Juárez y que se sirvió para ello de un operador discreto, no muy lejano a la Casa Rosada? En el PJ bonaerense se ufanan de esa tesis.

Al Presidente y sus colaboradores inmediatos les resulta verosímil y casi irritante el interés de Duhalde por una Corte independiente (de Kirchner). Ponen la lupa en el proyecto que, en coincidencia con las organizaciones civiles que proponen la reducción a 7 ministros, presentaron varios diputados duhaldistas. Entre ellos Gustavo Ferri, el yerno del ex presidente, quien acompaña con su firma a los dos ex ministros de Justicia que tuvo Duhalde (Jorge Reynaldo Vanossi y Juan José Alvarez) y a quien fuera su viceministro del Interior, Cristian Ritondo.

• Incoherencia

Nadie es quién para determinar intenciones pero, con su iniciativa, estos diputados parecen pretender que el gobierno se obligue a practicar las virtudes que pregona. O, mejor, que pague el precio de la incoherencia. Kirchner tiene derecho a decir que esta forma de leer el proyecto es capciosa y que la prueba está en la firma de Rody Ingram, diputado por Chubut que milita en las filas del ultraoficialismo parlamentario. ¿O Ingram es un distraído?

Es probable que el gobierno adopte una vía intermedia. Es decir, que antes del 15 de octubre envíe al Senado la propuesta de un nuevo nombre. Y que a la vez elabore un proyecto de ley propio, que achique la Corte a 7 miembros pero a partir de una fecha inocua para los intereses del oficialismo actual. Esta estrategia es la que se afirmaba anoche en la Casa Rosada.

Para el primer objetivo crecía la candidatura de Righi, acaso por el consenso que su figura cosecha en el campo jurídico y académico y por el aprecio que manifestaron hacia él los senadores, cuando trataron su pliego de procurador general de la Nación. Como es obvio, si algo no puede permitirse Kirchner es que por designar a un juez cercano se le reproche, a él también, una Corte adicta.

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