La Argentina gasta más en Justicia que los EE.UU., pero es ineficiente

Inversores consideran que la Justicia argentina padece de una organización inadecuada, tiene leyes desactualizadas y le falta introducir nueva tecnología informática. Reclaman una reforma judicial para lograr que funcione con eficacia. Según un estudio, el gasto en Justicia es mayor que el de Estados Unidos o España y muy por encima de Alemania y Japón.

La desconfianza en el sistema judicial se ha convertido en un aspecto que está provocando mucha preocupación en los inversores y, según analistas económicos, tendrá decisiva influencia en la debilidad o la fortaleza con que emerja el presidente De la Rúa de la crisis institucional provocada por las denuncias de coimas en el Senado.

El tema judicial está siendo observado con mucho cuidado en el sector empresarial. Inclusive, fue motivo de un detenido análisis, en la última reunión del Instituto de Desarrollo Empresario Argentina (IDEA) días antes de la catarata de renuncias en el gobierno de la Alianza.

Los empresarios advierten que el Poder Judicial dista de ser eficiente, pese a que la Argentina destina más recursos que Estados Unidos o España con una Justicia mucho más respetada y creíble. Consideran que la fuerte ineficiencia es producto de una organización inadecuada, de normas procesales desactualizadas y de la falta de introducción de nuevas tecnologías informáticas.

De un estudio realizado por FIEL, que midió el impacto de la eficiencia judicial, se pueden extraer que el gasto en Justicia en la Argentina -medido en porcentaje del Producto Bruto Interno (PBI)- es mayor que el de Estados Unidos (0,31), España (0,26) y muy por encima de Alemania, y Japón (ver gráfico).

Más comparaciones: mientras en Estados Unidos hay 14.500 causas y en España 10.300 cada 100 mil habitantes; en la Argentina sólo existen 5.800. Otro indicador que demostraría la escasa eficiencia en la administración de justicia está dado por la cantidad de empleados por juez: Estados Unidos 10,8; la Argentina 16,3 y España 10,2.

Para el economista y consejero Económico de FIEL, Manuel Solanet, «la Argentina necesita de una reforma judicial para lograr que funcione con eficacia y no resienta las inversiones».

Advierte que «la seguridad jurídica es un factor esencial para la competitividad» y que la falta de ésta «aumenta el riesgo político». Por caso, se han desarrollado y se publican rankings internacionales de competitividad, como los del International Institute for Management Development (IMD) y el World Economic Forum, que los inversores tienen muy en cuenta a la hora de medir la calificación que reciben los países en esos ordenamientos. «La calidad y confiabilidad del Poder Judicial es un factor relevante en esas evaluaciones», apuntó Solanet. Acotó que en un país con dificultades fiscales, como es el caso de la Argentina, el riesgo de cambios de reglas tributarias o el riesgo de expropiación es más alto. «Por eso hace falta, con mayor razón, un sistema judicial confiable.»

Reglas propias

Hace dos años, FIEL encaró un estudio sobre el impacto en el costo y el uso del crédito por las deficiencias en los sistemas judiciales de provincias.

La encuesta -dirigida a empresarios e inversores-determinó que los principales obstáculos a las inversiones eran: la inestabilidad de las reglas impositivas y aumento de tasas; arbitrariedad de las sentencias judiciales; dificultades para interpretar las leyes y normas; coexistencias de provincias con normas diferentes; demoras judiciales; obstáculos burocráticos; discrecionalidad de gobierno y alto costo de litigar.

Dado que en el sistema argentino hay una alta morosidad, la recuperación por vía judicial es un elemento clave para la eficiencia del crédito y repercute sobre la tasa de interés. Los hechos han demostrado una particularidad que, por lo menos sorprende: los costos judiciales teóricos de recuperación de créditos varían de acuerdo a las provincias.

Así por ejemplo hay provincias «baratas» como el caso de Chubut, Neuquén, La Rioja, Tierra del Fuego, Santa Cruz, Tucumán, Chaco, Catamarca, Jujuy, Corrientes y Capital Federal, con un costo teórico menor a 5% del monto a recuperar como, por ejemplo puede ser, en el caso de un secuestro prendario de $ 20.000.

«Intermedias», como Formosa, Buenos Aires, San Luis, Río Negro, Santiago del Estero, Entre Ríos (con un costo de 5 a 8%), y «más costosas» como Córdoba, Mendoza y Santa Fe (con un costo de más de 8%).

«La diferencia entre los extremos es de 5 por ciento. Si se considera una proporción media de 3 por ciento de cartera morosa, el impacto de esa diferencia sería de 0,15 por ciento en el spread financiero medio.

Lo que equivale, aproximadamente, a una décima parte de un spread normal», calculan los economistas.

Otro agravante; es frecuente la falta de conocimientos de los jueces en los temas financieros complejos y se nota cierta influencia de la política local sobre los juzgados de las provincias, lo que hace suponer a los empresarios cierto favoritismo hacia el litigante local.

También se destacó como importante para la inversión y el crecimiento económico, la existencia de un sistema legal y judicial que promueva relaciones adecuadas entre empresas y el trabajador.

En tal sentido, la Argentina se caracterizó por una alta litigiosidad en este campo y por una Justicia laboral que se presumía sesgada en contra del empleador. Los riesgos derivados de acciones por enfermedad laboral llegaron en un momento a disuadir numerosas iniciativas de inversión. Estas objeciones se han atenuado significativamente en los últimos años. La litigiosidad se ha reducido drásticamente luego de la creación del sistema de aseguradoras de riesgo de trabajo.

De mal en peor

La seguridad de los ciudadanos y de los bienes es otro de los aspectos que genera desconfianza en los inversores. En tal sentido, el crecimiento de la inseguridad en los últimos años está considerado como un factor que desalienta la radicación de las inversiones extranjeras.

El sistema judicial presenta varias grietas que son seriamente evaluadas: hay lentitud y dificultad procesal con congestionamientos en los juzgados; hay fuertes críticas por la levedad de las penas y las cárceles están superpobladas con un alto porcentaje de procesados sin condena firme.

A la hora de las evaluaciones esta situación constituye un serio riesgo, que por ahora no ha sido modificado pese a la sucesión de hechos que han conmocionado.

Sin embargo, según el economista Solanet, existe una salida, que pasa por una renovación del sistema judicial cuyos pilares sean la reforma de leyes procesales y laborales, de instrumentar cambios informáticos y de organización.

En ese sentido la creación del Consejo de la Magistratura ha sido importante, pero los empresarios entienden que debe tener alcance a otros fueros para que sea eficiente en la designación y remoción de los jueces. También consideran que es importante para la inversión y crecimiento económico, la existencia de un sistema legal y judicial que promueva relaciones adecuadas entre la empresa y trabajador. Si bien destacan la reducción drástica de la litigiosidad luego de la creación del sistema de aseguradoras de riesgo de trabajo, creen que este tipo de medida debe extenderse a otros fueros como también debería alentarse la mediación y el arbitraje.

«Es momento de impulsar una reforma judicial capaz de revertir esta situación y con una visión diferente. Una Justicia que actúe rápido y eficientemente», sostiene el economista de FIEL.