Aumentó sensiblemente el malestar entre los uniformados de las Fuerzas Armadas, después de conocerse el fallo de la Corte que declara inconstitucionales las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Las consecuencias en términos de afectados son desconocidas, aunque se estima que no bajarán de 3.000 los que serán citados a declarar en los estrados judiciales. Lo cual es el primer paso en términos jurídicos. Después se verá si son procesados o no; y finalmente si de esos procesos surge condena de prisión efectiva.
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Se le atribuye al gobierno haber marcado un límite en el número de los condenados: que no pasen de 400. De hecho, se están construyendo cárceles militares en Campo de Mayo y en Puerto Belgrano. En tiempos de Raúl Alfonsín se sabía; y su ministro de Defensa, Horacio Jaunarena, se cansó de explicar lo de los niveles de responsabilidad en la guerra contra la subversión, que quería acotar los enjuiciamientos.
Claro que las razones judiciales no siempre coinciden con las razones políticas. Y bastó que un mayor (Ernesto Barreiro) se refugiara en una unidad militar cordobesa para que el entonces ignoto teniente coronel Aldo Rico tomara la Escuela de Infantería dando inicio a aquella Semana Santa de 1987, que terminó con el presidente deseando ¡Felices Pascuas! desde el balcón de la Casa Rosada.
En el dictamen del procurador general de la Nación, Esteban Righi, en su opinión en favor de la inconstitucionalidad de esas leyes aprobada por el Congreso, abrió el paraguas afirmando taxativamente: «Sin desconocer las atribuciones del Parlamento para dictar amnistías». Después de todo, Righi era el ministro del Interior de Héctor Cámpora el 25 de mayo de 1973. Al asumir ese gobierno, el Congreso dispuso una amnistía que abarcó a los delincuentes terroristas condenados por el fuero federal creado para entender en esas causas y terminó liberando hasta los presos comunes de las cárceles.
• Animadversión
Hablando con distintos niveles de mandos de las FF.AA., particularmente en el Ejército y la Armada, se percibe animadversión hacia el gobierno que no se alimenta sólo de lo ocurrido hace 30 años. La situación salarial no es la mejor, y la promesa de aumentos antes o inmediatamente después de las elecciones del 23 de octubre no los predispone bien. Son muchos los que se sienten vapuleados por el poder político. La pregunta que se hacen es ésta: «¿Quién va a ser el interlocutor válido para el poder político?» Los generales no existieron en el '87. El general Roberto Bendini no pareciera estar en condiciones de contener a su institución. Menos aún después del sonado episodio que tuvo por protagonista a María Cecilia Pando, la mujer del mayor Pedro Rafael Mercado.
El Congreso además no cuenta, y en la Corte, su titular, Enrique Petracchi, ya firmó en una oportunidad la validez y constitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Aun cuando hoy se hubieran producido hechos nuevos que justificaran el cambio de frente, quien se siente amenazado ante el reverdecer de los '70 no se siente tranquilo.
Y si no, se siguen interrogando mientras se cambian de ropa de civil para salir franco, ¿cuál es la razón por la que la Casa de Gobierno y el Palacio de Tribunales están vallados? ¿El poder político teme que ambas sedes -para no mencionar al Congreso que vive hace años vallado- terminen ocupadas por los manifestantes?
