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Moliné pide que Zaffaroni declare en su juicio político
Eugenio Zaffaroni probablemente volverá al Senado si los legisladores lo aceptan como testigo a pedido del juez Eduardo Moliné O'Connor. Zaffaroni -a punto de incorporarse a la Corte Suprema- deberá explicar, como conocedor del Derecho, si fue razonable el fallo que la Corte emitió sobre el caso Macri. La propuesta tiene lógica, porque los senadores basaron el arbitrario juicio político y la suspensión de Moliné precisamente por sentencias que firmó. La solicitud será estudiada mañana, cuando se reúna la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara alta, que quiere cerrar el caso Moliné antes del 10 de diciembre.
El juez de la Corte Suprema Eduardo Moliné O'Connor le ha pedido al Senado, que lo enjuicia, que cite al nuevo magistrado Eugenio Zaffaroni para que opine sobre el caso Macri.
La defensa de Moliné O'Connor presentó pedidos de apertura a prueba de carácter instrumental, informativa, testimonial y pericial.
El reglamento de la Cámara alta establece que en caso de que los integrantes de la comisión emitan un dictamen rechazando alguno de los pedidos deberá ser refrendado en el plenario de senadores con el voto afirmativo de dos tercios de los presentes.
En la lista de testigos ofrecida por Moliné figuran: el presidente Néstor Kirchner, los ministros de Justicia, Gustavo Béliz, y de Economía, Roberto Lavagna, y también Zaffaroni.
El abogado Gregorio Badeni exige que a Zaffaroni se lo consulte sobre «cuestiones del derecho penal» referidas a la causa Macri y si el fallo se ajustó a derecho.
En tanto que el pedido de Kirchner está fundamentado «en su conocimiento de los casos Macri, Meller y Magariños, las tres causas por los cuales Moliné es acusado, «así como sobre las expresiones que emitió respecto de nuestro defendido y sobre los criterios que utilizó para la integración del Superior Tribunal de la Provincia de Santa Cruz», consideró el abogado.
En cuanto a Béliz, por las expresiones públicas que realizó sobre el acusado, mientras a Lavagna se le pedirá una opinión sobre su participación en el caso Meller.
Se estima que todos los pedidos serán rechazados, porque inclusive la Comisión Acusa-dora planteó su oposición al ofrecimiento de prueba testimonial de la defensa y, además, el tiempo apura.
La lista, de casi medio centenar de testigos, la completan numerosos jueces y camaristas que intervinieron en las distintas instancias de la causas Meller y Macri, como también los abogados particulares intervinientes.
Badeni incorporará como pruebas documentos que demuestran que los integrantes de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados nunca tuvieron acceso al expediente judicial de las causas Macri y Meller. Todo apunta a mostrar irregularidades en el proceso de enjuiciamiento que terminó con la suspensión del ministro de la Corte.
Justamente, el pasado viernes, Moliné apeló la suspensión dispuesta por el Senado y advirtió que esa medida no está contemplada en la Constitución.
En un escrito de 100 carillas dirigido al presidente del Senado, Daniel Scioli, el abogado Badeni calificó de «arbitraria» la decisión de suspender a Moliné en el cargo y advirtió que esa facultad no está prevista en la Constitución. Además, de poner especial atención a las siguientes cuestiones:
• la facultad de suspender noestá prevista en la Constitución nacional para los jueces de la Corte, por lo que no puede ejercerse. Sólo está prevista para los jueces inferiores en manos del Consejo de la Magistratura.
• En la Ley 24.937 se dispone que «queda asegurada la garantía de independencia de los jueces en materia del contenido de las sentencias» (art. 14), lo que excluye toda «verosimilitud del derecho» para suspender.
• Las tres decisiones o han sido convalidadas en sus fundamentos por normas jurídicas (Meller, Decreto N° 431/ 03), o se apoyan en normas vigentes (Macri, art. 14 Ley 23.771; Magariños, Acordada 52/98), por lo que no hay «verosimilitud del derecho».
• Las mismas decisiones que originan el enjuiciamiento del Dr. Moliné O'Connor fueron firmadas por otros cinco y seis jueces.
• La Comisión de Juicio Político no ha encontrado fundamento en esos mismos fallos, ni siquiera sustento para iniciar un procedimiento de remoción; por lo tanto, si las resoluciones, en sí mismas, no bastan para hacer una denuncia, menos pueden servir para firmar una gravísima medida, como es la suspensión. Al contenido de las resoluciones no se le ha agregado nada desde que ingresaron las denuncias en la Comisión de Juicio Político.
• Si se pretendiese aplicar inconstitucionalmente la suspensión preventiva con respecto a los jueces de la Corte, no se configuran en este caso los recaudos de verosimilitud del derecho y peligro en la demora.
• La suspensión dispuesta no solamente vulnera el principio de inamovilidad, sino también el de la intangibilidad de las remuneraciones de un juez.
• Decisión
El Senado será el encargado de decidir si acepta el recurso extraordinario del magistrado y lo envía a la Corte Suprema, donde se deberá resolver el planteo.
El mismo viernes ese Tribunal sorteó a los conjueces que actuarán en los planteos presentados Moliné. Los conjueces deberán pronunciarse sobre la licencia pedida por el ministro, la recusación contra la primera dama y contra la decisión del Senado de suspenderlo en sus funciones.

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