Nueva Corte: apura pago de Ganancias y "anticajoneo"

Se mueve con soltura el supremo juez Enrique Petracchi, enfundado ya en el traje de presidente de la Corte Suprema. Por eso, mañana buscará que el resto de sus colegas apruebe una acordada «anticajoneo» de expedientes de su creación. Una reivindicación del «viejo Tribunal», que supo presidir, y una presentación en sociedad de los cambios que se avecinan en la cabeza del Poder Judicial.

Será también la antesala de otro proyecto que el mismo Petracchi piensa impulsar: que los jueces paguen Impuesto a las Ganancias. Una iniciativa que no ha caído demasiado bien entre los magistrados, pero que el Ejecutivo ve con beneplácito porque significará varios millones más de ingreso al fisco.

Aunque no estarán ni Eduardo Moliné O'Connor, ni Guillermo López, el ministro Petracchi ya se habría asegurado los cinco votos necesarios para dar vida a la acordada que obliga a hacer público el movimiento de las causas judiciales dentro del Tribunal y permite a los abogados consultar en qué estado se encuentra un expediente. Aseguran que así se evitarán denuncias por «cajoneos» y sospechas de corrupción en el Tribunal.

Además de Petracchi y de Augusto Belluscio (nominado vicepresidente de la Corte a partir de enero), estamparían su firma en el proyecto el decano juez Carlos Fayt, Juan Carlos Maqueda y Eugenio Zaffaroni. Están en duda los votos de Antonio Boggiano y Adolfo Vázquez, los dos jueces más distanciados de Petracchi.

«A diferencia de lo que sucede en las causas en estado de dictar sentencia radicadas ante las instancias inferiores, esta Corte no permite el acceso a la información sobre el orden en que toman intervención los señores jueces ni acerca del lapso en que los expedientes permanecen en cada una de las vocalías durante la circulación», advirtió Petracchi en el proyecto que pretende modificar las reglas que imponen restricciones al movimiento de las causas.

En caso de aprobarse -como se descuenta que ocurrirá-, se volverá a un mecanismo que se aplicó hasta poco después de diciembre de 1989, cuando la Corte estaba integrada por cinco miembros. Después de la ampliación, esa mecánica dejó de utilizarse.

Se recordaba, la semana pasada, un caso ocurrido en 1993, cuando en la vocalía de Boggiano desapareció un expediente con una sentencia que fijaba altísimos honorarios a un abogado y comenzó a tramitarse de cero.

Pero la discusión que amenaza con producir diferencias serias en la remozada Corte Suprema es la intención de Petracchi de obligar a los jueces a tributar Ganancias, un impuesto del cual hoy están exentos.

El nuevo presidente del Tribunal ya hizo pública su opinión de apurar una resolución en ese sentido. Lo manifestó el viernes -lo adelantó este diario- durante una reunión con seis organizaciones no gubernamentales (ONG) y es casi seguro que la discusión sobre la espinosa cuestión se reinstalará mañana.

• Cruzada

El pago del Impuesto a las Ganancias formó parte de la cruzada contra los jueces y funcionarios judiciales que emprendió Eduardo Duhalde y que terminó en el fracaso.

Aunque el bonaerense logró arrancarle a Diputados un dictamen favorable, el proyecto entró en vía muerta en la Cámara alta. Parece ser que ahora el Senado estaría dispuesto a aprobarlo y sólo espera que el Ejecutivo le baje la orden. El tema debería tratarse antes de que finalice el año, es decir antes de que pierda trámite parlamentario.

El impuesto a los jueces significa para Economía una recaudación de 80 millones de pesos anuales, por eso se quiere apurar su tratamiento tanto en el Senado como en la Corte. Sobre todo en este último bastión, donde fue resistido con fiereza en 1996 un proyecto similar aprobado por el Congreso. En el alto tribunal ya no existiría esa resistencia, y por los dichos de Petracchi se vería con buena cara que los jueces comiencen a pagar impuestos como todos los mortales. Y las disidencias que puedan existir podrían terminar subsanándose por un atajo: puede ocurrir que los supremos terminen definiendo la base imponible sobre la cual tienen que tributar los jueces y funcionarios judiciales.

Las ONG sostienen que, si bien es cierto que la Constitución establece la intangibilidad de las remuneraciones de los jueces, esto no puede interpretarse como una excepción al pago de impuestos.

Es sobre la intangibilidad de los salarios, el punto sobre el cual pretenden cabalgar algunos jueces que no están dispuestos a que se les derogue esta exención porque se lo ve como una reducción de sus salarios que termina afectando su independencia. Son los que estarían dispuestos a llevar sus planteos a la Justicia, aunque si la Corte apoya que se tribute, los caminos a la protesta están prácticamente cerrados.

Sería ése uno de los motivos por los que ya la Asociación de Magistrados sostiene que, de aplicarse la obligación impositiva, debería ser para los nuevos jueces, como se hizo en 1938.