Nueva demora en fallo sobre devolución de ahorros

La primera reunión de la Corte Suprema con el debutante, Eugenio Zaffaroni, como nuevo integrante dejó en claro dos cuestiones: 1) la presidencia del cuerpo continuará en manos del juez decano Carlos Fayt (por lo menos hasta marzo), y 2) no habrá un fallo sobre la pesificación de los depósitos de los ahorristas, al menos hasta después de la feria judicial.

Las aspiraciones pesificadoras del juez Antonio Boggiano deberán esperar hasta esa fecha por la simple razón de que Zaffaroni ya adelantó su postura de escuchar a los ahorristas y a Economía antes de firmar una sentencia sobre el sensible tema. Es lo que traduce su frase de ayer: «Me voy a tomar un tiempo para estudiar la causa». Cierto es que nadie imagina a este juez votando a favor de una dolarización.

El penalista tenía asumida esta posición el mismo día que prestó juramento y la ratificó ayer en las puertas de los Tribunales, minutos antes de compartir con sus colegas el habitual acuerdo ordinario de los martes.

El penalista volvió a insistir en que la «pesificación» (defendida en un proyecto de fallo que adelantó el viernes este diario en primicia exclusiva) y las leyes de Obediencia Debida y Punto Final deben ser los temas más urgentes a tratar por la Corte, pero en ambos casos se mostró prudente en no apurar una definición.

• Definición

Actualmente, las leyes del perdón están siendo estudiadas por la Cámara Nacional de Casación Penal, que deberá luego remitir a la Corte un pronunciamiento sobre la validez o la inconstitucionalidad de ambas normas, y también sobre la legalidad de la anulación dispuesta por el Congreso.

Se estima que los jueces de ese tribunal de alzada recién podrían tener una definición a fines de diciembre del año próximo.

Sobre los recursos de amparo, Zaffaroni reiteró que, antes de elaborar su voto, hablará con todos los grupos que representan a los ahorristas y también tendrá en cuenta «cuál es la perspectiva del Ministerio de Economía».

En tanto, insistió con su idea de hacer cambios en el funcionamiento del máximo tribunal al señalar que «una Corte de control constitucional no puede ser una Corte de unificación de jurisprudencia, son estructuras diferentes».

«Hay unas cuantas cosas que cambiar en la Corte, creo que no debe hacer casación en la forma en que lo hace. Una Corte de control constitucional no puede ser Corte de unificación de jurisprudencia, son estructuras diferentes.»

En ese criterio coincide con Fayt, quien desde que asumió cargó contra el mecanismo de «taponar» a la Corte con expedientes que por año llegan casi a 15 mil causas.

Tanto Fayt como Zaffaroni se han pronunciado por limitar el número de causas que llegan al alto tribunal y por la creación de una Cámara de Casación Federal.

Desde que desembarcó en la Corte, Zaffaroni se ha ocupado de armar su equipo de trabajo y de designar a sus secretarios (entre los que, por ahora, no está su socio Jacobo Grossman) y colaboradores. Ha elegido a dos funcionarios judiciales que estaban en el Consejo de la Magistratura. Un gesto que gustó en la Corte, que ve con antipatía todo ingreso de tropa ajena.

También, se ocupó de aclarar a los periodistas que el trato que les dispensa el resto de los supremos ha sido amable y cordial (¿habrá pensado que lo iban a perseguir o a maltratar?).

En estos dos días se ha visto en su despacho a unos cuantos asesores que supieron desempeñar tareas en el Consejo de la Magistratura y algunos de los empleados que supieron trabajar con Julio Nazareno.

Según algunas versiones del Palacio de Tribunales, es intención de Zaffaroni que esos empleados continúen en las mismas tareas pese al cambio de jefe.

Pero no fueron éstas las únicas cuestiones que involucraron al novel supremo: también recibió su primera recusación como integrante de la Corte. Ayer fue recusado en la causa en la que se investiga el crimen de Walter Bulacio, debido a que uno de los imputados consideró que no impulsó la derogación de normas que permitían la detención de menores.

El pedido de apartamiento fue formulado por el abogado Pablo Argibay Molina, defensor del ex comisario Miguel Angel Espósito, quien estuvo acusado de la privación ilegal de la libertad de Bulacio.

En el escrito entregado en la Corte, Argibay Molina señaló que Zaffaroni «tiene interés directo en el resultado de la causa» porque, cuando se desempeñó como juez, avaló el llamado «memorando 40», por el cual se dispuso una metodología de tratamiento de los menores fuera de la ley.

Según el letrado, «queda de manifiesto que (Zaffaroni) no puso la debida diligencia en descubrir la existencia» de ese memorando, «que por invento de dos jueces correccionales de menores venía funcionando desde 1967, violando toda norma legal».

«Queda en claro que si fue juez federal y camarista, su preocupación no fue mucha, ya que, de haber puesto la debida diligencia en sus cargos y respetuoso, como se dice, de los derechos humanos, esa práctica no hubiera existido, se habría derogado y hoy Walter Bulacio seguramente estaría vivo», subrayó Argibay Molina.