Con Héctor Recalde en la Cámara de Diputados como representante de la CGT y con Carlos Tomada, ex defensor de gremios, en el Ministerio de Trabajo, no debe sorprender el dato. Este año, los juicios laborales a empresas superarían los 12.300 casos. Es récord. Para 2007 se proyectan 18.800. Buscando proteger a empleados, terminan afectando a quienes están desocupados. Ya hubo signos de un freno en la creación de puestos de trabajo. Es lo que sucedió en el tercer trimestre. El empleo en negro sigue por encima de 40%. Preocupante.
En los primeros diez meses del año se iniciaron 9.422 juicios por accidentes laborales. La cifra representa un aumento de 80% respecto de un año atrás. Como adelantara este diario, las proyecciones privadas para todo 2006 indican que el total de demandas superaría los 12.300 casos. De modo que la tendencia creciente de los últimos años (+32% en 2004 y +77% en 2005) se mantiene e intensifica en 2006.
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Esto confirma además que la industria del juicio retornó a escena con nuevos bríos, conspirando contra la creación de empleo y complicando la supervivencia de las pequeñas y medianas empresas por el aumento de los costos extralaborales.
Según estimaciones de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART) los juicios sumarían 12.336 este año y 18.800 en 2007. Si bien no resulta sencillo cuantificar el impacto económico, por el aumento del costo del seguro que las empresas contratan con las ART, un informe del estudio Marcú y Asociados evaluó que de no sancionarse una reforma al sistema los costos técnicos para afrontar entre 20.000 y 30.000 sentencias anuales se ubica entre 4,6% y 5,83% de la masa salarial. Esto implicaría más que una duplicación de los costos de las pólizas actuales.
Estudio
A continuación se presentan más datos de un estudio de la UART:
En función de la experiencia que implicó el colapso de la ley anterior, de los datos de la situación actual y de los fallos de instancias inferiores a la Corte Suprema, se deduce que se ha instalado un proceso de masificación judicial.
En la medida que la dinámica de la litigiosidad se consolide, los valores involucrados dejarán la categoría de muy elevados para entrar en dimensiones no administrables.
En 2005 se presentaron casi 7.000 nuevas demandas. En función de la información relevada para los primeros diez meses de 2006 se estima que podrían superar las 12.000 demandas judiciales anuales.
La mayor parte de los juicios se produce una vez que se extingue el contrato de trabajo. Esto afecta, sobre todo, a las empresas más pequeñas por su alta tasa de rotación de personal.
La proyección más conservadora para 2007 es de 18.800 nuevos juicios. Si en lugar de asumir una tasa de crecimiento de 52%, se mantuviera cercana a 80% actual, la cantidad de juicios proyectada para 2007 ascendería a 22.000.
Durante los primeros diez meses de 2006 se iniciaron 9.422 casos, representa un aumento de 80% respecto de igual período de 2005 y 202% respecto de 2004.
Del análisis por jurisdicción surge que, durante los primeros diez meses del año, la provincia de Buenos Aires (28%) encabeza el listado de jurisdicciones con más reclamos judiciales, seguida por Córdoba (21%), Ciudad de Buenos Aires (18%) y Santa Fe (16%), siendo esta última la que presenta el mayor aumento de casos durante este año.
El 90% de los casos se ha registrado en sólo cinco jurisdicciones. Se observa que la participación porcentual en el total de casos de las provincias de Córdoba, Mendoza y Santa Fe, superan largamente su participación en la distribución de los trabajadores cubiertos, indicando una mayor propensióna la litigiosidad en esas provincias. El caso más notable es el de Córdoba, donde la relación es de 3 a 1.
Los reclamos más frecuentes son los relacionados con el alcance de la ley de ART (prestaciones, porcentajes de incapacidad, amparos) que representan poco más de la mitad de los juicios iniciados durante este año. Luego, 43% se refiere a reclamos por la vía civil.
A pesar de la incertidumbre, sigue siendo alto el nivel de confianza de empleadores y de trabajadores respecto del nivel de servicio de las ART, en ambos casos supera 80%, según una encuestadel SEL.
El aspecto cuestionado entre los trabajadores fue el monto de las indemnizaciones. El 50% consideró que las indemnizaciones recibidas son bajas o muy bajas y de este grupo 40% piensa recurrirlas por vía legal.
El 78% de los trabajadores accidentados afirmó que prefiere soluciones por vía administrativa en lugar de alternativas judiciales.
Las empresas encuestadas emplean en su conjunto 250.000 trabajadores y 27% de ellas declararon haber sido demandadas civilmente luego de un accidente, reconociendo que las demandas aumentaron a partir de setiembre de 2004.
A la fecha de sanción de la reforma se había acumulado un stock de más de 50.000 juicios, y a diez años de su derogación quedan todavía más de 2.000 juicios pendientes. Esto refleja que la resolución de las controversias insumen años y sugiere que una vez montadas las condiciones para el desarrollo de la litigiosidad masiva,su exteriorización puede necesitar un tiempo prolongado y su resolución completa, desde el momento que se toman las medidas correctivas seguramente demanda más de una década.
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