Para ombudsman, la Policía no debía cuidar Cromañón

La investigación sobre la tragedia ocurrida en el local República Cromañón avivó una polémica política, con graves cruces entre funcionarios y los que lo fueron, en medio del desarrollo del expediente que ayer contó con la tercera indagatoria a quienes ocupaban cargos en el área de control al momento del incendio. El juez Julio Marcelo Lucini ordenaría otros careos la semana próxima, entre el plantel de funcionarios que está indagando, los que conformaban la cúpula de la Subsecretaría de Control del Gobierno porteño, encargada de inspeccionar los comercios de toda la Ciudad de Buenos Aires.

Ana María Fernández, ex adjunta de esa área, aseguró que cuando tuvo a cargo la Dirección de Fiscalizaciones, sólo contaba con 75 inspectores con poder de Policía. La ex funcionaria fue indagada ayer durante cerca de 8 horas y aunque negó que tuviera responsabilidades por sobre los inspectores de acuerdo con la tarea que desarrollaba, el magistrado insistió en conocer cómo funcionaba la subsecretaría. Al momento de ocurrir el incendio, según declaró

Fernández, que fue acompañada de su defensor Nicolás Cavalli, su función era ajena a las inspecciones, tras un recorte de facultades que le había hecho Gustavo Torres, ex director general de Fiscalización también acusado del presunto delito de homicidio culposo, igual que Fernández y Fabiana Fiszbin, jefa de ambos. Es decir, los tres cargos principales de esa subsecretaría lo tenían la ibarrista Fiszbin, Torres -a quien se le atribuye amistad con Alberto Fernández- y Fernández -referente del Partido de la Ciudad que conduce el legislador porteño Jorge Giorno. Fiszbin dijo que sobre las inspecciones tenía injerencia la Dirección de Fiscalización, es decir Torres o Fernández de acuerdo al momento.

La Justicia ordenó ahora un careo entre la ex subsecretaria de Control Comunal, Fiszbin, y el defensor adjunto Atilio Alimena, quien asegura que advirtió al Gobierno porteño, mucho antes de la tragedia, sobre habilitaciones irregulares de boliches bailables en la Ciudad. Alimena respondió ayer a las acusaciones de la ibarrista que lo tildó de mentiroso en su declaración indagatoria. Al cruce salió el legislador Jorge Enríquez. Fiszbin le explicó el martes al juez que Alimena contó con un listado de boliches en infracción en febrero de 2004, pero que lo remitió recién en mayo a la subsecretaría. Por entonces, Cromañón todavía tenía habilitación de Bomberos, la que se emite por las condiciones de seguridad contra incendios.

Fiszbin dice que Alimena en esos meses «no hizo nada» y que si después también contó con listados mensuales de esas irregularidades debía clausuras porque podía hacerlo en su carácter de defensor del pueblo.

«Está ejerciendo su legítima defensa, esta señora, que lamentablemente tiene responsabilidades, la Justicia dirá en qué grado, se ve inmersa en una inexistencia del Estado al momento del hecho.»

Dijo, ayer en un recorrido radial, que él le pedía a Fiszbin que «el jefe de Gobierno tomara la decisión de firmar un decreto y paralizar la actividad».

Por otra parte, el defensor se refirió a las acusaciones de Fiszbin contra la Policía, ya que la ex funcionaria dijo que los dos agentes que estaban en la puerta del local eran quienes debían controlar las contravenciones, como ingreso con pirotecnia o la cantidad de personas que entraban.

• Solicitud

Dijo Alimena que la «única función» de la Policía Federal en la Ciudad «es preservarnos de los ilícitos, o sea de los actos criminales o de robo y la de controlar el tránsito en tanto y en cuanto lo convenga con el Gobierno de la Ciudad. ¿Si tenía que controlar la Policía, para qué había una subsecretaría», remató el defensor.

Al cruce de esas declaraciones salió el titular de la Comisión de Seguridad de la Legislatura porteña, Enríquez, quien solicitó indagar al jefe de los fiscales por la ausencia de los mismos aquella noche. «Alimena no puede desconocer que en el sistema contravencional porteño, la Policía Federal es la autoridad a cuyo cargo está la comprobación de las transgresiones al Código, acorde lo dispone el artículo 16 de la Ley 12», explicó Enríquez. «En la noche de Cromañón fueron varias las violaciones al Código Contravencional», continuó el legislador y dijo que el defensor «debe tener presente que por la Constitución local debe velar por los derechos y garantías de los habitantes, frente a los actos u omisiones de las fuerzas que ejerzan funciones de Policía de Seguridad».

Por otra parte, los familiares del periodista Luis Santana, muerto en la tragedia solicitaron que se incorpore al expediente tres cartas documento en las que advertían al jefe de Gobierno porteño sobre los riesgos de un episodio similar en otro local bailable.

Las cartas habrían sido enviadas el 13 y el 22 de octubre y 3 de noviembre de 2004, para indicar peligros que supuestamente se corrían en el local Bronco, del barrio porteño de Constitución.