Presión política provocará éxodo en jueces federales

Hoy, al reanudarse la actividad judicial, se revelará la existencia de una ofensiva política sobre los jueces federales -Poder Ciudadano hará mañana un abrazo al Palacio de Justicia con este motivo, al mejor estilo de las protestas gremiales del moyanista Julio Piumatto- que podría culminar con el alejamiento de varios de ellos antes de las estratégicas elecciones legislativas de octubre próximo. Adolfo Bagnasco y Gustavo Literas ya anticiparon -como lo publicó este diario-que renunciarán a sus cargos antes de que finalice el primer trimestre del año, mientras que la permanencia de Norberto Oyarbide -con licencia psiquiátrica y acusado en el Senado por presunto mal desempeño-se hace insostenible.

A ello se suma el posible ascenso de Gabriel Cavallo, que se postula para camarista federal, con lo que son cinco los despachos que quedarían vacantes, en lo inmediato, en el más importante tribunal judicial con afectación directa en la vida política que tiene el país. A este número se llega porque debe cubrirse, también, la vacante que dejó Carlos Branca, el único juez en ese fuero que propuso el radicalismo durante el anterior gobierno de Carlos Menem.

A su vez, Carlos Liporaci ve disminuir sus posibilidades de defensa -pese a sus intentos de no renunciar-y acrecentar el fantasma de la suspensión por parte del Consejo de la Magistratura y ser remitido al Jury de Enjuiciamiento, esperándose para este martes un pronunciamiento adverso de la Comisión de Acusación. Hasta diciembre, ese cuerpo fue presidido por el diputado Pablo Fernández, un frepasista de La Pampa que se reporta a Carlos Chacho Alvarez, quien -paradójicamenteen los comienzos de la causa del presunto cobro de sobornos por parte de los senadores, le hizo llegar al juez cuestionado, desde las cámaras de televisión, su apoyo político.

Tampoco benefició a Liporaci el cambio de presidencia en esa comisión, ya que la peronista salteña cercana al gobernador Juan Carlos Romero Lelia Chaya no reúne el número necesario para modificar una decisión ya tomada: este martes habría dictamen en contra, y su pase al plenario del Consejo para que decida su enjuiciamiento por parte del Jury, un tribunal que suele diferenciarse del Consejo por no tomar determinaciones sobre la base de motivaciones políticas pero, a diferencia del juicio a Ricardo Bustos Fierro de Córdoba, Liporaci no cuenta con las simpatías de la corporación judicial, al menos el grueso de la dirigencia de la Asociación de Jueces y Magistrados.

Presión

Pero si, además, se entiende que Jorge Urso, Claudio Bonadío y Rodolfo Canicoba Corral el año pasado estuvo a punto de hacerse cargo de un juzgado federal en el conurbano bonaerensehan manifestado en privado intenciones de dejar el cargo si la presión contra ellos se vuelve insostenible, el fuero federal porteño quedaría casi vacío antes de lo imaginado por la Alianza, ni siquiera en las previsiones del abogado Arnaldo Klainer, autotitulado operador presidencial para cuestiones judiciales, pero sin haber logrado la contundencia de un Carlos Corach en el PJ o la claridad intelectual de un Ricardo Gil Lavedra en la UCR.

Este grupo de jueces es duramente criticado desde el Frepaso el distanciamiento con el gobierno para tratar al Poder Judicial ya es otro clásico en la Alianzay Acción por la República. Tanto Chacho Alvarez como Domingo Cavallo bastante castigado por estos mismos jueceshan convertido al fuero federal en un objetivo político buscando su remoción total. Ambos creen que el gobierno está en mora en esta materia y proponen una renovación total de jueces y senadores como se prometió durante la campaña. Cavallo no olvida que fue condenado su confirmación está a resolución de la Cortepor Canicoba Corral y que Bagnasco no agradeció su gesto de haberle proporcionado el número de la cuenta que le permitió al juez esclarecer en parteel más grande caso de coimas descubierto por la Justicia argentina: el caso IBMBanco Nación.

Pese a que desde el Ministerio de Justicia se jura que no existe «ninguna operación en marcha», tamaño vaciamiento en ese ámbito judicial despierta sospechas en los Tribunales, porque no se olvida en ese recoleto ámbito, abortadas operaciones los jueces culparon de ello a Federico Storani de impulsar un fuero electoral. En esa reforma política impulsada por el Ministerio del Interior quedarían anulados los poderes electorales de María Servini de Cubría, Manuel Blanco y Ricardo Bustos Fierro, quienes en la actualidad atienden los padrones de los tres distritos más decisivos y son vistos por la Alianza como otra herencia menemista.

En este cuadro de situación, vuelve hoy la adrenalina judicial, donde la cuestión de las coimas en el Senado recobrará el primer plano. Por un lado los senadores quieren ser sobreseídos y por el otro, Chacho y Cavallo buscan su procesamiento, una medida que creen de imposible cumplimiento con este grupo de jueces federales, fundamentalmente Liporaci y Bagnasco, quienes tienen en sus manos el destino procesal de muchos de ellos. Por ello se interpreta que no es casual la reticencia de la Comisión de Acuerdos del Senado de aprobarle los pliegos con nombramientos de nuevos jueces federales que les manda Fernando de la Rúa: el último expediente dormido por el PJ es la designación de Jorge Benegas Echagüe para juez federal de Santa Fe, quien subrogaría al destituido Amilcar Brusa, vinculado al PJ, en el cuarto juzgado federal electoral de importancia.