Se subalterniza la Corte Suprema

La resolución veloz de un caso humanitario por parte de la Corte Suprema de Justicia desnudó otra singularidad del tribunal en su nueva constitución: atendió la queja de un abogado en favor de un enfermo de sida cual una oficina de reclamos, tomó medidas sin que resolviera nada un tribunal inferior y encima pidió el enjuiciamiento de un juez por creer que había actuado con lentitud. La Corte Suprema es un tribunal de excepción al que se llega en reclamos por violación de garantías constitucionales si lo habilitan instancias inferiores. Es polémico incluso que apele al llamado «per saltum» para analizar un caso que esté a estudio de un escalón más bajo. Pero esta vez actuó como una oficina de reclamos y decidió sin que ni el propio abogado peticionante pueda dar una justificación solvente de tamaño apartamiento de las normas, aunque fuera en beneficio de una causa urgente y humanitaria.

Enrique Petracchi

El fallo de la Corte Suprema que ordenó a un tribunal inferior resolver el caso de un paciente infectado con HIV en una clínica tiene una doble lectura: una de índole humanitario (por lo cual sería grosero opinar) y otra política.

Es el segundo aspecto que le interesa analizar. Fundamentalmente, porque la Corte tomó una decisión poco habitual que viene a comprometer el desempeño y la trasparencia de ese tribunal. Y, además, porque con su fallo involucró a un juez que debe decidir sobre la continuidad o expulsión de un ministro de esa Corte.

La historia tiene su comienzo en la audacia del abogado Gustavo Soler, de presentarse ante el máximo tribunal salteando todas las instancias para reclamar una definición en el caso de Miguel Angel Rodríguez. Se trata de un enfermo de sida, que desde hace más de 10 años batalla en los tribunales para obtener una sentencia indemnizatoria por incapacidad y daño moral, que finalmente salió ayer a su favor y luego de la intervención de la Corte.

Ese expediente se encontraba en la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial y llevaba allí un buen tiempo (ingresó en setiembre de 2004) producto de artilugios legales. El 25 de noviembre pasado recayó en la vocalía del doctor Mario Hugo Lezana, integrante de la Corte supletoria que debe convalidar o no la destitución de Antonio Boggiano. En setiembre pasado, Lezana votó por restituir al juez supremo en su cargo.

Con el expediente en su poder, Lezana debía expedirse sobre la cuestión. Pero el abogado Soler llevó su caso a la Corte Suprema salteando todas las etapas. En ese tribunal hizo una «presentación de hecho» y realizó una denuncia por «retardo de justicia».

• Poco común

Es poco común que los abogados obtengan una decisión del máximo tribunal sin que se hayan expedido los inferiores. Este diario consultó a Soler cómo había logrado que la Corte lo escuchara, cuando esa predisposición de los supremos no es común. Contestó que se debía «a sus 43 años de ejercicio y ética en la profesión», pero fundamentalmente a tres cuestiones: la razón en el reclamo de su cliente (con una enfermedad prácticamente terminal); haber sabido plantear el tema y haber logrado que los supremos lo escuchen.

Lo de Soler es una proeza, que pocos abogados consiguen y es saludable porque se trata de un caso humanitario. Lo que genera cierta preocupación y hasta sospechas es la velocidad de la decisión de la Corte, que con este caso ayudó al gobierno a, prácticamente, deshacerse de un juez que no estaba de acuerdo con la destitución de Boggiano.

Un letrado acostumbrado a trajinar tribunales, aconsejaba ayer a «fijarse en los tiempos», para entender la premura de los ministros. El sistema de seguimiento de documentación de la Corte Suprema (que detalla paso a paso el recorrido o la circulación del caso por los despachos de los ministros) muestra que el expediente de Rodríguez (Nº documento 1990/05, Tomo 41, Letra R) estaba en la Corte Suprema el día 28 de noviembre.

El día 30 de noviembre ingresó en el despacho de Enrique Petracchi. Es decir, el caso llegó a la oficina del presidente del Tribunal 5 días después de que aterrizara en la vocalía de Lezana, ahora acusado ante el Consejo de la Magistratura por retardo de justicia.

Ese mismo 30 de noviembre Petracchi vota como lo indica la secretaria (se supone que a favor de Rodríguez por como salió la sentencia) y además pide un informe al fuero civil y comercial sobre el estado de esa causa.

Ese mismo día, el expediente pasa al despacho del penalista Eugenio Zaffaroni, quien no firma. Sí lo hacen, Elena Highton de Nolasco y Ricardo Lorenzetti. El 1 de diciembre hace lo propio Carlos Fayt y Juan Carlos Maqueda.

Es decir, el primer día del último mes del año, la Corte Suprema tenía los cinco votos necesarios para formar la mayoría y avalar el reclamo de Rodríguez.

Aunque contaba con la voluntad de la mayoría de los jueces, luego se sumarían Carmen Argibay y Eugenio Zaffaroni, la Corte esperó hasta el martes 20 para emitir este fallo, pese a que estaba convencida que la garantía constitucional de la defensa en juicio incluye el derecho de obtener un pronunciamiento rápido dentro del plazo razonable y que se le estaba denegando justicia a Rodríguez.

Expertos constitucionalistas se mostraron ayer sorprendidos por la forma en que actuó la Corte Suprema de aceptar un «recurso de hecho», cuando la cámara todavía no se había expedido.

Si bien ambos consideraron que el caso era de extrema gravedad, coincidieron en calificar como «un exceso» de parte de la Corte pretender que se dicte en menos de un mes una sentencia, cuando hay casos que llevan cuatro años y más en los tribunales de alzada.