Los senadores que ya comenzaron a discutir en comisión sobre la instauración del juicio por jurados, una de las propuestas incluidas en el último petitorio de Juan Carlos Blumberg, sospechan que no habría recursos públicos suficientes para crear las estructuras necesarias. «Es cierto que tenemos el antecedente del sistema de oralidad para los juicios penales; a pesar de que se sancionó en 1992, todavía hay tribunales que no han sido armados», reflexionó el radical de San Luis, Jorge Agúndez, responsable de la comisión cabecera de esta iniciativa, Justicia y Asuntos Penales.
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Más allá de lo que apuntó Agúndez sobre las dudas que suscita el proyecto, es cierto que muchos tribunales orales -y otros- carecen de recursos financieros para sostenerse. Un motivo extra para preocuparse y no gastar esfuerzos en vano.
«No quisiéramos que suceda lo mismo: porque aprobar una ley para que después no se pueda aplicar sería una gran decepción», concluyó. Máxime, aunque Agúndez no lo diga, cuando es un proyecto que viene muy discutido y no existe consenso sobre su conveniencia, oportunidad y efectividad, al menos en el Congreso.
Los senadores están esperando una señal inequívoca de Horacio Rosatti. Si bien el ministro de Justicia alentó la iniciativa durante un plenario con diputados, nunca hizo lo propio en la Cámara alta, donde comenzó el trámite parlamentario del juicio por jurados.
La intriga se ve acrecentada porque el texto del Poder Ejecutivo llegó al Parlamento con la firma de Gustavo Béliz, el renunciado antecesor de Rosatti, aun cuando estuvo inspirada en una propuesta del senador riojano JorgeYoma, que había preparado un seminario sobre la materia mucho antes de que el ex ministro de Justicia y Seguridad se viera forzado a improvisar un plan de seguridad en plena crisis de secuestros. Todavía no disponen de cálculos certeros sobre cuánto insumirá poner en práctica el mecanismo de juicios por jurados en todo el país; y menos saben de dónde saldrán las partidas. Los legisladores sostienen que, entre otras cosas, hay que confeccionar padrones para contar con un listado de los ciudadanos que están en condiciones de participar del jurado, más los emolumentos propios de montar nuevos juzgados o ampliar o refaccionar los existentes. En cuanto a otro de los proyectos clave que esperan turno, la disminución de la imputabilidad de 18 a 16 años, hay 4 comisiones, coordinadas por la comprovinciana de Agúndez, pero adolfista, Liliana Negre de Alonso, que estudian el régimen de protección integral de menores que deberá preceder el debate sobre la baja de edad (en ambas alas del Congreso había reticencia a hablar de imputabilidad sin contar con un sistema de contención de menores actualizado). Es una discusión muy ardua, que figuraba en el primer petitorio de Blumberg, de abril.
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