Sería más caro acceder a la Justicia en Capital Federal

La Legislatura porteña buscará hoy producir un dictamen para darle vida a una caja de jubilaciones para los abogados que significará el encarecimiento de la Justicia. A partir de la sanción de esta ley, los costos de litigar se trasladarán a los ciudadanos que financiarán, de este modo, la jubilación de estos profesionales.

El proyecto en cuestión será debatido en las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación que presiden los diputados porteños Héctor Constanzo y Enrique Rodríguez, respectivamente, y la idea es que en las próximas dos semanas se apruebe en el recinto de la Cámara la creación de una Caja de Prestaciones Sociales (jubilaciones) para todos los abogados de esta Ciudad. La iniciativa fue defendida en la Legislatura por el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal presidido por Hugo Germano.

Para financiar la nueva caja, el proyecto prevé los aportes de 5% sobre los honorarios a cargo del afiliado; 0,5% a cargo del obligado al pago de los honorarios regulados en juicios voluntarios, 1% en juicios contradictorios y 3% del monto de la tasa de justicia a cargo de quien está obligado al pago.

Así, pequeños comercios, pymes empresas o particulares que inicien una acción legal o que fueran accionados por otros, tendrán un incremento en los costos, además de un retardo en la solución de sus diferendos.

A la creación de esta Caja de Jubilaciones se han opuesto entidades como ADELCO, la Cámara Argentina de Comercio, la Asociación Argentina de Compañías de Seguros, el CIPPEC y Asociación Conciencia, FORES y el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. El argumento de todas estas entidades es el mismo: el aumento de las dificultades para acceder a la Justicia.

•Interés

El proyecto, presentado por la diputada Claudia Serio (UCR) en marzo de este año, tiene como principal interés la captación de unos 40 mil abogados matriculados en la Ciudad de Buenos Aires.

Los aportes que los profesionales deberán hacer para conformar dicha caja son obligatorios, y afectarán a todos sus honorarios, no sólo a aquellos regulados por un juez en el marco de un proceso judicial. Además se prevé la imposición de contribuciones a los litigantes.

Pero la mayor gravedad que entraña la propuesta es que, tal como lo demuestran experiencias en otras jurisdicciones -por caso las provincias de Buenos Aires y Santa Fe-estos aportes obligatorios serán trasladados por los abogados a sus clientes en forma de aumento de honorarios, por lo cual termina siendo la gente común quien pagan la futura jubilación del abogado que contratan.

Con este criterio, de conformar una caja cuya jubilación la terminan pagando los demás, los barrenderos podrían pedir una tratamiento similar con la financiación que provenga de un aumento de la tasa de alumbrado, barrido y limpieza.

Francisco Astelarra, de la Asociación Argentina de Compañías de Seguros, le dijo a este diario que si el proyecto se convierte en ley, la empresas se verán obligadas aumentar las primas para financiar los incrementos que signifique litigar.

Pero no sólo serán las empresas de seguro, sino que la creación de esta caja afectará a las pymes por un aumento en sus seguros de ART, en los seguros de autos y en acceder a la Justicia. Es decir, encarecerá las primas a médicos, clínicas, prepagas y obras sociales a las que ya se les está haciendo difícil conseguir cobertura.

Pero además tendrá otro impacto: la creación de la caja significaría también la desfinanciación del sistema jubilatorio nacional, AFJP y ANSeS por el éxodo que provocará la partida de esa masa de los afiliados.

Por lo menos, es eso lo que visualiza el diputado Jorge Enríquez, que sostiene que esta particular caja terminará afectando el sistema de capitalización y reparto y la jubilación de muchos argentinos.

Para los defensores del proyecto, la constitución de esta caja de jubilaciones depende exclusivamente de su propia financiación y no necesitará que sea subvencionada por el Estado, es decir, por el Gobierno de la Ciudad, y tampoco afectará la autonomía judicial.