Serio: el juicio por la AMIA, a punto de caerse

El juicio por el atentado a la AMIA podría derivar en un escándalo que afectaría más a la delicada imagen internacional que se tiene sobre la Justicia argentina. Ayer, los jueces del tribunal oral decidieron apartar del caso a los fiscales que instruyeron la investigación por «parcialidad». Prácticamente, fueron acusados de haber consentido el pago que la SIDE le hizo al reducidor de autos Carlos Telleldín para que confesara. La decisión generó revuelo: las dos organizaciones que representan a la comunidad judía entendieron que la medida del tribunal beneficia a los acusados y la calificaron de arbitraria. Tanto la AMIA como la DAIA respaldaron lo actuado por los fiscales y anunciaron que podrían retirarse del juicio. Hasta evalúan recusar a los jueces, algo que obligaría a realizar un nuevo juicio.

Rodolfo Canicoba Corral

El juicio por el atentado terrorista a la AMIA quedó al borde del escándalo: el Tribunal Oral decidió separar del caso a los fiscales Eamón Mullen y José Barbaccia por considerar que actuaron con presunta «parcialidad» en la investigación. Y, prácticamente, los acusó de haber consentido el pago de 400 mil dólares que la SIDE le hizo al reducidor de autos Carlos Telleldín para lograr su confesión.

En respaldo de los fiscales salieron los familiares de las víctimas del ataque, que advirtieron que evalúan retirarse del juicio oral. Incluso se analizaba la posibilidad de recusar al Tribunal, algo que, de prosperar, obligaría a realizar un nuevo juicio. Sería una vergüenza internacional.

La controversia estalló luego de que se conociera una durísima resolución de los jueces del Tribunal Oral Federal número 3 que hizo lugar a la recusación que habían presentado las abogadas de Telleldín, Laura Novello y Andrea Fechino, y a la que adhirió la mayoría de los defensores de los imputados.

• Cuestionamiento

Estas abogadas habían cuestionado la imparcialidad de los fiscales luego de que se conociera el pago realizado a Telleldín en 1996, horas antes de que cambiara su declaración ante la Justicia e involucrara a los policías bonaerenses en el ataque terrorista.

La medida del Tribunal de separar a los fiscales fue festejada como un «éxito estratégico» por los defensores porque entendieron que se debilitaba la acusación.

Anoche los familiares de víctimas del atentado a la AMIA advirtieron que podrían retirarse del juicio en desacuerdo con la decisión del Tribunal.

«Si se toma esta decisión de dejar el debate, el juicio seguirá, pero sin los familiares de las víctimas, algo que no es un detalle pequeño», remarcó el abogado de los familiares, Julio Federick.

Los dos fiscales cuestionados ratificaron que se enteraron del polémico pago a Telleldín cuando éste se probó en el juicio, en octubre pasado, y calificaron de « arbitraria» y «contradictoria» la decisión de los jueces Gerardo Larrambebere, Miguel Pons y Guillermo Gordo.

Ambos consideraron que la recusación fue extemporánea y que debió plantearse en 1996, cuando los defensores supieron del supuesto pago a Telleldín o, cuando menos, el año pasado, cuando fue expuesto en la audiencia oral y pública.

El fiscal de juicio Alberto Nisman advirtió que la fiscalía «es una sola» y que, con esta decisión, se perjudicó «seriamente» al ministerio público.

Nisman aseguró que todo el equipo fiscal se enteró del pago ilegal a Telledín tras la declaración de los agentes de la SIDE que hablaron de ese operativo tras ser relevados del secreto de Estado por el Presidente y negó haber usado su alegato para denunciar a sus colegas, como sugirió ayer el tribunal.

«El tribunal hizo caso omiso a por lo menos 50 años de jurisprudencia de la Corte Suprema referida al plazo para recusar en un juicio oral», advirtió Juan Avila, abogado de la AMIA.

Desde todos estos sectores se evaluará si se recusa al tribunal, por lo cual se caería el juicio, o si se retiran del proceso.

«Es una decisión imprudente, arbitraria y fundada en el desconocimiento», dijo la abogada de la DAIA, Marta Nercellas, quien recordó que los familiares de la víctimas pusieron su voto de confianza en los fiscales y le habían pedido al juez de la causa, Rodolfo Canicoba Corral, que delegara en ellos la investigación.