SW: el fiscal pide que aparten al juez

Carlos Liporace

El contrabando de 60 kilos de cocaína a España es un caso repleto de vericuetos que ya se perfila como para terminar en nada. Salvo, claro está, la condena a tres «empleados infieles».

El papel principal de la novela SW se lo robó ayer el fiscal general ante la Cámara en lo Penal Económico, Ramiro Rodríguez Bosch. El funcionario se despachó con un dictamen que vino a confirmar que el futuro del juez Carlos Liporace es desaparecer del caso (¿el fin de una carrera judicial de 35 años?).

Rodríguez Bosch siguió el criterio de la fiscal de primera instancia Gabriela Ruiz Morales, quien pidió el apartamiento de Liporace y sugirió que el magistrado no puede continuar al frente de la causa por haber evidenciado un «interés en el proceso».

• Oportunidad

El fiscal general sólo disintió en otros dos cargos que se habían formulado contra Liporace: un supuesto « prejuzgamiento» al adelantar a la prensa sus resoluciones en la causa y «enemistad manifiesta» con Ruiz Morales.

La resolución del fiscal general fue entregada a los integrantes de la Sala B de la Cámara en lo Penal Económico, quienes deberán expedirse en forma definitiva sobre la continuidad o la remoción de Liporace en las investigaciones de esta causa.

Si bien el dictamen de Rodríguez Bosch no es vinculante (los camaristas podrían resolver en forma diametralmente opuesta), los jueces tienen ahora una oportunidad imperdible para deshacerse de él. Sobre todo después de abonar el terreno de su partida con gruesas críticas a la manera de investigar del juez. No sería lógico que luego de furibundos cuestionamientos, decidan mantener en funciones al magistrado. Desde que Liporace se quedó con el expediente de las «narcovalijas» los camaristas lo acusaron de morosidad y desprolijidad para llevar adelante la investigación. Incluso, aportaron elementos para que el Consejo de la Magistratura inicie un proceso que puede terminar en la destitución del magistrado.

Fin del capítulo Liporace. Sigue el apartado sobre Gabriela Ruiz Morales. Con la decisión de Rodríguez Bosch, la fiscal obtuvo su primera victoria seria. Pero no debería celebrar. Está todo preparado para su partida.

La fiscal Ruiz Morales tiene tres denuncias penales y fue recusada para seguir interviniendo en el caso. La última acusación vino directamente del gobierno. El director general de la Aduana, Ricardo Echegaray, la acusó de « presionarlo» y exigirle la entrega de la cabeza de Ricardo Jaime, director de Transporte y de gente de la Aduana.

Echegaray actuó así porque Ruiz Morales pidió su indagatoria por el delito de omisión de funcionario, como anticipó este diario. En su declaración ante Liporace, el jefe de la Aduana admitió que el organismo que dirige no controla nada en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

Antes el gobierno había intentado sacar del medio a la fiscal, a través de una denuncia del policía Andrés Machado, miembro de la custodia presidencial que acusó a Ruiz Morales y al secretario de ésta de ponerle un arma en la cabeza para que declarara. Días después, hizo lo mismo Asuntos Internos de la Policía Federal.

Ruiz Morales es persona no querida en la administración Kirchner. La acusan de ser la «Garganta Profunda» que brindó el dato al periodismo sobre el contrabando de 60 kilos de cocaína. Por eso, se cree que terminará abandonando el caso.