SW: Liporace acata Cámara, allana y procesa a Beltrame

Ricardo Jaime

El hijo del comodoro Alberto Beltrame sería procesado hoy con prisión preventiva acusado de presunto «contrabando calificado agravado» de drogas a España. Junto al procesamiento del empleado de Southern Winds, el juez Carlos Liporace dispondría llamar a indagatoria a Juan Maggio, Enrique Montero y Christian Maggio. El juez cumplirá así la orden que le impartió la Cámara en lo Penal Económico de «apuntar hacia los directivos» de la aerolínea y salir del círculo de los «tres empleados infieles».

La declaración de los dueños de SW, puede atacar al riñón del gobierno de Néstor Kirchner, cuya administración se ha empeñado en afirmar que el escándalo de las «narcovalijas» era un caso policial sin connotaciones políticas.

• Funcionarios

Sin embargo, la causa amontona elementos que obligarán a la fiscal Gabriela Ruiz Morales, a pedir la citación de funcionarios del gobierno. Están anotados el secretario de Transporte, Ricardo Jaime, el director de la Aduana, Ricardo Echegaray y los dos jefes de la SIDE.

La fiscal no piensa como el gobierno: no cree que se trate de un simple caso policial. Cree que está frente a una organización dedicada al narcotráfico que está instalada en el país y que la muestra de su accionar es el crecimiento desmedido de tráfico de drogas.

Esta postura abandona la primigenia hipótesis de un caso aislado de tráfico de drogas, para instalar la muy fuerte sospecha de que la aerolínea pudo haber sido creada para esos fines o cuando menos existe una red de narcotraficantes que operan detrás de SW. Que las investigaciones alcancen a los funcionarios dependerá de la capacidad del juez Liporace y la fiscal Ruiz Morales de resistir la presión. El gobierno ya ha dado su dictamen con el descabezamiento de la cúpula de la Fuerza Aérea y en limitar el episodio a un par de brigadieres y al ex jefe del aeropuerto de Ezeiza. No va a avanzar más de ese terreno.

Sin embargo, en la fiscalía y en el juzgado han comenzado a preguntarse con mayor insistencia por qué el gobierno esperó cuatro meses para reconocer la existencia de un embarque de drogas y no actuó a la semana de producido el episodio. No podía desconocer lo que ocurría, sobretodo luego de informes aportados por la DEA.

Por lo pronto, el juez Liporace se remitió a cumplir el mandato de sus jueces superiores. Durante el fin de semana ordenó el allanamiento de las oficinas de la compañía aérea. En la sede de la empresa se secuestró documentación, elementos de computación y «archivos electrónicos» que serán sometidos a pericias por parte de expertos.

• Instrucciones

Precisamente, una de las instrucciones que la Sala B de la Cámara impartió a Liporace es indagar sobre «las autorizaciones, órdenes y requerimientos emitidos por los integrantes de la línea aérea en numerosas oportunidades para el envío de equipajes, bultos, cajas, paquetes y sobres».

Como las directivas podrían haber sido comunicadas a través de correos electrónicos, el material incautado por Liporace en las últimas horas serviría para adelantar conclusiones sobre tal punto.

En declaraciones que formuló a la agencia «Télam», el juez dijo que no critica las medidas que le ordenó la Cámara Federal sino que luego de tomarlas evaluará su resultado y aporte para el expediente.

«Que quede claro que no critico las medidas ordenadas por la Cámara. Las voy a cumplir y luego evaluaré su resultado», dijo.