Opiniones

La importancia del Comité de Descolonización de la ONU

Este año la Argentina asistirá, como lo hace desde su creación en la década del 60, al Comité de Descolonización de las Naciones Unidas, mejor conocido como “Comité de los 24”. A su vez, estarán presentes representantes de la población de las islas Malvinas –tal y como lo hacen los habitantes de todos los territorios a descolonizar-, pero sin contar con la participación de la potencia colonial debido a que desde 1986 el Reino Unido se niega a colaborar con el Comité.

Este Comité, cuya principal función es la de examinar la situación de las colonias remanentes en el mundo y monitorear los mecanismos de descolonización de las mismas, es el único ámbito de las Naciones Unidas en donde la Argentina se hace presente anualmente a los efectos de tratar la “cuestión Malvinas” desde 1989.

Como sucede año tras año, la Argentina y los pretendidos representantes de los habitantes en las islas Malvinas emitirán sus argumentos, ya conocidos. Para el Gobierno argentino, la libre determinación de los pueblos no es aplicable a los habitantes del territorio, que es objeto de una disputa de soberanía con el Reino Unido.

Para los isleños, la libre determinación es lo único que cuenta. Y es sabido que desean seguir siendo británicos.

Tampoco cabe esperar sorpresas de parte del Comité que muy probablemente adoptará una nueva resolución insistiendo en la posición que ha adoptado anualmente desde que se ocupa del tema: se trata de una situación colonial que debe terminarse mediante una negociación bilateral orientada a la solución de la disputa de soberanía, teniendo en cuenta los intereses de los habitantes.

Cabe destacar que Malvinas es la única de las 17 cuestiones de descolonización que no es analizada por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Esto es así por el “acuerdo de caballeros” alcanzado por el Gobierno del expresidente Carlos Menem con los británicos en 1989 para no tratar este tema en el seno del principal órgano de las Naciones Unidas.

Ese tipo de acuerdos, cuya existencia respecto a Malvinas fue confirmada expresa y públicamente por el propio Foreign Office en 2011, contienen compromisos políticos o morales garantizados por la buena fe y el honor de las partes, pero no son jurídicamente vinculantes.

En relación a la “cuestión Malvinas”, si bien la misma se mantiene pendiente en la agenda de la Asamblea General, sería positivo que los importantes éxitos obtenidos en los foros regionales en los últimos años se acompañen por otros renovados en este ámbito.

Sin embargo, la importancia fundamental de este ámbito se encuentra reforzada por las palabras de la Corte Internacional de Justicia en su reciente Opinión Consultiva respecto del archipiélago de Chagos, en la que resaltó el rol de la Asamblea General y su importancia en los procesos de descolonización. Así, ese tribunal estableció con claridad meridiana que es aquel órgano representativo de la ONU -y no la potencia colonial, como lo afirma el Reino Unido en la “cuestión Malvinas”- el que debe indicar las formas de poner fin a las situaciones coloniales conforme la función que le otorga la Carta de las Naciones Unidas.

En este sentido y, específicamente en relación al Comité de Descolonización, la Corte indicó que es este órgano el encargado por la Asamblea General para la tarea de monitorear los mecanismos de descolonización de un territorio.

En la “cuestión Malvinas” surge como relevante que la propia Asamblea General haya establecido que la forma de poner fin a la situación colonial es la negociación entre la República Argentina y el Reino Unido, como partes que deben resolver la disputa sobre la soberanía de las islas y sus espacios marítimos circundantes, teniendo en cuenta los intereses de la población.

La asistencia de la Argentina y el tratamiento de la Cuestión Malvinas en el Comité de Descolonización, cuya función ha sido revalorizada por la Corte Internacional de Justicia, es fundamental. Se trata sin lugar a dudas de pasos necesarios de la diplomacia argentina, que han sido seguidos por todos los gobiernos nacionales sin distinción alguna.

Sin embargo, cabe preguntarse si esta participación, por sí sola, es suficiente, o requiere consensuar nuevas acciones políticas -algo primordial en una política de Estado-, que pueden implicar mayores o menores riesgos, para ir buscando nuevos mecanismos que permitan colocar a la Argentina en una mejor posición y poner al Reino Unido en la obligación que tiene de respetar y de solucionar la controversia de manera pacífica.

En los últimos tiempos hemos visto como varios Estados lo han logrado y tantos otros están avanzando en dicho camino: la utilización de las herramientas que el derecho internacional ofrece para solucionar las disputas internacionales.

(*) Exembajador de Argentina ante la ONU, Estados Unidos y Portugal.

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