La Subsecretaría de Gobierno Digital formalizó un marco obligatorio para todos los organismos públicos bonaerenses, con principios éticos, criterios de riesgo y un registro provincial de sistemas de IA.
La Subsecretaría de Gobierno Digital del Ministerio de Gobierno bonaerense aprobó este jueves las “Reglas para el desarrollo, implementación y uso responsable de sistemas de Inteligencia Artificial (IA)” en la administración pública provincial, según la Resolución 9/2025 publicada en el Boletín Oficial.
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La medida fija por primera vez un marco general y obligatorio para todos los organismos que desarrollen, adopten o contraten sistemas de IA en la Provincia. Entre sus objetivos centrales se establece la protección de los derechos y garantías fundamentales de la ciudadanía y el uso “razonable y confiable” de estas tecnologías.
El texto reconoce que la masividad de la inteligencia artificial exige lineamientos claros para su utilización estatal y sostiene que la innovación no puede avanzar “en desmedro de los derechos fundamentales y humanos”. Además, se apoya en estándares internacionales como los principios de Asilomar, recomendaciones de la OCDE y la UNESCO, y la normativa europea vigente.
La resolución dispone un conjunto de principios rectores, entre ellos: neutralidad tecnológica, razonabilidad, centralidad de la persona humana, respeto a los derechos humanos, inclusión, sostenibilidad ambiental, privacidad y protección de datos, autodeterminación informativa, transparencia, trazabilidad y responsabilidad demostrada.
El nuevo marco también establece una clasificación de riesgos para los sistemas de IA:
Riesgo inaceptable, cuyo uso queda prohibido, como sistemas que manipulen comportamientos mediante técnicas subliminales, exploten vulnerabilidades o generen perfiles de “scoring social”;
Alto riesgo, que deberán cumplir requisitos estrictos y evaluaciones de impacto, como los sistemas de identificación biométrica, gestión de infraestructuras críticas, justicia o procesos laborales;
Riesgo limitado, como chatbots genéricos sin tratamiento de datos sensibles;
Riesgo nulo, con impacto insignificante sobre derechos o seguridad.
Además, se ordena realizar evaluaciones preliminares de riesgo, implementar mecanismos de gobernanza de datos, garantizar estándares en el uso de datos de entrenamiento, y evitar sesgos discriminatorios durante todo el ciclo de vida de los sistemas.
Los organismos deberán advertir a la ciudadanía cuando interactúen con sistemas automáticos y quedarán obligados a inscribir sus desarrollos en un Registro Provincial de Inteligencia Artificial, cuya implementación quedará a cargo de la Dirección Provincial de Innovación Digital, designada como autoridad de aplicación.
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