La propuesta busca formar a estudiantes, docentes y familias. Apunta al uso seguro de las tecnologías y plataformas digitales.
En abril, estudiantes secundarios se presentaron en Diputados para pedir un proyecto por la inseguridad digital.
Una serie de amenazas de actos violentos en colegios desencadenó la difusión de protocolos provinciales y el inicio de reuniones para definir una ley que pueda mitigar los riesgos. En simultáneo, un grupo de diputados presentó un proyecto para crear un Programa Nacional de Educación Digital Integral (EDI) en la Argentina.
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La iniciativa está destinada tanto a estudiantes como a docentes y familias e implica una formación de carácter obligatorio para todos los niveles educativos, que permita desarrollar capacidades para usar las tecnologías de forma crítica, responsable y segura. El programa incluiría la concientización de riesgos digitales: grooming, ciberbullying, ludopatía digital, la violencia digital, la desinformación y manipulación de información e imágenes y la adicción a las redes sociales.
En su contenido, se precisa la capacitación docente continua y gratuita, la creación de espacios de formación para familias en las escuelas y la promoción de soberanía tecnológica (software libre, plataformas públicas, protección de datos educativos). La redacción también estipula un plazo de dos años para que la Secretaría de Educación termine de implementar el programa, que contempla la divulgación de informes de monitoreo semestrales.
El proyecto contó con firmas de nueve diputados de cuatro bloques distintos: Juan Grabois, Paula Penacca, Juan Carlos Molina, Marcelo Mango, Blanca Osuna (Unión por la Patria), Maximiliano Ferraro, Mónica Frade (Coalición Cívica), Nicolás Massot (Encuentro Federal) y Fernanda Ávila (Elijo Catamarca). Se trata de una nueva confluencia de espacios netamente opositores con otros que oscilan entre apoyos y rechazos a las posiciones del Gobierno, como se reflejó en el pedido por la reapertura de la Sala de Periodistas en Casa Rosada y en respuestas para la morosidad familiar.
El caso santafesino decantó en una serie de alertas en toda la comunidad educativa por la presunta llegada de redes transnacionales digitales que impulsan a los jóvenes a protagonizar ataques en sus escuelas secundarias. Mientras se contabilizan al menos 35 amenazas de tiroteos en distintas provincias, la Cámara de Diputados tuvo su primer encuentro para discutir un proyecto de ley que pueda dar una respuesta rápida a una problemática inédita en el país.
Además de representantes de tres bloques (Unión por la Patria, Coalición Cívica y La Libertad Avanza), participaron profesores del Secundario, representantes de gremios docentes y organizaciones de la sociedad civil especializadas. En la reunión se consensuó que una respuesta estatal debe enfocarse en mitigar los riesgos asociados al uso de tecnologías digitales, redes sociales y plataformas en línea a los que están expuestos los adolescentes.
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