Frente al aumento de amenazas de tiroteos en establecimientos educativos, distintos distritos del país comenzaron a aplicar medidas más severas que apuntan a trasladar el costo de los operativos de seguridad a las familias de los responsables. La decisión se enmarca en una estrategia para desalentar este tipo de episodios, que implican despliegues policiales, evacuaciones y una fuerte alteración del normal funcionamiento escolar.
21 de abril 2026 - 13:34
Amenazas en escuelas: provincias avanzan con sanciones económicas y buscan que las familias paguen los operativos
El aumento de episodios violentos encendió las alarmas de las autoridades. Ante esto, en distintos distritos decidieron tomar medidas severas.
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Las provincias anuncian sanciones ante las amenazas escolares.
Las medidas de Santa Fe
La provincia de Santa Fe fue una de las primeras en avanzar con esta política. El gobierno local resolvió que, una vez comprobada la responsabilidad, los involucrados o sus familias deberán afrontar los gastos generados por los procedimientos.
El ministro de Seguridad y Justicia, Pablo Cococcioni, fue contundente: “No se trata de una broma, se trata de un delito”. Según detalló, cada operativo puede costar entre $5 millones y $6 millones, cifra que incluye la movilización de fuerzas policiales, bomberos y equipos de emergencia.
La medida se tomó luego de un pico de amenazas, con 65 denuncias en un solo día, muchas de ellas realizadas a través de mensajes en baños escolares. En ese contexto, las autoridades llevaron adelante allanamientos, detenciones y secuestros de dispositivos electrónicos para identificar a los responsables.
Cococcioni también advirtió sobre el denominado “efecto copycat”, un fenómeno de imitación que se potencia con la viralización en redes sociales y que obliga a mantener altos niveles de alerta ante cada denuncia.
Corrientes resaltó la responsabilidad civil de los padres
En la misma línea, la provincia de Corrientes anticipó que aplicará sanciones que pueden alcanzar a los adultos responsables. La Policía local informó que los casos serán investigados bajo el artículo 149 bis del Código Penal, vinculado a la intimidación pública.
Además, se apoyan en el artículo 1754 del Código Civil y Comercial, que establece que los padres son responsables por los daños causados por sus hijos menores.
El jefe de la Policía, Miguel Ángel Leguizamón, sostuvo: “Estamos viendo una situación de emergencia y la Policía mantiene una postura de tolerancia cero”.
También remarcó que la edad de los involucrados no los exime de consecuencias y que las sanciones pueden ser penales, civiles o contravencionales según la gravedad del caso.
Mar del Plata y una decisión judicial para frenar los episodios
En el ámbito bonaerense, la Justicia de Mar del Plata adoptó una medida similar. El fiscal general Fabián Fernández Garello dispuso que los padres de menores identificados como autores de amenazas deberán hacerse cargo de los costos de los operativos y de los daños ocasionados.
La decisión surgió tras al menos diez episodios registrados y la imputación de un adolescente de 17 años por intimidación pública. Las autoridades buscan frenar la repetición de estos hechos y garantizar el normal desarrollo del ciclo lectivo.
CABA refuerza los controles sin sanciones económicas
A diferencia de otras jurisdicciones, la Ciudad de Buenos Aires no avanzó con multas económicas a las familias, pero sí desplegó un esquema intensivo de prevención y control.
El jefe de Gobierno, Jorge Macri, explicó que se activó el protocolo educativo vigente y se coordinaron acciones con el Ministerio Público Fiscal, el Ministerio Público Tutelar, la Policía de la Ciudad y organismos de protección de la niñez.
“Generar una situación de miedo o pánico es una conducta que tiene consecuencias. No se trata de una broma pesada, es un delito”, afirmó.
En ese marco, se reforzaron los controles dentro de las escuelas, se incrementó la supervisión y se mantuvo el seguimiento de cada caso junto con la Justicia. Además, la ministra de Educación, Mercedes Miguel, calificó la problemática como “global” y destacó el acompañamiento a estudiantes, docentes y familias.
Las autoridades coinciden en que muchas de estas amenazas están vinculadas a dinámicas virales en redes sociales, lo que multiplica su alcance y dificulta distinguir entre bromas y situaciones de riesgo real.
Ante este escenario, las provincias comenzaron a endurecer las respuestas con un doble objetivo: generar un efecto disuasivo y evitar que el sistema educativo continúe afectado por episodios que, aunque muchas veces no se concretan, implican un alto costo económico y social.
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