Bolivia: propone Mesa nueva ley de gas. Congreso desafía

Los sindicatos petroleros hacen punta en Bolivia en las anunciadas protestas por la nacionalización de los hidrocarburos. El presidente, Carlos Mesa, busca una salida a un problema que parece sin solución.

La Paz (EFE, AFP, diarios locales) - Mientras busca evitar por falta de adhesiones el fracaso de su convocatoria a un amplio diálogo nacional, el presidente de Bolivia, Carlos Mesa, ha comenzado a elaborar una nueva versión de la polémica Ley de Hidrocarburos, que se examinaría en ese encuentro, previsto para el lunes en la ciudad de Sucre.

El Congreso rechazó anoche la invitación de Mesa y a través de una resolución anunció que continuará «la agenda en curso». Esto significaría que la legislatura podría insistir con su propio proyecto de ley, que, se estima, desincentivará las inversiones, provocará una ola de juicios contra el país y causaría severos perjuicios a la región en materia de provisión de gas.

Según informó ayer el diario «La Razón» de La Paz, «la nueva propuesta, encargada para su diseño a un equipo técnico del gobierno, modifica la que fue presentada por el presidente en setiembre pasado y tiene el principal objetivo de cambiar la norma sancionada por la Cámara de Diputados el 5 de mayo».

De acuerdo con la información, los puntos que el Ejecutivo decidió observar en la ley aprobada por el Congreso «son principalmente tres: impuestos, propiedad y la refundación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB)».

El ministro de la Presidencia, José Galindo, «aseguró que los temas observados no tienen nada que ver con la defensa de las empresas petroleras, sino con temas que hacen a la ley en sí misma. La idea de esta propuesta es ponerla en la mesa de negociaciones con los sectores y partidos políticos en Sucre y discutirla para lograr consensos en los puntos conflictivos», añadió «La Razón».

Mientras, el diario paceño advierte que el gobierno aún debe formalizar sus observaciones a la Ley de Hidrocarburos, rechazada por no ser suficientemente nacionalista por la izquierda y por ser «confiscatoria» por las petroleras extranjeras. Si no lo hace antes del martes, cuando vence el plazo que le otorga la Constitución, la norma puede ser promulgada sin más por el presidente del Congreso, Hormando Vaca Díez.

• Objetivo

En el nuevo proyecto de ley oficial, el gobierno busca que el nuevo impuesto petrolero que se fija en la Ley de Hidrocarburos (de 32%) sea acreditable, con lo que la carga impositiva real para las compañías no llegaría a 50%, como exige el Movimiento al Socialismo de Evo Morales.

Por otro lado, se intentará que la migración de contratos (de riesgo compartido a explotación compartida) no sea obligatoria, sino negociada con las empresas, insiste el diario paceño.

Por último, se objetan aspectos técnicos de la refundación de YPFB.

«El Diario», también de La Paz, citó a fuentes parlamentarias de oposición, según las cuales la resistencia de Mesa a promulgar la carga tributaria de 50% le cuesta al Estado 1,7 millón de dólares por día.

En tanto, «El Deber», de Santa Cruz de la Sierra, enfatizó ayer los problemas que afronta el mandatario para poder llevar a cabo el diálogo nacional que propuso el martes. «La convocatoria del presidente a un encuentro de unidad nacional comenzó a tambalear por el rechazo del Congreso y de importantes sectores sociales», indicó.

«La decisión de Mesa de observar la legislación aprobada por el Congreso abonó más dudas e incertidumbre en la polarizada sociedad boliviana, donde empiezan a escucharse pedidos de que se adelanten las elecciones», agregó.

Mientras, más de medio centenar de rehenes, algunos heridos, fueron liberados por campesinos del Movimiento Sin Tierra tras seis días de tensión en una finca ocupada. El conflicto se registró en la propiedad Los Yuquises, de más de 100.000 hectáreas, donde los militantes del MST cultivan la tierra desde agosto del año pasado, mientras piden al gobierno que les entregue esa propiedad y anule el registro otorgado a empresarios privados.

Sin embargo, surgió otra protesta. Mientras Mesa logró conformar a los manifestantes de Tarija, que pedían el traslado de la refundada YPFB a esa zona rica en gas, un millar de trabajadores de esa empresa se manifestó ayer en las calles de La Paz en oposición a dicha mudanza.