El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
A pesar de un fuerte despliegue policial en El Alto, las principales arterias de la ciudad, se hallaban desiertas y bajo el control de los activistas de la protesta.
La ciudad de 800 mil habitantes es una de las más deprimidas del país y en octubre de 2003 fue foco de la rebelión popular que echó del poder hace al presidente liberal Gonzalo Sánchez de Lozada.
"El flujo vehicular está anulado en 85%", admitió Hernmán Jaimes, un jefe policial local.
Hasta las 10:00 locales, las operaciones en el aeropuerto El Alto, que sirve a La Paz, se efectuaban normalmente.
"Han salido vuelos nacionales e internacionales regularmente", confirmó un vocero del aeródromo.
Las carreteras andinas al interior del país y a Perú y Chile también funcionaban normalmente, según un personero de la Prefectura (Gobernación) de La Paz, Víctor Saravia.
El presidente Carlos Mesa advirtió en un mensaje televisado la noche del domingo que grupos que buscan desestabilizar al gobierno intentarán desatar la violencia en El Alto.
En la alocución de 45 minutos, el gobernante pidió a sus compatriotas no salir a protestar y amenazó con dimitir "si hay una presión que obligue a este Presidente a ejercer violencia con la certidumbre de que esa violencia va a costarle vidas humanas".
El líder de la Federación de Juntas Vecinales de El Alto y líder de la protesta, Abel Mamani, llamó a "realizar este paro de forma pacífica".
El ministro de Gobierno, Saúl Lara, dijo que buscaba "de todas formas" abrir el diálogo que, según Mamani, sólo se realizará sobre la base de la expulsión de 'Aguas del Illimani'.
El líder de los indígenas cocaleros, Evo Morales, anunció su respaldo a la huelga en El Alto, indiando que sus vecinos "tienen toda la razón, tienen que unirse todos para romper el contrato con Aguas del Illimani".
Los vecinos acusan a la empresa de aplicar tarifas dolarizadas y disminuir la inversión en nuevas conexiones a la red de agua potable y alcantarillado.
La empresa, que se dijo dispuesta a revisar su situación, opera en el país desde 1997, cuando concluyó el programa de privatizaciones ejecutado durante la primera administración de Sánchez de Lozada.
La Central Obrera Boliviana (COB) llamó también convocó un paro de labores este lunes, mientras una organización cívica del pujante departamento de Santa Cruz (este), convocó para el martes a un paro de 48 horas para exigir se anule el aumento de los combustibles.
Dejá tu comentario