El proyecto establece que los consumidores sean pasibles de advertencias y que tengan acceso a tratamientos médicos gratuitos. El proyecto, además, prevé penas mayores para traficantes de drogas y dispone que bienes cuya adquisición provenga de fondos obtenidos con el comercio de drogas ilícitas sean confiscados y donados a instituciones de tratamiento a los dependientes. Los traficantes ahora serían pasibles de cinco a quince años de cárcel (tres a quince años en la actualidad).
La ley vigente, que data de 1976, contempla penas de seis meses a dos años de cárcel por utilización de drogas.
Se crea, asimismo, una nueva figura legal, de financista del tráfico, que será pasible de ocho a veinte años de cárcel.
El proyecto no establece los volúmenes de posesión que distinguirán al usuario del traficante; ese criterio deberá ser discutido por médicos expertos, que darán su parecer.
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