Davi Alcolumbre busca conseguir los votos necesarios para continuar al frente del Senado en 2027. Su estrategia contempla negociar con Lula da Silva un indulto para el expresidente o impulsar una amnistía en el Congreso, a cambio de frenar los pedidos de juicio político contra los jueces del Supremo Tribunal Federal.
Davi Alcolumbre negocia un posible indulto a Jair Bolsonaro.
El presidente del Senado de Brasil, Davi Alcolumbre, analiza impulsar un indulto o una amnistía para el expresidente Jair Bolsonaro como parte de una estrategia política destinada a obtener el respaldo de la derecha y garantizar su reelección al frente de la Cámara alta en 2027. La iniciativa también apunta a desactivar las presiones del bolsonarismo para destituir a magistrados del Supremo Tribunal Federal (STF).
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Según revelaron dos aliados del legislador, Alcolumbre pretende promover un acuerdo entre los tres poderes del Estado bajo la consigna de una “pacificación del país”, después de la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones presidenciales.
El objetivo consiste en ofrecer una salida a la situación judicial de Bolsonaro, condenado por su participación en un intento de golpe de Estado, a cambio de que los sectores conservadores abandonen sus reclamos de juicio político contra los integrantes del máximo tribunal.
La propuesta aparece en un escenario de fuerte tensión institucional, marcado por el crecimiento de la derecha en el Congreso y la reciente salida de Brasil de Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente y excandidato presidencial derrotado por Lula.
La primera alternativa que evalúa el presidente del Senado consiste en solicitarle a Lula da Silva un indulto humanitario para Jair Bolsonaro, quien permanece privado de su libertad desde agosto de 2025 por su participación en la trama golpista.
Alcolumbre transmitió a sus aliados que pretende conversar directamente con el mandatario para explorar esa posibilidad, aunque decidió esperar a que disminuyan las tensiones posteriores a las elecciones.
Ambos dirigentes mantuvieron un primer encuentro el lunes 26 de octubre, después de los comicios presidenciales, pero el asunto no formó parte de la conversación.
El indulto constituye una medida de clemencia cuya concesión depende del presidente de la República. Por ese motivo, la estrategia inicial requiere la aprobación de Lula para avanzar.
Además, los colaboradores de Alcolumbre consideran necesario evaluar las repercusiones políticas de la salida del país de Flávio Bolsonaro antes de iniciar las negociaciones.
En caso de que el mandatario rechace el pedido, el titular del Senado contempla una segunda alternativa: impulsar una ley de amnistía a través del Congreso Nacional.
El debate sobre una eventual amnistía para Bolsonaro ya provocó enfrentamientos entre el Congreso y el Supremo Tribunal Federal.
Durante la actual legislatura, la oposición reclamó que Alcolumbre sometiera a votación una iniciativa destinada a beneficiar a los condenados por los acontecimientos del 8 de enero de 2023, cuando simpatizantes bolsonaristas protagonizaron ataques contra las instituciones brasileñas.
Sin embargo, el presidente del Senado promovió una propuesta más moderada, aprobada a finales de 2025, que contempló una reducción de las penas impuestas a los responsables de los actos golpistas.
La legislación quedó suspendida en mayo por decisión del juez Alexandre de Moraes, mientras el pleno del STF analiza su constitucionalidad.
Según uno de los aliados de Alcolumbre, conseguir que el tribunal avale la normativa sobre la dosimetría de las penas representaría un primer paso para disminuir la tensión con el bolsonarismo y facilitar las negociaciones.
De todas maneras, la eventual aprobación de una amnistía en ambas cámaras requeriría un entendimiento político con Lula.
Los dirigentes cercanos al presidente del Senado consideran fundamental evitar que el mandatario movilice a su base de apoyo contra el proyecto o decida vetarlo, ya que cualquiera de esas alternativas podría profundizar el conflicto institucional.
Uno de los aspectos más delicados de la negociación está relacionado con los efectos que tendría una eventual amnistía sobre los derechos políticos de Jair Bolsonaro.
El expresidente permanece inhabilitado para presentarse a elecciones hasta al menos 2060, como consecuencia de la condena dictada por el Supremo Tribunal Federal en la causa vinculada con el intento de golpe de Estado.
Los aliados de Alcolumbre pretenden que una posible amnistía se limite exclusivamente al ámbito penal, sin modificar las restricciones electorales que pesan sobre el exmandatario.
De esta manera, la iniciativa podría permitirle abandonar el arresto domiciliario sin recuperar la posibilidad de competir por cargos públicos.
Sin embargo, existen diferencias de interpretación entre especialistas del derecho brasileño respecto de si una amnistía penal puede producir efectos sobre la situación electoral de una persona condenada.
Por ese motivo, el entorno del presidente del Senado considera necesario redactar una norma que establezca expresamente los alcances del beneficio y evite nuevas controversias judiciales.
El segundo objetivo de la estrategia de Alcolumbre consiste en frenar los pedidos de juicio político contra magistrados del Supremo Tribunal Federal, especialmente contra Alexandre de Moraes, quien intervino en el proceso que terminó con la condena de Bolsonaro.
Los legisladores conservadores que asumirán sus bancas en febrero desarrollaron buena parte de sus campañas electorales con un discurso crítico hacia el máximo tribunal y con propuestas para impulsar la destitución de algunos de sus integrantes.
Sin embargo, Alcolumbre se opone a avanzar con esos procedimientos y pretende negociar un compromiso para que la oposición abandone las iniciativas de destitución y concentre sus esfuerzos en una reforma estructural del Poder Judicial.
Actualmente, al menos 49 de los 81 senadores que integrarán la nueva legislatura respaldan la posibilidad de iniciar juicios políticos contra magistrados del STF, aunque algunos mantienen reservas sobre la medida. Para concretar una destitución se necesitan 54 votos, equivalentes a los dos tercios de la Cámara alta.
En el entorno de Alcolumbre consideran que la reelección de Lula redujo las posibilidades de que prosperen estos procedimientos y podría incentivar a la derecha a aceptar un acuerdo que contemple beneficios para Bolsonaro.
La negociación también está vinculada con las aspiraciones políticas de Davi Alcolumbre, quien busca permanecer otros dos años al frente del Senado brasileño.
El legislador cuenta con el respaldo de sectores de izquierda y de centro, aunque esos apoyos no resultan suficientes para asegurar su continuidad.
Por ese motivo, apuesta a los vínculos que construyó con dirigentes de centroderecha e incluso con integrantes del Partido Liberal (PL), principal fuerza opositora.
La elección del presidente del Senado se realiza mediante votación secreta, un mecanismo que permite a los legisladores apartarse de las posiciones oficiales de sus respectivos partidos.
Entre sus principales competidores aparecen Rogério Marinho (PL-RN) y Tereza Cristina (PP-MS), quienes buscan capitalizar el crecimiento de la representación conservadora para desplazarlo del cargo.
El Partido Liberal contará con la bancada más numerosa, integrada por 29 senadores, a los que se sumarán los tres representantes del partido Novo, también ubicado en la oposición.
Además, otras fuerzas del denominado centrão, como Progressistas (PP) y Republicanos, mantienen posiciones más cercanas a la derecha que al Gobierno de Lula.
Este escenario obliga a Alcolumbre a construir acuerdos más amplios si pretende conservar la conducción de la Cámara alta.
La posibilidad de un indulto o una amnistía para Jair Bolsonaro aparece así como una herramienta de negociación que podría redefinir las alianzas parlamentarias, reducir la confrontación con el Supremo Tribunal Federal y determinar quién encabezará el Senado brasileño durante los próximos dos años.