El Senado brasileño aprobó la creación de una Comisión de la Verdad que investigará las violaciones de los derechos humanos durante la dictadura militar que se extendió de 1964 a 1985, aunque sin levantar la amnistía vigente desde 1979 y confirmada por la Corte Suprema hace un año, que impide enjuiciar y encarcelar a los represores.
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El texto, que había sido aprobado en la Cámara de Diputados, fue respaldado en una votación en el plenario del Senado y ahora sólo precisa de la promulgación de la presidente brasileña Dilma Rousseff. La Comisión prevé sacar a la luz hechos como la desaparición forzada de personas y violaciones de derechos humanos durante un periodo de tiempo mayor al de la dictadura, de 1946 a 1988.
El gobierno de Rousseff, una exguerrillera de 63 años que fue encarcelada y torturada en la dictadura, había pedido urgencia en la votación de este proyecto que fue presentado al Congreso bajo la presidencia de su antecesor, Luiz Inacio Lula da Silva.
Su objetivo, según el texto, es "garantizar el derecho a la memoria y a la verdad histórica y promover la reconciliación nacional". La comisión funcionará durante dos años y estará integrada por siete miembros nombrados por la presidenta.
Representantes de las familias de desaparecidos han criticado el proyecto porque podría no arrojar nuevas conclusiones, y por considerarlo contradictorio con la amnistía que protege a los militares.
En un mensaje a su Partido de los Trabajadores en septiembre pasado, Rousseff, que asumió en enero, anunció: "Haremos la Comisión de la Verdad. No hay la menor duda de eso. En el área de derechos humanos seré bastante firme". Y su gobierno pidió la urgencia en la votación en el Parlamento.
La creación de la Comisión llegó a generar tensiones entre el gobierno de Lula y los militares, pero posteriormente el alto mando pareció acatar una decisión que no afectaría a la ley de Amnistía y que no se ceñía sólo a los años de la dictadura, sino que era más amplio.
En 2010, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó a Brasil por abusos de derechos humanos cometidos durante la dictadura y declaró sin "efectos jurídicos" la amnistía de 1979. El Estado brasileño reconoce oficialmente 400 muertos y desaparecidos durante la dictadura, contra 30.000 en Argentina, más de 3.200 en Chile y 38 en Uruguay (otros 193 uruguayos desaparecieron en países de la región), según organizaciones humanitarias.
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