El padre del "hambre cero", entre el recuerdo del pasado virtuoso y la pesada carga de la corrupción

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Su caída y retorno al primer plano siguió el guion de la operación Lava Jato y el humor social. Vencer un rechazo elevado será su gran desafío para el segundo turno.

Las urnas demostraron ayer que Luiz Inácio Lula da Silva sigue siendo el político más popular de Brasil, pero también que la demolición de su figura, tanto autoinfligida como obra de la operación Lava Jato, con acusaciones que cobraron una presencia cotidiana en los medios al modo de capítulos de una telenovela, sigue representando para él una carga grande. Ganó y quedó cerca de consumar su retorno en el segundo turno del domingo 30, pero constata que sufre también de un nivel de rechazo considerable que hasta hizo competitivo al errático Jair Bolsonaro.

El país luce dividido en dos. Por un lado están quienes lo aman y quienes no, pero pese a ello, lo prefieren al ultraderechista. Y lo mismo podría decirse del segundo.

A sus 76 años, la mochila política que el líder de la izquierda lleva a sus espaldas está llena de elementos contradictorios, que explican en gran medida lo ocurrido. Por un lado, tiene logros emocionantes, como haber sacado de la extrema pobreza a 36 millones de compatriotas, a quienes les cumplió en buena medida la promesa de facilitarles el comer tres veces por día. Pero, por el otro, carga con denuncias de corrupción que atravesaron sus dos mandatos (2003-2010), en las cuales, si bien no le han cabido al final responsabilidades penales, sí hay que contarles las políticas.

La cuestión emergió una y otra vez en los debates preelectorales, en los que todos sus rivales, desde los más hostiles a los más ideológicamente afines, no dejaron de pasarle esa factura. Fueron, al cabo, expresiones de lo que también se dice en las calles.

Cuando se piensa en la corrupción, cierta vulgata la asocia al enriquecimiento personal. En países como Brasil y, antes, como Italia, puede tener algo de eso, pero se enmarca mejor en el concepto de “hacer política”, lo que en el Brasil de Lula da Silva fue la compra de mayorías parlamentarias que las urnas nunca le dieron.

Mercado de lealtades

Eso fue el mensalão, esto es el pago mensual de dinero desviado de las arcas públicas a figuras políticas clave a fin de comprar su lealtad. Destapado en el primer mandato del petista, condicionó a tal punto su gestión que lo llevó a defender y a promulgar poco antes de la finalización del segundo una ley de iniciativa popular conocida como “ficha limpia”, que consiste en la anulación del derecho a ser elegido en elecciones a quien cargue con una condena -por corrupción y delitos conexos- en dos instancias.

Tras esa sobreactuación -destinada a asegurar su sucesión con Dilma Rousseff- y por la acción del entonces juez federal Sergio Moro, Lula fue condenado no en dos sino en tres instancias. Y fue a la cárcel por 580 días, también en función de jurisprudencia nueva y “creativa” que imponía el cumplimiento anticipado de las penas cuando existiera fallo de segunda instancia.

Era poco popular preguntarse entonces por garantías básicas de los sistemas judiciales liberales como el brasileño, por empezar la presunción de inocencia. En efecto, encarcelar y privar de sus derechos políticos a alguien sin que exista sentencia firme -“tránsito en juzgado”, como dice la Constitución brasileña- es una violación de aquella. Urgido de demostrar que era ajeno a la corrupción masiva que la Lava Jato efectivamente destapó durante su gobierno, Lula fue cómplice de la jurisprudencia punitiva que casi termina con su carrera política.

Más cómplice fue el Supremo Tribunal Federal (STF), que les dio alas a Moro y a los fiscales de Curitiba mientras las calles se seguían llenando de indignados ciudadanos lavajatistas de clase media. Solo cuando esa espuma bajó, el STF reparó en lo que debió haber advertido desde el inicio: culpable o inocente, el caso que llevó a la cárcel a Lula da Silva, el del tríplex de Guarujá, estuvo viciado de nulidad desde el inicio.

Juez antinatural

Esa localidad queda en la costa del estado de San Pablo y, para caer en el juzgado de Moro en Curitiba -Paraná-, el magistrado debía vincularlo de algún modo con el petrolão, el esquema de coimas con el que el Gobierno petista aceitó a buena parte de la clase política y que aquel investigaba.

Moro imaginó el caso del tríplex como una coima que la contratista OAS le pagó al expresidente por un negocio amañado con Petrobras. Sin embargo, aun con un empresario delator que debió declarar dos veces hasta involucrar a Lula da Silva, Moro nunca encontró ni el negociado ni la norma que le diera base de sospecha o de prueba, lo que se llama un “acto de oficio”. Así, en su fallo, que atravesó después dos instancias de apelación -en las que la condena a nueve años y medio de prisión incluso fue endurecida- habló de “convicción personal” y de “un acto de oficio indeterminado”, solo una hipótesis en la que fundamentó la pérdida de la libertad de una persona. Lo anterior significa que Moro -a la postre fugaz ministro de Justicia del principal beneficiario de su ofensiva, Jair Bolsonaro- nunca fue el juez natural de la causa, como terminó por constatar el Supremo, ya que el caso debió ser ventilado en San Pablo.

Durante esa etapa oscura, Lula perdió más que la libertad y sus derechos; también, a su segunda esposa, Marisa Letícia. Y mientras estuvo en cautiverio, lloró a un hermano y a un nieto.

Por otra parte, entre otras incorrecciones procesales, según constató el sitio The Intercept al difundir una serie de chats, los fiscales actuaron, más que como agentes independientes de instrucción, como brazos ejecutores de medidas de prueba que les eran sugeridas por Moro, alguien alejado del rol de juez imparcial.

Nada de eso sorprendió: en un paper que había publicado en una revista jurídica en 2004 -poco después de la llegada del PT al poder-, Moro ya hablaba de demoler el sistema político brasileño al modelo de la operación italiana Mani Pulite, valiéndose de “jueces de ataque”, de la “sensibilización” de la opinión pública a través de la filtración de información a “medios amigos” y de un uso extensivo -abusivo- de la figura del “delator”.

Lula da Silva dice que, al final, fue declarado inocente. Eso no es así: sus condenas fueron anuladas por la violación del derecho de defensa. ¿Inocente? Ya no se sabrá. Aunque puede afirmase que, en lo político, “dejó hacer” demasiado, lo seguro es que fue perseguido sobre la base de un guion escrito catorce años antes de su arresto.

El niño que conoció el hambre en Pernambuco, que se hizo tornero mecánico y líder sindical, que llegó al poder solo con instrucción primaria, que cumplió con la epopeya de darle de comer a su pueblo y que se retiró como el político más amado de su país y uno de los más admirados del mundo conoció luego el lodo. Ese pasado le demora, al menos, el sueño de la resurrección.

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