Bush, mal: Corte dio amparo a los presos de Guantánamo

En Roma, donde se reunió ayer con Silvio Berlusconi, George W. Bush criticó la decisión, pero aseguró su acatamiento.

Washington (EFE, AFP, Reuters, ANSA, DPA) - La Corte Suprema de Estados Unidos reconoció ayer el derecho de los detenidos en Guantánamo a acudir a los tribunales federales para reclamar su puesta en libertad, lo que supone un severo revés para el gobierno de George W. Bush.

La Corte emitió su fallo por un margen mínimo, cinco contra cuatro, ante la oposición de sus miembros más conservadores.

El magistrado Anthony Kennedy redactó la sentencia en nombre de la mayoría y declaró que «las leyes y la Constitución están hechas para sobrevivir y seguir vigentes en momentos extraordinarios. La libertad y la seguridad pueden ir unidas».

En cambio, Antonin Scalia -líder de la minoría conservadora- advirtió que «la nación lamentará lo que hizo el tribunal» y que el dictamen dificultará la lucha contra el terrorismo. «Casi ciertamente causará más muertes de estadounidenses», afirmó.

El presidente George W. Bush, reaccionó ante el fallo con una crítica: «No estoy de acuerdo con esa decisión». Pero, tras una reunión en Roma con el primer ministro de Italia, Silvio Berlusconi, subrayó que su gobierno acatará la decisión judicial a la vez que garantizará la seguridad del pueblo estadounidense.

De ahora en más los aproximadamente 270 extranjeros detenidos en Guantánamo tendrán derechos protegidos por la Constitución de EE.UU., pese a que esa base está en territorio cubano. La decisión de la Corte permitirá a los detenidos escapar al sistema de justicia alternativo establecido por la administración Bush en Guantánamo y acudir a los tribunales federales, donde un juez evaluará las razones de su encarcelamiento.

11-S

Esa posibilidad también estará abierta para los sospechosos de los atentados del 11 de setiembre de 2001, que comparecieron la semana pasada por primera vez ante uno de los tribunales militares especiales creados en la base cubana.

Entre ellos se encuentra el ex número tres de Al-Qaeda, Jalid Sheij Mohamed, quien admitió haber sido el autor intelectual de esos ataques, tanto en polémicos interrogatorios bajo tortura como en declaraciones de prensa previas.

El dictamen probablemente provocará una oleada de recursos ante los tribunales federales estadounidenses y reactivará algunas demandas que jueces de menor rango habían paralizado, pendientes de la decisión de la Corte.

Desde que 20 detenidos llegaron en enero de 2002 por primera vez a las jaulas de metal que inicialmente se usaron para alojarlos en Guantánamo, la Corte se ha constituido en el principal freno a la pretensión del gobierno republicano de encerrar a sospechosos de terrorismo de forma indefinida y fuera del marco legal normal.

Ya en 2004 la Corte había autorizado a dos prisioneros a apelar su detención ante la Justicia norteamericana, pero el gobierno impuso la creación de los tribunales militares especiales y la batalla legal se reavivó.

Otro dictamen previo había obligado a la administración a establecer que dichas juntas militares revisaran la situación de cada prisionero para determinar si merecen continuar encarcelados. Anteriormente, no tenían ese derecho.

Pero la Corte determinó ayer que ese sistema no constituye un mecanismo justo de análisis de los casos. En esas juntas, denominadas formalmente «tribunales de revisión del estatus de los combatientes», los detenidos no tienen derecho a un abogado, no pueden refutar información secreta y se admiten confesiones realizadas bajo tortura.

En una declaración jurada enviada a la Corte, el teniente coronel de la Reserva, Stephen Abraham, un ex miembro de una de esas juntas, denunció el año pasado que los procedimientos son «poco más que una validación de las determinaciones previas» hechas por el Pentágono.

El Congreso, por su parte, fue un aliado de Bush hasta el año pasado, cuando estaba bajo control de los republicanos. En 2006 aprobó la Ley de las comisiones militares, que negaba expresamente a los detenidos de Guantánamo el derecho de pedir su puesta en libertad ante los tribunales federales, norma que el Supremo declaró inconstitucional ayer.