Caracas (AFP, ANSA) - El presidente venezolano, Hugo Chávez, prometió esclarecer el asesinato de dos de sus simpatizantes el viernes pasado y afirmó que aplicará «mano dura» contra quienes desestabilicen el país, a la vez que la oposición contraatacó con una convocatoria a partir de hoy de desobediencia fiscal para poner aun más en jaque al gobierno de Chávez.
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«Aplicaremos con energía el principio de autoridad que la Constitución y las leyes nos han dado para garantizar la paz y la tranquilidad de la república», advirtió el mandatario en un mensaje a la nación difundido por la televisión estatal. Chávez exhortó al Ministerio Público y al Poder Judicial a «actuar con coraje y a tiempo». «No pueden seguir muriendo venezolanos impunemente, estamos obligados a hacer justicia, el pueblo lo reclama; encontraremos a los asesinos de Jairo Morán y Oscar Aponte donde estén, así se escondan bajo de las piedras y el dinero», destacó el mandatario. El oficialismo acusa a la policía metropolitana, comandada por el alcalde opositor Alfredo Peña, de las muertes de los dos chavistas.
«Levantar la producción petrolera», colapsada en el marco de un paro general opositor que ya lleva más de un mes, y «profundizar» su autoproclamada revolución bolivariana será una manera de rendir homenaje y mantener vivos a los caídos, dijo el mandatario.
El mandatario, que calificó de «traidores a la patria» a quienes boicotean la actividad de la petrolera estatal PDVSA, anunció que reestructurará de la empresa para adecuarla «a las necesidades del país».
El ministro de Energía, Rafael Ramírez, insistió en que tienen el control de PDVSA, mientras que el paro contra Chávez, que lleva 36 días, perdió fuerza en los sectores comercial e industrial. Ramírez anunció una reorganización en la intrincada burocracia de PDVSA, que según el ministro, tiene un costo superior a la del resto de la administración pública.
•Costo
El banco de inversión Merrill Lynch, que ayer recortó la posición en bonos de Venezuela en su cartera modelo, dijo que el paro general ya le ha costado a la economía del país entre 2.000 millones a 3.000 millones de dólares.
Ayer se repitieron manifestaciones de oficialistas y opositores, mientras que hoy habrá una marcha hacia la sede del organismo de recaudación fiscal (Seniat), para auspiciar la «desobediencia tributaria» en el marco del paro general. «Ni un bolívar más», es la consigna de los opositores de la Coordinadora Democrática. La Fiscalía General evaluó que este llamado puede ser tomado como una «instigación a delinquir», lo que es sancionado con cárcel de 45 días a seis meses, dijo Jansen García, comisionado para esta investigación.
La tensión en el país llevó a gobiernos extranjeros, como el alemán y el canadiense, a recomendar a sus ciudadanos que no viajen a Venezuela, y a los que ya se encuentran en territorio venezolano, que regresen.
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