Colombia: acorrala a Duque la revelación de una red de espionaje manejada por militares

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Bogotá - En medio de un escándalo de grandes proporciones y consecuencias todavía indescifrables, el Gobierno colombiano de Iván Duque salió ayer a despegarse del funcionamiento de una red de escuchas ilegales a prominentes políticos, jueces y periodistas, manejada por miembros de las Fuerzas Armadas, a la vez que prometió sanciones ejemplares contra los uniformados que sean hallados responsables por la Justicia.

La revista Semana publicó el fin de semana indicios y testimonios que presuntamente comprometen a efectivos del Ejército en la intercepción de teléfonos y correos electrónicos de personalidades, sin orden judicial y con aparentes fines políticos.

Entre las víctimas de las interceptaciones estarían jueces de la Corte Suprema, congresistas de distintos partidos, gobernadores y reporteros de Semana que el año pasado recibieron amenazas.

Acompañado del alto mando militar, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, expresó el rechazo del Gobierno conservador “a cualquier tipo de persecución, seguimientos o interceptación ilegal en el país”.

“Solamente se tuvo conocimiento de esos hechos cuando se leyó el artículo (periodístico), que es hoy de conocimiento público”, declaró el funcionario en una conferencia de prensa.

El director de la revista, Alejandro Santos, afirmó ayer que a mediados de diciembre había hablado con Trujillo sobre una investigación que su medio estaba haciendo sobre espionaje ilegal del Ejército.

“Yo le confirmo que sí estamos investigando temas de ‘chuzadas’, pero no le doy detalles (...) y él arranca una investigación interna en su momento”, aseguró a RCN Radio.

Según Semana, uno de los militares involucrados en el escándalo le dijo bajo reserva de identidad que recibió la orden de entregar la información recolectada sobre una magistrada a “un reconocido político del Centro Democrático”, el partido en el poder que lidera el expresidente Álvaro Uribe (2002-2010).

El ministro garantizó “transparencia” en el manejo y las investigaciones que promueve sobre el presunto caso de espionaje. “De hallarse que sí hubo irregularidades, el Gobierno exige que los responsables sean sancionados de manera ejemplar”, enfatizó Trujillo.

El fiscal general, Fabio Espitia, anunció la apertura de una investigación y le pidió al ministro que le enviara “inmediatamente” los sumarios internos que su despacho ha realizado.

“Es una información que la Fiscalía no tenía, es una información que se conoce por los medios”, afirmó Espitia en conferencia de prensa.

El senador de oposición Roy Barreras, uno de los blancos de las escuchas, desmintió lo dicho por el Gobierno.

“Señor ministro: El Gobierno, el propio presidente Duque y la Fiscalía YA CONOCÍAN de estos seguimientos ilegales”, escribió en su cuenta de Twitter.

Barreras agregó que personalmente denunció “estos hechos” al primer mandatario en julio de 2019 y llevó la denuncia a la Fiscalía en agosto. Asimismo, cuestionó que el responsable de Defensa sostenga que solo supo de las escuchas ilegales cuando leyó la investigación periodística.

Asimismo, recordó que en su momento el Gobierno conservador también quiso ocultar la muerte, en un bombardeo militar, de ocho menores reclutados por guerrilleros disidentes de las disueltas FARC, que firmó la paz en 2016.

Barreros dio a conocer esas muertes en un debate contra el entonces ministro de Defensa, Guillermo Botero, lo que precipitó su renuncia antes de que fuera sometido a una moción de censura en el Congreso.

No es la primera vez que las autoridades de Colombia afrontan señalamientos por seguimientos o interceptaciones ilegales.

El extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), que dependía de la presidencia, se vio envuelto bajo el Gobierno de Uribe en un escándalo por escuchas ilegales a magistrados de la Corte Suprema, opositores y periodistas.

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