Colombia: denuncian que las FARC amenazaron de muerte a varios funcionarios

La guerrilla de las FARC amenazaron de muerte a varios alcaldes y al gobernador del departamento de Tolima (suroeste), a quienes acusan de apoyar al presidente colombiano, Álvaro Uribe, informó el director de la Federación de Municipios, Gilberto Toro.

El funcionario alertó a las autoridades para que se refuercen las medidas de seguridad de los alcaldes y gobernadores por las nuevas amenazas de las FARC contra los dirigentes políticos del Tolima.

"La verdad es que estamos muy preocupados porque otra vez las FARC (...) están declarando objetivos de guerra a los alcaldes, alcaldesas y gobernadores de Colombia", dijo en una entrevista con Caracol Radio.

Toro precisó que en un comunicado los rebeldes amenazaron a los alcaldes de las poblaciones de Ataco, Rioblanco, Chaparral, Planadas y San Antonio por supuestamente apoyar al Gobierno de Uribe.

"Esto es gravísimo porque nosotros no podemos aceptar que a través de las amenazas se pretenda destruir la democracia local en Colombia", dijo Toro al añadir que en épocas electorales se incrementan las amenazas y ataques contra líderes políticos en las regiones.

"Lo que se ha conocido por los comunicados es que básicamente los tildan de ser funcionarios que están dándole apoyo al presidente Álvaro Uribe y que ellos van a atacar a todos los que apoyen" al mandatario, agregó.

El representante de la Federación de Municipios señaló que esa no es una razón para justificar una acción que atenta contra los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.

Toro pidió al Gobierno que se les garantice medidas efectivas de protección a los alcaldes y gobernadores, contra quienes se han recrudecido las amenazas e intimidaciones por parte de la guerrilla en los últimos días.

Asimismo, pidió a la comunidad internacional rechazar las amenazas y ataques contra alcaldes y gobernadores.

La secretaria de gobierno de Tolima, Martha Padilla, garantizó la seguridad de los alcaldes de esa región amenazados por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

"El Ejército se ha comprometido a brindar la seguridad, pero ellos deben informar ocho días antes (cualquier desplazamiento) para ver la viabilidad y si se considera que se puedan hacer los movimientos", dijo la funcionaria.

Además recordó que se realizó un consejo de seguridad para hacer algunas recomendaciones de protección a los alcaldes debido a que en las épocas preelectorales normalmente se presentan ataques por parte de los rebeldes.

La guerrilla aceptó la responsabilidad por el asesinato del gobernador del Caquetá, Luis Francisco Cuéllar, a quien secuestraron el pasado 22 de diciembre para hacerle un "juicio político" bajo la acusación de corrupción, pero lo degollaron luego al ser perseguidos por el Ejército.

"El objetivo de la retención no era ajusticiarlo, ni hacerle exigencias económicas, sino realizarle un juicio político por corrupto, al haber convertido el dolo y el prevaricato (prevaricación) en piedra angular de su Administración", detalla el escrito.

Para las FARC, lo ocurrido al gobernador Cuéllar "es consecuencia directa de la orden impartida por Álvaro Uribe a las fuerzas militares del rescate a sangre y fuego".