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Con estas medidas, el gobierno se propone recuperar el control civil y de las fuerzas de seguridad en 27 municipios de los tres departamentos en donde es más fuerte la influencia guerrillera izquierdista y de las fuerzas paramilitares.
Amparado en el estado de conmoción interior que decretó el pasado 12 de agosto, el presidente definió las tres primeras zonas de rehabilitación y consolidación, y nombró a sus comandantes militares, quienes podrán imponer estrictas medidas de control.
También podrán recoger, verificar, conservar y clasificar la información acerca del lugar de residencia y ocupación de los pobladores y de las personas que ingresen o transiten por el área bajo su mando. De igual manera fiscalizarán armas, equipos de comunicaciones, vehículos y medios de transporte terrestre, fluvial, marítimo y aéreo.
Por su parte, los habitantes de las zonas de seguridad tienen la obligación de informar sobre la tenencia o uso de armas o equipos de telecomunicaciones, y deberán tramitar un carnet que certifique su residencia. Quienes incumplan esas obligaciones podrán ser arrestados y deberán ser puestos a órdenes de una autoridad judicial dentro de las 24 horas siguientes.
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