"Con Argentina, el debate pasará por precio del gas"

La Paz - El presidente boliviano vive su momento más duro. La polémica Ley de Hidrocarburos, aprobada la pasada semana por el Congreso tras la negativa presidencial a firmarla, ha dividido el país. Las empresas petroleras, gravadas con nuevos impuestos, anuncian que paralizarán sus inversiones y denuncian que la ley es «confiscatoria». Los movimientos mineros, campesinos e indígenas exigen una norma más dura, basada en la nacionalización. A la vez, se enfrentan sobre la Asamblea Constituyente y el referendo autonómico. Periodista: Usted agotó hasta el último segundo el plazo constitucional de diez días para tomar una decisión sobre la Ley de Hidrocarburos. Finalmente, la devolvió al Congreso, sin observarla ni vetarla. Las fuerzas políticas y sociales lo han acusado de «lavarse las manos», lo han calificado de «irresponsable» e «indeciso». Carlos Mesa: Una de las cosas extraordinarias que me pregunto yo es cómo el presidente de Bolivia, sometido a esta estrategia de demolición de los medios de comunicación, puede sobrevivir a la credibilidad en su sociedad. No dudo de que esta acción de los últimos días me ha generado un daño en la opinión pública que habrá que valorar, pero trato de evitar ver televisión y leer periódicos que no tienen otra intención que destruirme, porque eso me produce un malestar de estómago innecesario.Yo creo que la coherencia con mi conciencia y mi responsabilidad frente al país me conducen a tomar las decisiones. Mi decisión en relación con la Ley de Hidrocarburos estuvo vinculada a dos consideraciones: la consideración de conciencia, de no promulgar una ley que no me parece que le haga bien a Bolivia; y la consideración de la estabilidad democrática. La estabilidad democrática estaba en serio riesgo en la eventualidad de un veto mío, por un clima armado para ese objetivo. La combinación de ambos elementos me obligó a tomar esta decisión de la que no me arrepiento ni un milímetro. Respondo a mi conciencia al no estampar mi firma en una ley que no creo que sea útil para Bolivia, y al no vetarla para evitar un descalabro del sistema democrático. P.: ¿Peligran ahora los proyectos de construcción de un gasoducto al Noroeste Argentino y la prevista planta petroquímica en la frontera con Brasil? C.M.: Son dos temas de naturaleza distinta. En el caso de la Argentina, yo creo que vamos adelante y vamos a concretar en el más breve plazo posible este gasoducto. El tema del debate está más vinculado a los precios del gas que a las nuevas características normativas de Bolivia. Y en el caso de Brasil hay que hacer una evaluación con ese país, por la presencia de Petrobras en Bolivia, la política de Brasil y su empresa más importante de petróleo, después de la nueva legislación boliviana. Es un tema que vamos a trabajar de inmediato con Brasil para tratar de viabilizar la planta de gas química, que es de mutuo interés. P.: El panorama fiscal para la española Repsol no es muy positivo. C.M.: Trataremos de actuar con la máxima responsabilidad, entendiendo lo que representa la importancia de una inversión extranjera. A pesar de las dificultades del actual contexto, en el gobierno hay voluntad de -respetando los intereses de Bolivia que son lo primero que debemos buscar- asumir lo que significa la importancia de su inversión y su viabilidad hacia el futuro. P.: ¿No cree que la situación empieza a parecerse a la que acabó con el presidente Sánchez de Lozada en octubre de 2003? C.M.: No. Sánchez de Lozada había perdido totalmente el respaldo popular. Segundo, se generó un nivel de violencia descontrolada, con casi 60 muertos en dos semanas. Tercero, los movimientos sociales lograron una unidad de criterios en función de una cuestión: la venta y la exportación del gas boliviano. Los movimientos sociales tienen una visión expresada de manera muy parcial y muy radicalizada por pequeños grupos con gran capacidad de vocinglería y de ruido. Pero no son masivos en el contexto de cómo entender un movimiento. • Acuerdo difícil P.: Usted convocó a sindicatos, políticos, empresarios, indígenas, al Congreso e incluso a ex presidentes bolivianos, a un Encuentro por la Unidad de Bolivia, para lograr un consenso sobre la Ley de Hidrocarburos, el referéndum de autonomías y la Asamblea Constituyente. Su propuesta fracasó. ¿No significaba desautorizar al Congreso? C.M.: Hay que entender que el presidente no tiene un partido político, y la relación con el Congreso está dificultada por esa situación. Al no haber una mayoría clara en el Congreso, no hay ningún partido dominante y por lo tanto las alianzas y las coaliciones surgen vinculadas a cada tema y circunstancia. Es muy difícil llegar a acuerdos, porque el gobierno no tiene una bancada mayoritaria y dentro del propio Congreso no la hay. En aquel momento nosotros pensamos que sobre determinados temas habría que lograr un acuerdo, y ese acuerdo se podría transmitir luego al Congreso. No es el mecanismo más idóneo, pero Bolivia vive un momento excepcional. P.: Tras ese fracaso, ¿adelantará las elecciones? C.M.: En marzo planteé la posibilidad del adelantamiento de elecciones y esta posibilidad fue rechazada y no la voy a volver a plantear. Mi obligación, según el mandato constitucional, está fijada hasta el 6 de agosto de 2007 y no cambiará. P.: Santa Cruz ha autoconvocado un referendo por su autonomía. ¿Cómo califica esta actitud? C.M.: Es un juego de fuerza para presionar al Parlamento y al Ejecutivo para avanzar en el tema del referendo autonómico. Estamos en un momento histórico en el que es necesario terminar con el Estado centralista boliviano. El unitarismo clásico de Bolivia cumplió su rol, y ahora tenemos que dar un salto hacia adelante, que pasa por un proceso autonómico. Santa Cruz vanguardiza este movimiento al que hay que dar un cauce de racionalidad. Mi discrepancia no está en el fondo, sino en que hay mecanismos que establece la Ley y la Constitución.Y la prueba de las dificultades de un Congreso que no tiene mayorías y que atraviesa una grave crisis, con partidos políticos muy desacreditados históricamente, es que no hay posibilidades de acuerdo. Hay una tensión muy fuerte entre la línea del referendo autonómico y la Asamblea Constituyente, como si fueran cosas contradictorias. Y no lo son. Deberíamos lograr un acuerdo entre los sectores radicales que defienden la Asamblea Constituyente -es el caso de Evo Morales-, y la línea del referendo. Pero también Santa Cruz tiene razón: hay una iniciativa ciudadana que consiguió un número de firmas que legitimó el referendo, y el Congreso no puede discutir si se hace o no. El Congreso lo único que tiene que definir es la fecha en que se hace. P.: ¿De dónde surgen los apoyos financieros necesarios para movilizar a los cientos de mineros, campesinos e indígenas que marchan a La Paz? Usted mismo ha subrayado los objetivos desestabilizadores de algunas ONG. C.M.: No se puede suponer la espontaneidad de movimientos que son impulsados por consignas. Una consigna, por ejemplo, es la palabra \'nacionalización\', que no tiene ningún contenido. El mecanismo de los grupos sociales se basa en consignas vacías sobre medias verdades, o en flagrantes mentiras. Por supuesto que tienen financiación. ¿De quién? Es un riesgo mencionar nombres. Sobre las ONG, en términos generales hacen un buen trabajo en Bolivia. Dicho esto, hay algunas ONG que tienen una visión que no aplicarían en sus propios países. La visión \' rousseauniana\' del buen salvaje está muy bien cuando uno está sentado cómodamente en una capital europea hablando del tema indígena. Pero la realidad de ese tema en un país que tiene mayoría de indígenas -con sus connotaciones políticas, sociales, económicas y de administración de los recursos naturales-, conlleva una visión muy distinta. Por un enfoque equivocado, se generan posiciones de apoyo a posturas ultrarradicales, no necesariamente con mala intención y, algunas pocas, sí, con intención.

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