Santiago (EFE, Reuters, ANSA, DPA) - El Congreso de Chile debatió ayer una acusación constitucional contra la suspendida ministra de Educación, Yasna Provoste, y la destituyó por irregularidades financieras en su cartera, en un hecho inédito desde el retorno a la democracia en 1990.
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
En una ajustada votación en la sede del Parlamento en el puerto de Valparaíso, y en un severo golpe a la presidente Michelle Bachelet, el Senado ratificó, con los votos de la oposición de derecha y ex oficialistas, la imputación ya aprobada el 3 de abril por la Cámara de Diputados y que implicó la suspensión de Provoste.
El Congreso dictaminó que Provoste quedó inhabilitada para desempeñar cargos públicos por cinco años y ni siquiera podrá ejercer como profesora de Educación Física en establecimientos municipales.
Fundamento
La acción fue fundamentada en los problemas contables que registra desde 2004 el pago de subvenciones por 400 millones de dólares a administradores privados de colegios de Santiago.
La caída de Provoste podría derivar en acusaciones similares contra los hoy ministros de Obras Públicas, Sergio Bitar, y de Agricultura, Marigen Hornkohl.
Ambos fueron ministro y viceministra de Educación en gran parte del período en que ocurrieron los hasta ahora calificados de «desórdenes administrativos».
Los miembros de la oposición, mayoría en el Senado, defendieron su actuación. «La ministra tuvo conocimiento de los desórdenes administrativos y en 18 meses en que ejerció su cargo no cumplió con la ley», dijo ante el Senado el diputado de la Unión Demócrata Independiente José Kast.
Horas antes de conocerse la votación, Provoste se había recluido en un recinto religioso y llamado a la televisión para que la filmaran rezando. «Hay que cuidar las instituciones de la democracia. Nos miran todos los juristas y todos los chilenos, ya que en mi caso, este honorable Senado tomará una decisión que puede marcar el rumbo del funcionamiento presente y futuro de la democracia», había indicado. Por su parte, el ministro de la Presidencia, José Viera Gallo, insistió en que la acusación no tiene sustento jurídico y sólo está basada en motivaciones políticas, en un año marcado por comicios municipales, antesala de las presidenciales de 2009.
Respaldo
La caída de Provoste sorprende paradojalmente a Bachelet remontando en las encuestas, en las que por primera vez en los últimos meses recibió el respaldo de más de la mitad de los chilenos.
EN 1990, cuando finalizó la dictadura de Augusto Pinochet, los nuevos parlamentarios presentaron quince acusaciones constitucionales contra ministros de Estado y jueces de la Corte Suprema. Finalmente sólo una prosperó, contra un alto magistrado.
Las denuncias contra el Ministerio de Educación se suman a acusaciones de irregularidades en otras reparticiones del gobierno, como el Ministerio de Obras Públicas, Ferrocarriles del Estado y una oficina de fomento del deporte llamado Chiledeportes.
Dejá tu comentario