«No creo que sea necesario instalar una comisión parlamentaria investigadora sobre ese tema. Entiendo que es un caso que debe ser investigado por policía federal y castigado por el poder judicial», señaló
Según los analistas locales, el gobierno de Lula no quiere instalar una comisión investigadora para no entorpecer las tareas del Parlamento ni enojar a Magalhaes, influyente senador y flamante aliado del oficialismo.
Magalhaes, más conocido por sus siglas ACM, es acusado de haber ordenado la interferencia de los teléfonos de 232 adversarios políticos y personales en Bahía. Entre los teléfonos intervenidos figura el de la abogada Adriana Barreto, de 30 años, quien señaló a la revista «Veja» que «tuve un romance de algunos años con el senador.
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