De cordero a lobo, Correa amenaza con "mucha" violencia a legisladores
Turbas amenazantes seguían rodeando ayer al Congreso de Ecuador, que continuaba pidiendo garantías de seguridad al gobierno izquierdista. Pero Rafael Correa mostró que los modos democráticos no son, precisamente, una cuestión de principios para él: dijo que la reforma constitucional saldrá «pacíficamente o con mucha violencia».
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Este fue el primer acercamiento oficial entre los dos poderes del Estado tras el rechazo de los legisladores a aceptar la consulta popular y el inicio, el martes, de las protestas de movimientos sociales, indígenas y sindicales a favor de la asamblea que causaron cuatro heridos.
El Congreso fue custodiado ayer por unos 500 policías, en medio de amenazantes manifestaciones de sindicatos y grupos estudiantiles afines al izquierdista Correa.
El mandatario además dijo ayer que son los diputados «los que están rompiendo la democracia», al responder rumores sobre la intención de algunos partidos opositores de destituirlo por atentar contra la seguridad del Estado, por los enfrentamientos registrados el martes en las manifestaciones que llevaron a desalojar el Congreso. También se pensó en trasladar las sesiones a Guayaquil, pero los grupos sociales oficialistas dijeron que lo impedirían.
«Esta es nuestra última oportunidad para hacer un cambio pacífico en el país. Temo que si fracasamos, tendrá que ser con mucha violencia», dijo Correa, quien se encuentra de visita en la ciudad costera de Guayaquil.
Además expresó que la población «está enardecida» contra la clase política y pide la Asamblea Constituyente.
Correa remitió el día que asumió, el 15 de enero la convocatoria a consulta para el 18 de marzo al Tribunal Supremo Electoral para que la organice, pero el organismo decidió enviarla al Congreso para que la califique, en un acto « inconstitucional» según el jefe de Estado. Su problema es, en realidad, que no cuenta con bancada propia en la legislatura, debido a que desistió de presentar listas en los comicios de octubre.
A través de la pretendida consulta popular, la población expresará si se instala o no la Asamblea Constituyente de plenos poderes y que tendrá como fin reformar el sistema político, económico y social del país. Se cree que la misma llevaría a un cierre del actual Congreso y a la convocatoria a nuevos comicios.
Por otro lado, una mayoría de legisladores opositores abrió una puerta al diálogo al revocar la designación del fiscal general Francisco Cucalón, quien había generado el rechazo del gobierno por ser «inconstitucional», pues debía ser elegido entre una terna enviada por el Consejo Nacional de la Judicatura.
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