1 de febrero 2007 - 00:00

De cordero a lobo, Correa amenaza con "mucha" violencia a legisladores

Turbas amenazantes seguían rodeando ayer al Congreso de Ecuador, que continuaba pidiendo garantías de seguridad al gobierno izquierdista. Pero Rafael Correa mostró que los modos democráticos no son, precisamente, una cuestión de principios para él: dijo que la reforma constitucional saldrá «pacíficamente o con mucha violencia».

Un polícía lleva a un niño herido en los nuevos enfrentamientosprovocados ayer en Quito por seguidores del presidenteRafael Correa. La aplicación de un chavismo a la ecuatorianaestá provocando una convulsión política.
Un polícía lleva a un niño herido en los nuevos enfrentamientos provocados ayer en Quito por seguidores del presidente Rafael Correa. La aplicación de un chavismo a la ecuatoriana está provocando una convulsión política.
Quito (ANSA, AFP, EFE) - El presidente de Ecuador, Rafael Correa, advirtió ayer que el país está frente a la «última oportunidad de hacer un cambio pacífico» con la convocatoria a una consulta popular y una Asamblea Constituyente, ya que en caso contrario «el cambio tendrá que ser con mucha violencia».

En tono amenazante, y mientras sus partidarios protagonizaban nuevas marchas y choques esporádicos con la policía en esta ciudad, Correa -que dijo temer por su vida- llamó a los legisladores del opositor Congreso unicameral a «someterse al clamor de sus electores y no a sus líderes políticos», tras afirmar que más de 80% de la población quiere la Asamblea Constituyente.

Pero la distancia entre el Legislativo y el Ejecutivo empezó a acortarse ayer con la llegada del ministro de gobierno (Interior), Gustavo Larrea, al Congreso para mantener un diálogo con los representantes de los bloques legislativos a fin de « concretar una agenda de gobernabilidad». Al cierre de esta edición se supo que Larrea acordó con los acorralados legisladores reducir las tensiones y comenzar a negociar la posibilidad de llamar a la reforma constitucional.

Jorge Cevallos, jefe del Congreso, habló de la necesidad de «limar aspectos para que este gobierno, el Estado como tal, acuerde una agenda de trabajo y podamos salir de este lío que tenemos actualmente en el país. Porque es un gran lío, está caotizado todo».

  • Acercamiento

    Este fue el primer acercamiento oficial entre los dos poderes del Estado tras el rechazo de los legisladores a aceptar la consulta popular y el inicio, el martes, de las protestas de movimientos sociales, indígenas y sindicales a favor de la asamblea que causaron cuatro heridos.

    El Congreso fue custodiado ayer por unos 500 policías, en medio de amenazantes manifestaciones de sindicatos y grupos estudiantiles afines al izquierdista Correa.

    El mandatario además dijo ayer que son los diputados «los que están rompiendo la democracia», al responder rumores sobre la intención de algunos partidos opositores de destituirlo por atentar contra la seguridad del Estado, por los enfrentamientos registrados el martes en las manifestaciones que llevaron a desalojar el Congreso. También se pensó en trasladar las sesiones a Guayaquil, pero los grupos sociales oficialistas dijeron que lo impedirían.

    «Esta es nuestra última oportunidad para hacer un cambio pacífico en el país. Temo que si fracasamos, tendrá que ser con mucha violencia», dijo Correa, quien se encuentra de visita en la ciudad costera de Guayaquil.

    Además expresó que la población «está enardecida» contra la clase política y pide la Asamblea Constituyente.

  • Problema

    Correa remitió el día que asumió, el 15 de enero la convocatoria a consulta para el 18 de marzo al Tribunal Supremo Electoral para que la organice, pero el organismo decidió enviarla al Congreso para que la califique, en un acto « inconstitucional» según el jefe de Estado. Su problema es, en realidad, que no cuenta con bancada propia en la legislatura, debido a que desistió de presentar listas en los comicios de octubre.

    A través de la pretendida consulta popular, la población expresará si se instala o no la Asamblea Constituyente de plenos poderes y que tendrá como fin reformar el sistema político, económico y social del país. Se cree que la misma llevaría a un cierre del actual Congreso y a la convocatoria a nuevos comicios.

    Por otro lado, una mayoría de legisladores opositores abrió una puerta al diálogo al revocar la designación del fiscal general Francisco Cucalón, quien había generado el rechazo del gobierno por ser «inconstitucional», pues debía ser elegido entre una terna enviada por el Consejo Nacional de la Judicatura.
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