Débil inicio del paro de estatales en Brasil

Brasilia (Reuters, EFE, ANSA, O Estado de S. Paulo) - Los empleados estatales de Brasil, votantes históricos del gobernante Partido de los Trabajadores, se plegaron ayer sólo de modo parcial a una huelga en reclamo del retiro del Congreso del plan oficial de reforma jubilatoria.

La huelga, la primera contra el gobierno del presidente Luiz Inácio Lula Da Silva, se sintió especialmente en universidades públicas y en el importante puerto de Santos, en el estado de San Pablo. En otros órganos federales, como el Banco Central y los ministerios, la medida tuvo un acatamiento muy parcial.

En varios de los más importantes estados de Brasil, como San Pablo y Rio de Janeiro, la protesta sólo fue respaldada por puñados de empleados públicos, que además cumplieron con la paralización solamente durante unas horas. Los propios organizadores de la protesta admitieron que no habían logrado paralizar, parcial o completamente, ni a 40% de los 878.500 empleados públicos federales que existen en el país.

En Brasilia, la única expresión de descontento fue una protesta que congregó a unos 200 empleados públicos frente al edificio del Ministerio de Previsión Social, en la Explanada de los Ministerios, el centro neurálgico del poder en Brasil.

Pese a ese escaso apoyo, la convocatoria sí fue seguida por algunos sindicatos estratégicos, como la Federación Nacional de la Policía Federal, que ayer informó que la huelga era respaldada por los efectivos de ese cuerpo en los 27 estados del país.

El gobierno de Lula, un ex líder sindical, dijo que la paralización no cambiará sus planes de reforma del oneroso sistema de pensiones públicas, que este año provocaría al Estado un déficit de 18.300 millones de dólares, más de 4% del Producto Bruto Interno. Pese a ello, el mandatario, quien asumió en enero, aclaró que respetaba el derecho de los trabajadores a manifestarse. «La huelga es un derecho universal de los trabajadores», dijo a periodistas.
El mandatario desestimó además que la huelga afecte las votaciones que debe realizar el Congreso para probar la reforma, declarada prioridad por el gobierno. «Interferiría si los diputados hicieran huelga», ironizó Lula.

El gobierno dio ayer nuevas muestras de su voluntad de negociar con los sindicatos y legisladores aspectos del proyecto, en tanto no se toquen sus aspectos esenciales. El ministro jefe de la Casa Civil, José Dirceu -uno de los funcionarios más poderosos del gobierno-dijo que «existe la posibilidad real de que avancemos en una alternativa, una solución». El presidente de la Cámara de Diputados, el petista Joao Paulo Cunha, señaló por su parte que «vamos a producir muchos cambios en las reformas».

•Privilegios

El gobierno ha logrado conformar una mayoría en el Cámara baja que le permitiría aprobar la reforma del sistema, que busca aumentar la edad de retiro de los trabajadores del Estado, imponer un tiempo mínimo de 35 años de aportes, topes a las jubilaciones más altas y un impuesto de 11% a los pasivos con mejores remuneraciones, entre otras cláusulas. El actual sistema de pensiones públicas garantiza a los trabajadores estatales fuertes privilegios, mientras unos 40 millones de personas no tienen acceso en el país a ningún tipo de pensión.

La previsión de los sindicatos de trabajadores estatales que convocaron a la medida era que cerca de medio millón de empleados públicos se sumen a la huelga por tiempo indeterminado, para presionar al gobierno a retirar del Congreso su propuesta de reforma jubilatoria. Pero la propuesta de retiro de la reforma generó divisiones entre sindicatos brasileños, ya que algunos, como la poderosa central de trabajadores CUT, ligada al PT, vienen negociando cambios en la propuesta oficial con los legisladores, en un intento por suavizar la pérdida de beneficios.

En tanto, el ministro de Hacienda, Antonio Palocci, salió a defender los planes de reforma previsional y tributaria del gobierno, afirmando ante un grupo de líderes del PT que sin ellas, «los estados no sobrevivirán más de cinco años. Estos estados quebraron en el área previsional y ya no tienen cómo pagar esos compromisos. Necesitan las reformas». Sus palabras provocaron sin embargo una fuerte polémica, lo que llevó a miembros del gobierno a relativizar esas declaraciones y a aclarar que el gobierno no considera que los estados estén quebrados.